Regularización en València: El ayuntamiento tiene sin tramitar más de la mitad de los informes de vulnerabilidad solicitados

El tiempo apremia. Las personas migrantes que quieren presentar su expediente al proceso de regularización extraordinaria tienen de plazo hasta el 30 de junio. Sin embargo, entre la documentación que deben presentar hay quien necesita, sí o sí, un informe de vulnerabilidad que debe ser emitido por los servicios sociales municipales o por alguna de las entidades sociales que se presentaron para poder hacerlo. Los tres primeros días, el Ayuntamiento de València registró 2.268 peticiones. En un mes, ha recibido 7.512 solicitudes de informe de vulnerabilidad y ha abierto 3.329 expedientes.

Sin embargo, a pesar de asegurar que estos expedientes tramitados "se resuelven positivamente", fuentes municipales desconocían el número exacto de informes emitidos y enviados a sus destinatarios para que puedan presentar su expediente de regularización. "Estos certificados de vulnerabilidad los está tramitando una unidad específica de más de una treintena de personas y, de esta forma, no se carga con más trabajo ni a los Centros Municipales de Servicios Sociales ni al CAI, que continúan realizando su trabajo diario", explica la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado.

Sin embargo, desde Compromís hacen una lectura diferente de los datos y destacan que todavía quedan 4.171 solicitudes sin tramitar, más de la mitad del total, "cuando falta aproximadamente un mes para que finalice el procedimiento extraordinario de regularización". Además, aseguran que las 17 personas adicionales anunciadas por la alcaldesa para realizar estos trámites "todavía no se han incorporado" porque el proceso continúa "en tramitación". "Es decir, el refuerzo de personal prometido aún no existe. Muy probablemente llegará cuando el procedimiento ya haya terminado o esté prácticamente finalizado. Por tanto, el problema no es cuántas personas han solicitado el informe, sino la incapacidad del gobierno para gestionarlo dentro del plazo y de la forma adecuada. De hecho, la nota de prensa del gobierno municipal es, en realidad, una huida hacia adelante ante las preguntas que hemos planteado desde Compromís en la comisión de Bienestar Social", explica la concejala de Compromís, Lucía Beamud.

Por ello, Beamud insiste en la "gravedad" que supone que se "anunciaran recursos humanos que no estaban disponibles, generando una falsa sensación de normalidad y capacidad de respuesta. El gobierno sabía perfectamente que los plazos eran extraordinarios y que era necesario reforzar los servicios con antelación".

El Consejo Local de Inmigración, sin convocar

"También es preocupante la falta absoluta de coordinación política e institucional. En el último Consejo Local de Inmigración, celebrado el 7 de marzo, todas las entidades presentes y Compromís ya reclamamos la convocatoria urgente de la comisión permanente para planificar, coordinar y hacer seguimiento del proceso de regularización. Las entidades lo reiteraron formalmente el 9 de abril y, a día de hoy, 19 de mayo, la reunión sigue sin convocarse", añade Beamud, tras criticar al gobierno de María José Catalá por actuar "con improvisación, propaganda y falta de transparencia" ante un proceso "de esta magnitud, que afecta a miles de personas vulnerables".

Adiós a las colas en el ayuntamiento

De las peticiones de informes de vulnerabilidad, 3.097 se presentaron en los registros centrales del Ayuntamiento, 2.131 en el registro de la Casa Consistorial y 966 en Tabacalera. Sin embargo, las colas ya han desaparecido del ayuntamiento y según algunas entidades sociales este movimiento responde "a que el tiempo apremia y si en un mes faltan más de la mitad de los expedientes por tramitar las personas afectadas no se la quieren jugar a quedar fuera de plazo porque sin ese informe no pueden tramitar el expediente. Las entidades no damos abasto".

El resto de informes de vulnerabilidad se han presentado en las diferentes juntas de distrito y alcaldías pedáneas. Además, desde el Ayuntamiento de València afirman que no existen solicitudes archivadas hasta la fecha.

La regularización extraordinaria consiste en la obtención de un permiso de residencia para un año -cinco años en el caso de los menores de edad- y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector, aunque no servirá a nivel europeo. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite se dará, además, una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

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