Ni la izquierda ni Juan Roig reviven a la tasa turística en las Corts

Oficialmente, en el orden del día y por partida doble, constaba como 'Proposición de Ley de medidas fiscales para impulsar un turismo sostenible', y aunque bien podría llamarse 'debate Guadiana' por su capacidad de aparecer y desaparecer de la superficie de la política valenciana, esta era la petición de establecer una tasa turística, una medida que han recuperado PSPV y Compromís, cada uno con una propuesta propia, en las Corts y que, sin embargo, pese a los matices que las diferencian, acabarán enterradas en el mismo agujero: el cavado con el voto en contra de PP y Vox.

"En el ecuador de la campaña de la renta, mientras unos planteamos medidas de deducciones y alivio fiscal, otros proponen un nuevo impuesto que acabarán pagando los valencianos", indicó el síndic del PPCV, Fernando Pastor. "Creemos que el turismo es esencial y no queremos ponerle trabas", añadió el síndic de los voxistas, José María Llanos. Fueron las intervenciones en los pasillos, antes del pleno, con las que anticiparon la negativa de los dos partidos a las dos propuestas de la izquierda y que se concretarán en la votación de este jueves.

La negativa de populares y voxistas deja sin posibilidad de salir adelante una tasa que la izquierda recoró que se cobra en la mayoría de ciudades europeas, otros territorios en España y que está incluida dentro de la Estrategia Europea de Turismo. El planteamiento de socialistas y valencianistas era recuperar la tasa turística que el Botànic aprobó 'in extremis', tras numerosos choques internos entre los socios y con una prórroga en su aplicación que provocó que cuando la mayoría parlamentaria de populares y voxistas tras las elecciones de mayo de 2023 derogaron la ley que la sostenía no se hubiera recaudado ni un solo euro por esta vía.

Esa mayoría de PP y Vox sigue vigente, sin embargo, PSPV y Compromís han tratado de revivir la tasa (exactamente el mismo planteamiento que en el Botànic en el caso de los socialistas, con algunas diferencias respecto a la aprobada la legislatura pasada en el caso de los valencianistas) ante un terreno que parecía proclive. En concreto, tomando como descarga las declaraciones de las últimas fallas tanto por Juan Roig, presidente de Mercadona, que reabrió el melón, como la alcaldesa de València, María José Catalá, que cogió el guante. También la Federació de Fogueres pidió esta medida durante las fiestas en Alicante.

"Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas", dijo el empresario durante uno de los actos festivos del pasado mes de marzo en una frase que se interpretó como la posibilidad de instaurar una tasa. "Hay que hacer una reflexión de la mano del sector sobre cualquier tipo impositivo o gravamen", añadió días después Catalá. Pero ni ella (que es diputada autonómica) ni ninguno de sus 39 compañeros ni de los 13 escaños que ocupan sus aliados de Vox permitirá que este impuesto salga adelante.

Cruce de cifras

Desde Compromís, Isaura Navarro, ha criticado que sean actualmente “los valencianos los que pagan la limpieza de las playas, la recogida de residuos y el mantenimiento de zonas monumentales”. “¿Lo pagan los turistas o nosotros con nuestros impuestos? ¿No era los españoles primero?”, se ha preguntado en referencia a la “prioridad nacional” tan pregonada por Vox y exigida por los ultras al PP. La diputada valencianista, además, ha sacado a colación la medida que se aprobó en la última etapa del Botànic, que condicionaba la tasa turística a la voluntad de los ayuntamientos. “Si Altea quiere recaudar 20 millos de euros, que les irían muy bien, ustedes no les dejan”, ha dicho refiriéndose a este ayuntamiento, gobernado por Compromís.

Por su parte, Mario Villar, diputado socialista, ha defendido la propuesta de su partido, una proposición de ley con la que, según sus palabras, ayudaría a los ayuntamientos a “gestionar la gran cantidad de turismo que generan”. Esto serviría, según las propuestas de socialistas y valencianistas, para acumular más fondos dedicados a limpieza, a sostenibilidad y a otras medidas que paliarían los efectos del turismo. Y también para poner freno al encarecimiento de la vivienda, ya que, según un estudio de la Universidad de Málaga citado por Villar, “los precios del alquiler suben entre un 31 % y un 33 % en los barrios donde hay más de un 10 % de vivienda en alquiler para turismo”.

Si el relato de los grupos de izquierdas no ha superado el margen de las previsiones, tampoco ha ocurrido lo contrario en el caso del PP y Vox. “Quieren crear un nuevo impuesto”, ha dicho MAnuel Pérez Fenoll, diputado del PP, que añadió que si Diana Morant “va a Castellón tendría que pagar tasa turística”. Ha sido una de las principales críticas: el hecho de que este tributo se aplicaría también a los valencianos, y que “repelería habituales y nuevos turistas”, además de que “incentivaría la economía sumergida”. Otra crítica previsible ha sido la acusación a la izquierda de querer “demonizar” el turismo.

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