Oposición a la carrera: la Diputación de Valencia pone fecha a su examen masivo de administrativos

La Diputación de Valencia tenía prisa por sacar adelante el proceso de oposición para 66 plazas de administrativo y lo está demostrando. Este jueves el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado el listado de admitidos y excluidos, y ha fijado la fecha para la prueba el 20 de junio. Se ha resuelto de manera exprés, después de que a finales de marzo se anulara el anterior proceso. En menos de tres meses habrá examen. Todo se resolverá dentro de este mandato político.

A finales de marzo, un decreto presidencial tumbaba el proceso selectivo de 47 plazas C1 por las irregularidades en las bases de las que había advertido Intersindical. Eran plazas correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025. Ahora se ha aprovechado para sumar las de la oferta de 2026 y se han llegado a 66 plazas.

Va a ser un proceso multitudinario que ha despertado un gran interés tras años sin convocarse. Hay 6.500 aspirantes apuntados.

Cabe recordar que aquella marcha atrás llegó después de que Intersindical presentara un contencioso señalando irregularidades en las bases. La intención inicial del área de personal era abrir estas plazas con un único examen teórico tipo test. La central sindical recordó que la normativa obliga a que al menos haya dos exámenes, un teórico y un práctico. Entendía además que esa fórmula supondría un agravio para funcionarios que entraron en convocatorias anteriores sometiéndose a procesos mucho más duros, de hasta tres y cuatro exámenes. Pero, además, sostenía que se quebraba el principio de mérito y capacidad.

Aquel proceso selectivo, el 3/25, se convocó el pasado 14 de noviembre. El 27 de noviembre hubo recurso de reposición contra las bases, que se estimó parcialmente, y que motivó que a principios de enero se planteara un segundo examen práctico, pero también de tipo test.

Sin embargo, no se modificaron las bases; ni se aclaraba a qué parte del temario correspondería el segundo ejercicio; ni si se podría llevar o no legislación; ni se abría de nuevo el plaza pese a haber modificado el proceso, alegó el sindicato. Eso llevó a STAS a acudir a la vía contencioso-administrativa al entender que no modificar las bases pese a haberse estimado las alegaciones creaba inseguridad jurídica.

Tras la marcha atrás y el replanteamiento de las bases todo se ha acelerado. Sobre todo teniendo en cuenta que el calendario electoral está en marcha y que la legislatura va a entrar en su último año. No suele ser habitual tanta agilidad. De hecho, los procesos se suelen dilatar. Precisamente se han incorporado en las últimas semanas aún administrativos de la oferta de 2018, cuyo examen se celebró durante la pandemia, hace ya cinco años.

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