De las mentiras a la condena: crónica de una gestión que estrenó la polarización en la política valenciana

Dos décadas después, el accidente de metro de València que dejó 43 víctimas y 47 heridos el 3 de julio de 2006 es recordado por múltiples dimensiones, pero la controvertida gestión política que hizo el Consell popular de Francisco Camps es posiblemente la que todavía hoy se recuerda con más intensidad. Desde entonces, la política valenciana se instaló en la polarización. En la séptima entrega que Levante-EMV publica para recordar el XX aniversario del accidente del metro, este periódico recuerda aquel episodio a través de seis claves.

Uno: la tregua rota

Como en toda crisis, sobre todo con resultado trágico, la primera reacción al accidente de Jesús fue un propósito de unidad. El presidente del Gobierno aquel 3 de julio de 2006 era el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y dio la orden interna de respetar el dolor de las familias de las víctimas y evitar criticar a Francisco Camps y al gobierno autonómico. Era el momento del duelo. No tardó mucho en romperse. El 11 de julio de 2006, ocho días después del quinto peor accidente ferroviario suburbano de Europa, el conseller de Infraestructuras José Ramón García Antón comparecía en las Corts para dar explicaciones sobre el siniestro. Y puso el ventilador en marcha.

Porque más que explicaciones, hubo acusaciones. Echó la culpa a los socialistas por la herencia recibida. El titular fue que el conseller dijo que el PSPV le dejó "una porquería de Línea 1". Responsabilizó a los socialistas de las decisiones de seguridad en el metro. Hacía once años que habían dejado la Generalitat.

El Consell de Camps también señaló al Gobierno de España por la construcción de la infraestructura. Esa era la consigna que Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) trataba de colocar aquellas semanas: la maldita curva entre la estación de plaza de España y Jesús llevaba el sello del gobierno de Felipe González.

En paralelo, Canal 9 se puso al servicio de la exoneración del Consell de Francisco Camps. Desde el día después, los medios de comunicación públicos transmitieron la tesis del Consell: un accidente “imprevisible e inevitable”. Una sintagma de factura marquetiniana, fácil de recordar. El Consell iba a contar con expertos en comunicación para preparar sus argumentarios. Se vería en la comisión de las Corts.

Dos: la censura

La tregua ofrecida por los socialistas duró poco. Tras un verano de alta tensión con la primera comisión de investigación sobre el accidente del metro en las Corts, Joan Ignasi Pla y otros 18 diputados presentaron una moción de censura simbólica contra el president Francisco Camps, en septiembre de 2006. No hacerlo sería “ser cómplices y copartícipes” de la actuación de Camps, que no asumió ninguna responsabilidad ni se la pidió a su conseller, responsabilizando al maquinista fallecido, verbalizó Pla bajo el ficus de las Corts. El portavoz socialista venía de un clima de entendimiento con el PP. Eran otros tiempos también en política. Camps y Pla pactaron meses antes una reforma de l’Estatut d'Autonomia. La gestión del accidente abrió una era de polarización en la política valenciana que aún continúa.

Tres: la bunkerización

El president pasó las trágicas horas posteriores al accidente desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado junto a una de las bocas del metro de Jesús. Desde allí cruzaba el cordón policial para atender a los medios. También estuvo en el tanatorio, y en reuniones con los alcaldes de los municipios donde hubo fallecidos o con los sindicatos de FGV. Sin embargo, era una crisis a cerrar con rapidez. Mientras Canal 9 propagaba la consigna (“imprevisible e inevitable”), la catedral acogía el funeral de estado, con los reyes presentes, al día siguiente. Algunas cuerpos aún no habían sido entregados a las familias. Aún se hablaba de 41 víctimas. Dos viajeras con heridas graves fallecerían en los días siguientes.

Con la visita del Papa Benedicto XVI programada para los días 8 y 9 de julio, la voluntad política era que el foco se dirigiera a otro lugar, con València como escaparate mundial, según el mantra de aquellos días de los primeros grandes eventos en València.

Y desde ahí, el silencio. Fue en aquella época cuando Joan Antoni Oltra, de Esquerra Unida (EU), comenzó a referirse al president como el “mudito”. El archivo gráfico de este diario no conserva ninguna foto del president vinculada al accidente en diez años. La última imagen de Camps relacionada con el accidente del metro se captó en agosto de 2006, con la presentación de las conclusiones de la comisión de investigación. La siguiente imagen es de 2016, una década después. Precisamente, cuando fue llamado de nuevo a comparecer en las Corts en la segunda comisión parlamentaria, ya en tiempos del Botànic. Es un buen reflejo de la distancia que tomó el inquilino del Palau con el accidente y con las familias de las víctimas.

Pasados unos meses, los afectados comenzaron a organizarse. Y la respuesta fue el silencio. Tras meses sin respuestas, en enero de 2007 pidieron una reunión con el president de la Generalitat. Nunca se realizaría. Solo Enric Chulio, primer presidente de la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j), se vería cara a cara con Camps en privado.

Más que una reunión, fue una encerrona. Chulio recibió una llamada del vicepresidente Víctor Campos para que acudiera a la sede de la vicepresidencia. "Me pareció irregular, extraño y no sabía qué hacer", contaría años después en las Corts. Finalmente acudió y, en medio de la reunión con Campos, apareció de imprevisto el entonces president. "Hablamos sobre nuestras demandas, como la petición de dimisiones que fue una de nuestras reivindicaciones. Y él me contestó que "ya lo iríamos viendo".

Las víctimas no se reunirían con el president hasta que el Palau cambió de inquilino. Fue con Alberto Fabra, que se hizo cargo del Consell tras la dimisión de Camps por el caso Gürtel. En octubre de 2011 fueron al fin recibidos, más de cinco años después. También estuvo la consellera y responsable de FGV, Isabel Bonig, ambos sin responsabilidades en los tiempos del siniestro. Más allá del gesto, no hubo cambio en la relación ni respuesta a sus exigencias de implantar medidas de seguridad. No volvieron al Palau hasta la victoria del Botànic, con Ximo Púig y Mónica Oltra de anfitriones. Pasaron de estar proscritos a entrar por la puerta grande.

Cuatro: la investigación bloqueada

La comisión de investigación en las Corts fue la síntesis de la nula intención de esclarecer el accidente que costó la vida a 43 personas. La más corta de la historia parlamentaria valenciana. Como ocurrió con el funeral, la voluntad era cerrar cuanto antes este episodio que ensombrecía el camino del partido de mayoría en mayoría electoral.

El PP resolvió por la vía exprés un trámite en cuatro días para interrogar a treinta y dos personas. Con Serafín Castellano de síndic, el PP fijó las reglas del juego, los protagonistas y hasta el día del partido. El formato elegido por los populares permitía esquivar las preguntas comprometidas; el PP aprobó en solitario el listado de 32 comparecientes sin apenas concesiones a la oposición, y se dio publicidad al dictamen un 4 de agosto. Conclusión: no había responsabilidad política.

Tiempo después se demostró que fue una mascarada. FGV, con el apoyo de una consultora de comunicación (H&M Sanchis), cocinó las respuestas de al menos 18 de los 32 participantes. Hubo reuniones y ensayos de las preguntas, con una presión máxima sobre los empleados. Había hasta un glosario de palabras prohibidas: ni tragedia, ni deficiencia, ni baliza.

Tendrían que pasar muchos años hasta que en enero 2020 la justicia esclareciera los hechos. La jueza instructora Nieves Molina archivó las investigaciones en tres ocasiones, tantas como fue reabierta por instancias superiores. La Audiencia de Valencia obligó a celebrar un juicio con ocho encausados: cuatro fueron condenados por 43 homicidios imprudencia y 47 en grado de tentativo, además de dos delitos contra los derechos de los trabajadores por la maquinista y la interventora.

Fue un acuerdo de conformidad donde se admitieron deficiencias negadas durante años, como los problemas en el sistema de frenado y la ausencia o programación negligente de balizas; las mentiras de FGV en descarrilamientos previos o la deficiente formación de los maquinistas en general y el conductor fallecido en particular.

Mientras tanto, en busca de responsabilidades políticas, durante toda aquella instrucción hubo 15 peticiones de la oposición para reeditar la comisión parlamentaria. A cada novedad judicial, el asunto volvía sin éxito a las Corts de la mano de la oposición. Una década después de aquella comisión exprés, ya con el Consell del Botànic, las Corts realizaron otra en 2016 con una nueva mayoría parlamentaria. Las conclusiones fueron diferentes. El dictamen que aprobaron PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos en julio de 2016 determinó que el exceso de velocidad, el descarrilamiento y vuelco de la primera de las dos unidades que circulaban en doble composición «se pudo evitar con una baliza [de frenado]» y tuvo «13 responsables políticos».

Cinco: la absolución

Hubo un momento en que la sociedad valenciana salió en masa a pedir explicaciones. Pero fue en 2013, en medio de una crisis económica monumental y con la mirada de todo el país centrada en los casos de corrupción vinculados al PPCV. Ya ni Camps era president.

El Partido Popular salió políticamente ileso de aquella tragedia. En mayo de 2007, menos de un año después del 3J, Camps mantuvo su amplia mayoría absoluta. Y en Torrent, que registró la mayor cantidad de fallecidos, una joven llamada María José Catalá ganaba por primera vez en democracia la Alcaldía para el PP.

El síndic popular en las Corts, Esteban González Pons, dio al partido por ‘absuelto’ tras aquellos resultados. “Los ciudadanos ya han opinado". "Si estuviéramos en precampaña electoral podríamos hablar de muchas cosas, pero ha habido elecciones, se ha votado, y en los lugares donde el accidente del metro tuvo mayor polémica se ha producido un resultado muy contundente", dijo.

Tiempo después, varias sentencias confirmarían que el PP echó el resto en aquella campaña, sin reparar en la legalidad de los medios. La tercera sentencia de la trama Gürtel valenciana por las trampas electorales en las campañas de 2007 y 2008 concluyó que el PPCV «sobornó en diferido» a nueve empresarios valencianos por «pura ambición de permanecer en el poder» para ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y nacionales de 2008 a «cualquier precio», según el fallo del Juzgado Central de lo Penal número 1 de la Audiencia Nacional, dictado en 2018.

También en València. Menos de un año después del accidente, Rita Barberá ganó en los 19 barrios y pedanías de la ciudad. Aquella campaña costó 2.583.731,98 euros, según la sentencia de la Audiencia de Valencia, aunque formalmente los trabajos encargados a la empresa Laterne Product Council costaron 150.000 euros. Hubo financiación ilegal.

Seis: sin perdón

El arrepentimiento, uno de los pilares de la cultura cristina, es una virtud política que cotiza a la baja. Más que como una virtud, se interpreta como una debilidad. Por tanto, no es habitual que un político reconozca un error, asuma una responsabilidad, reclame un perdón. Las dimisiones ya entran en la categoría de lo excepcional.

Camps no hizo ni lo uno ni lo otro. Pidió perdón meses después del accidente, pero en referencia a las averías que sufría constantemente la Línea 1 en los meses posteriores al accidente. Los familiares siempre reclamaron una disculpa que no llegó. Y eso que las camisetas de la asociación con la leyenda '43 muertos +47 heridos = 0 responsables' se convirtieron en parte del paisaje político aquellos años en los actos públicos. El perdón institucional tardó en llegar casi una década después.

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