La familia de Fernando Martín, tras la sentencia por el naufragio en Indonesia: “Podría haber sido más contundente”

La familia de Fernando Martín Carreras,fallecido junto a varios miembros de su familia en el naufragio del KM Putri Sakinah en Indonesia, ha recibido la sentencia contra el capitán y un tripulante de la embarcación con una “mezcla de emociones”: alivio por el esclarecimiento de las irregularidades y perplejidad por algunos de los hechos acreditados durante la investigación.

El Tribunal de Labuan Bajo ha condenado a tres años y seis meses de prisión al capitán y a dos años y seis meses al miembro técnico de la tripulación que también había sido detenido, por causar la muerte de varias personas por negligencia grave y de forma conjunta. La sentencia concluye que el hundimiento no fue una fatalidad inevitable provocada únicamente por el mal tiempo, sino el resultado de una cadena de negligencias previas y fallos de seguridad.

Sin medidas de seguridad

Tras conocer el fallo, las familias han señalado que no quieren “entrar a valorar las penas impuestas”, porque “ninguna resolución devolverá a quienes perdimos”. No obstante, consideran importante subrayar que, según ha quedado reflejado en el procedimiento, “las medidas de seguridad adecuadas no se produjeron ni antes, ni durante, ni después de los hechos”.

En su comunicado, los allegados expresan su tranquilidad por que la investigación haya permitido sacar a la luz “una serie de irregularidades” que, aseguran, escapaban por completo a su conocimiento y control. Al mismo tiempo, muestran su “profunda perplejidad” ante algunos de los hechos que se han dado por probados durante el juicio.

La familia recuerda que confiaba en que la embarcación turística operaba conforme al marco legal vigente, algo que, según afirma, el juicio ha demostrado que no era así. También asegura que desconocía por completo la existencia de irregularidades en las titulaciones del capitán o de los miembros de la tripulación.

"Continuar profundizando"

La sentencia recoge precisamente que los acusados no contaban con la formación real exigible y que sus certificados fueron obtenidos de forma irregular. El tribunal interpreta este extremo como una prueba de incompetencia conocida desde el inicio y no como un simple error cometido durante la emergencia.

Las familias consideran ahora que corresponde a la Justicia “continuar profundizando” en otras cuestiones relevantes derivadas de la investigación. En concreto, piden que se analice la responsabilidad de quienes contrataron a personal presuntamente no habilitado y de quienes permitieron que embarcaciones operaran en esas condiciones.

El fallo judicial también señala fallos como la ausencia de un briefing de seguridad adecuado, la falta de explicación sobre el uso de chalecos salvavidas, la inexistencia de instrucciones claras de evacuación, la navegación nocturna por una zona peligrosa y la deficiente respuesta de la tripulación durante el hundimiento.

"Más contundencia"

“Más allá de la dimensión jurídica, la empatía y el respeto hacia las víctimas y sus familias deben seguir ocupando un lugar central”, subrayan los allegados en su reacción.

Aunque respetan el procedimiento, las familias sostienen que la resolución “podría haber sido más contundente” a tenor de algunos de los hechos acreditados durante la investigación. Pese a ello, mantienen su confianza en que las actuaciones futuras permitan esclarecer plenamente todas las responsabilidades vinculadas al naufragio.

La sentencia fue leída este lunes en audiencia pública en Labuan Bajo. Los condenados, detenidos desde el pasado 2 de marzo, podrán descontar el tiempo ya cumplido en prisión preventiva y disponen de siete días para decidir si aceptan el fallo o presentan recurso.