Gestión pública
El IVF echa el freno: el número de créditos del banco de la Generalitat a empresas valencianas cae a la mitad con el actual Consell
El Instituto Valenciano de Finanzas firmó 268 operaciones en 2025 frente a las 552 de 2022 o las 603 del último año del Botànic
Carlos Mazón, en un acto del IVF en 2024. / Biel Aliño/Efe
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La actividad del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco promocional de la Generalitat, parece haberse estancado en los últimos tiempos. En 2025, el instituto cerró 268 créditos con empresas del territorio autonómico, a las que prestó un importe de 175 millones, según la información facilitada por la Generalitat al PSPV a través de una solicitud de información en las Corts.
La cantidad evidencia un retroceso respecto al ejercicio 2024, cuando fueron 404 operaciones en el primer ejercicio completo del Consell de PP (con Vox como aliado hasta julio de ese año). Sin embargo, la caída respecto a los últimos ejercicios del anterior Consell en considerable. En 2022 fueron 522 operaciones. En 2023, año del cambio de gobierno, 603. Es más del doble que lo que se ha contratado en este último ejercicio.
El IVF, entidad encargada de dar apoyo a las empresas valencianas, fue una de las joyas de la corona del Consell del Botànic. Con una gran inyección de capital y bajo presidencia de Manuel Illueca (luego fichado por Pedro Sánchez para dirigir el Instituto de Crédito Oficial-ICO), el Consell logró rescatarlo de la ruina y recuperarlo como instrumento para la economía valenciana.
Herramienta ante las crisis: del covid a la dana
Fue una herramienta especialmente útil en momentos críticos, como la gestión de la pandemia de 2020, la guerra de Ucrania en 2022 que disparó los precios de las materias primas y componentes para las empresas valencianas; o ideando una solución para sostener a empresas ligadas al sector sociosanitario u organizaciones sin ánimo de lucro.
En concreto, Illueca creó la “Línea Social”, un tipo de operaciones se pusieron en marcha para dotar de liquidez y facilitar la continuidad de empresas que desarrollan acciones concertadas o reciben subvenciones de la Conselleria de Servicios Sociales. Básicamente, lo que se hace desde entonces es adelantar el dinero para evitar que los retrasos en el pago del Consell dificulten su día a día.
Pasados aquellos episodios, en 2025 el número de operaciones se ha resentido, a pesar de que la dana del 29 de octubre de 2024 también motivó la puesta en marcha de una línea de prestamos bonificados para empresas afectadas. Este 2026 ya ha puesto en marcha una nueva línea ampliando su alcance a todas las empresas de la zona de la barrancada, aunque no hubieran sufrido daños directos.
En cuanto a los importes prestados, los dos últimos años se mantiene estable en torno a 175 millones de euros. En 2023, año electoral, fueron 206 millones.
El IVF fue una de las firmas del sector público señaladas por el Consell de Mazón, cuando tras acceder al Palau puso en marcha una operación para destapar supuestas irregularidades en el perímetro empresarial del Botànic. Tan escaso fue el resultado de aquella búsqueda (auditorías de grandes consultoras incluidas), que la comisión de investigación abierta en las Corts cerró hace unas semanas por inactividad.
PSPV: desplome de la actividad
El diputado socialista Toni Gaspar critica que “la incompetencia del autoproclamado 'Consell de los mejores' se comprueba cada día: ni supo gestionar la Dana de 2024, ni las inversiones, ni los servicios públicos, ni instrumentos tan importantes como el Institut Valencià de Finances (IVF)". Para Gaspar, es "vergonzoso que quienes se presentaban como los garantes de la eficiencia en la gestión y contra los supuestos chiringuitos, se ha demostrado que no saben gestionar y que son un verdadero problema para la recuperación de la Comunitat Valenciana".
Gaspar advierte que, en 2025, si se descuentan los adelantos a las entidades sociales y a los centros de formación de las ayudas que concede el propio Consell pero que las tramita tarde, las operaciones destinadas a empresas del tejido productivo se limitan a 135, "un desplome escandaloso respecto a las concedidas por el Botànic, que multiplicaba por cuatro las actuaciones, y también respecto a las realizadas en 2024, el doble".
En ese sentido, las operaciones concedidas el año pasado al tejido productivo supusieron solo 80 millones, de los que casi 60 millones fueron préstamos bonificados a empresas afectadas por la Dana, "un balance paupérrimo que revela un Consell sin rumbo y sin capacidad de afrontar el reto de la recuperación de la Comunitat Valenciana".
El Consell solo concede 60 de los 200 millones disponibles para empresas afectadas por la dana en 2025
El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concedió en 2025 algo menos de 60 millones en préstamos bonificados a empresas afectadas por la dana. En concreto, fueron 89 operaciones en las que se solicitó un importe de 66,8 millones y en las que finalmente el banco de la Generalitat ha concedido 59,5 millones.
Teniendo en cuenta el crédito disponible, el Consell ha distribuido el 30% de los 200 millones que había previsto. Es algo parecido a lo que ha ocurrido con algunos instrumentos puestos en marcha por el Gobierno de España, con una amplia disponibilidad de crédito pero que no se ha agotado, algo precisamente criticado por el Consell.
Tras la dana del 29 de octubre de 2024, se arbitró la línea de financiación bonificada IVF DANA con 200 millones a coste cero para empresas afectadas, para poner en marcha la actividad de nuevo, con operaciones entre los 200.000 y los 3.000.000 euros, para reparación, renovación, adecuación, reposición, ampliación o mejora en construcciones, instalaciones, maquinaria, equipos y vehículos, así como a la reposición de existencias. El plazo de devolución es de hasta diez años, con carencias de hasta tres años. Este 2026 ya ha puesto en marcha una nueva línea ampliando su alcance a todas las empresas de la zona, aunque no hubieran sufrido daños directos.
En paralelo, AfínSGR puso en marcha otra línea de 150 millones (350 millones en total), con préstamos para autónomos y empresas, por importe de entre 25.000 y 1.000.000 euros.
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