El Consell autoriza que las VTC puedan seguir prestando servicios urbanos y elimina los 15 minutos de espera para contratar
El nuevo decreto sobre movilidad pretende "garantizar la convivencia entre taxis y VTC en la Comunitat Valenciana y reforzar la seguridad jurídica en el sector", según la Conselleria
Se amplía de tres a cinco el máximo de autorizaciones de licencias de taxi de las que podrá ser titular una misma persona física, pero siempre que estén vinculadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida

Taxistas protestando este viernes ante el Palau de la Generalitat / Levante-EMV

Tras meses de espera, que han sido aprovechados por taxistas y VTC para realizar movilizaciones con las que concienciar o presionar al Consell, según se mire, este viernes el nuevo decreto de movilidad ha visto la luz. En él se establece un nuevo marco regulador para garantizar la convivencia entre estos dos sectores, según la Conselleria de Infraestructuras. Se modifica el decreto Ley 4/2019 de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor (VTC), y la Ley 13/2017 del Taxi de la Comunitat Valenciana.
El decreto espanta el miedo de las patronales de las VTC al ratificar legalmente el derecho a prestar servicios urbanos a aquellas licencias que estén radicadas en la Comunitat Valenciana. Se trata, según la Conselleria, de una "habilitación provisional durante un plazo máximo de dos años o hasta la elaboración del estudio técnico sobre la movilidad y el equilibrio entre ambos sectores".
"La regulación elimina la referencia que limitaba exclusivamente a los servicios interurbanos la actividad de las VTC", subrayan desde la Generalitat. Un segundo aspecto que venía siendo reclamado por empresas como Uber, Cabify o Bold, es la eliminación de los 15 minutos de espera para contratar uno de estos servicios. El decreto, "modifica las condiciones de contratación del servicio para facilitar la disponibilidad al usuario", se indica desde el departamento que dirige el vicepresidente Vicente Martínez Mus. Las patronales de las VTC defienden que esta exigencia del tiempo de espera ya había sido tumbada en los tribunales, pero ahora queda recogida en el decreto valenciano.
"Dar seguridad jurídica"
Una de las motivaciones de esta norma, según el conseller, era precisamente reforzar la "seguridad jurídica en el sector después de diferentes resoluciones judiciales que han anulado normativas estatales, autonómicas y locales".
Entre las principales novedades para el sector del taxi, se amplía el número máximo de autorizaciones de las que podrá ser titular una misma persona física. Pasará de tres licencias ordinarias a un máximo de cinco "cuando estén vinculadas a vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, cuya adscripción será permanente y definitiva", advierte el decreto. "Esta medida tiene como objeto fomentar la contratación de conductores asalariados y desarrollar tejido empresarial en el sector y, con ello, mejorar la prestación del servicio de taxi a las personas usuarias", subrayan desde la Conselleria.
Asimismo, se flexibiliza el régimen para la creación de nuevas autorizaciones de taxi. Aunque se mantiene la ratio general de una autorización por cada mil habitantes, podrán concederse nuevas licencias "cuando exista una demanda de servicio que deba atenderse o cuando sea necesario incrementar el número de vehículos adaptados".
Según el conseller Martínez Mus, el decreto recoge "demandas compartidas por ambos sectores". Por ejemplo, "la suspensión temporal durante un máximo de dos años del otorgamiento de nuevas autorizaciones de taxi en las áreas de prestación conjunta y de nuevas autorizaciones VTC de ámbito estatal en la Comunitat Valenciana".
En el caso del taxi, esta suspensión no afectará a las "autorizaciones destinadas a incrementar el número de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, cuya adscripción será permanente y definitiva. La suspensión estará en vigor hasta que se realice el informe exhaustivo que detalle la situación de la movilidad y de ambos sectores.
Sanciones de hasta 6.000 euros
El decreto incorpora un nuevo régimen sancionador específico "para garantizar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio urbano de VTC. Las sanciones por infracciones muy graves podrán alcanzar los 6.000 euros y contemplan la inmovilización inmediata del vehículo", destacan desde la Conselleria. Una de las denuncias recurrentes de los taxistas es que no se está sancionando a las VTC que operan en municipios valencianos pese a no estar domiciliadas en el territorio. Lamentan, por tanto, la inacción de los responsables de hacer cumplir la norma, con independencia de la cuantía de las sanciones.
Entre las conductas sancionables se incluyen "la captación de clientes en vía pública sin contratación previa por parte de las VTC o la circulación en busca de viajeros o la prestación de servicios fuera del ámbito autorizado". Extremos que ya eran punibles con la normativa vigente hasta ahora. Además, se da la posibilidad a los ayuntamientos de asumir la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por alguna de las infracciones previstas en el presente decreto y la recaudación de estas.
Taxista sin exclusiva
El decreto también elimina la exigencia de plena y exclusiva dedicación en el sector del taxi, aunque mantiene la incompatibilidad entre la actividad de taxista y la titularidad o conducción asalariada en servicios VTC.
En materia de transmisión de autorizaciones, se regula la posibilidad de que las personas herederas puedan mantener y transmitir la licencia siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. Además, se contempla expresamente la situación de herederos menores de edad mediante la designación de una persona representante hasta que puedan obtener la capacitación necesaria.
La norma también permite iniciar la extinción de áreas de prestación conjunta de ambos sectores a solicitud de alguno de los municipios integrantes, reforzando así la autonomía municipal en esta materia. Además, se mantiene que los municipios de más de 200.000 habitantes o con más de 200 taxis puedan decidir no integrarse en un área de prestación conjunta.
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