El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía investigar las externalizaciones de Sanidad a la privada

El Defensor del Paciente ha enviado una petición al Fiscal Superior de Valencia para que investigue una "posible malversación de fondos" y un posible caso de "corrupción y prevaricación" por las externalizaciones a la sanidad privada por parte de la Conselleria de Sanidad. Entre los ejercicios 2024 y 2025, el departamento de Marciano Gómez abonó casi 300 millones a diferentes grupos privados por la realización de cirugías -76 millones-, así como pruebas diagnósticas y tratamientos, otros 246 millones.

Entre ellos, están los 25 millones abonados al grupo sanitario dirigido por uno de los hermanos de Gómez, que después fue adquirido por Ribera Salud, la empresa que gestiona el único hospital que mantiene la fórmula de la concesión en el departamento del Vinalopó. El Defensor del Paciente considera que pueden haberse cometido los delitos de malversación de caudales públicos, si se hubiera abonado esta cantidad "sin que esté justifica por contrato, sin concurrencia o desviándolo del fin presupuestado"; de prevaricación administrativa, fraude a la Administración o tráfico de influencias. La entidad entiende que "se ha producido un menoscabo de la asistencia sanitaria y un beneficio indebido a una empresa privada".

La apertura de diligencias se atisba compleja porque la propia Fiscalía ya archivo una denuncia del PSPV por el mismo asunto al no detectar indicios de delito en un supuesto trato de favor a Ribera Salud. Los socialistas le acusaban en concreto de supuestos delitos de negociaciones prohibidas, administración desleal, corrupción en los negocios, prevaricación, delitos contra la salud pública, malversación y omisión del deber de supervisión. "Lo dejó claro la Fiscalía -, ha recordado Gómez este miércoles ante los medios-. Y reitero que la gente tiene derecho a trabajar".

Menos gasto por habitante

De hecho, el conseller ha explicado que el incremento producido en esos dos años, aunque no ha especificado la cifra de los dos anteriores, se debe un aumento de 600.000 personas del número de SIPs, es decir, valencianos asistidos por la sanidad pública, con el aumento población y con la reversión de los departamentos de Dénia y Manises. "En términos relativos por habitante, hemos gastado menos", ha explicado. Por eso, considera que la polémica aireada por el PSPV es una "falacia" ante "la falta de proyecto, ante la falta de estrategia y ante la necesidad de quitar el humo que les ciega los ojos por la cantidad de problemas que están enfrentando". Cabe recordar, además, que el titular de Sanidad se ha querellado con la líder de los socialistas, Diana Morant, por acusarle de "lucrarse" con la privada en febrero. Ella rechazó acudir al acto de conciliación, donde Gómez quería que se retractara.

Ha explicado, además, el cambio aplicado por su Conselleria de elevar a 60 días el tiempo de permanencia en la lista de espera para solicitar antes de participar en el Plan de Choque, cuando con el Botànic se rebajó a un día; lo que, en su opinión, "hurtaba la posibilidad de poder programar pacientes en los hospitales públicos". Asimismo, ha defendido que la externalización es decisión de los gerentes y no la alta dirección de la Conselleria "en función, primero, de la cartera de servicios; segundo, de la proximidad; y tercero, dependiendo de la lesión del paciente".

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