El Consell se 'olvida' de la memoria: recorta dos de cada tres euros desde 2023

Se podría decir que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 no tienen memoria (democrática) entre sus objetivos, lo que no quiere decir que no haya políticas vinculadas con esta que reciban financiación. En concreto, la Conselleria de Justicia prevé destinar 1,2 millones de euros para actuaciones vinculadas con lo que PP y Vox renombraron como "concordia". Es la misma cuantía, calcando casi exactamente partida a partida, que la que estaba prevista para el año pasado, claro que un presupuesto es precisamente eso, una previsión de supuestos, y una cosa es lo que se propone para gastar y otra lo que se acaba ejecutando.

Es en el dinero montante y circulante donde las acciones sobre memoria tienen cambios, a la espera, claro está, de qué sucede con el actual presupuesto, con posibilidad de cambios en el trámite parlamentario (donde Vox presionará) y de cómo vaya su ejecución. Porque es precisamente en el abono de estas partidas donde crujen las actuaciones concretas ahí donde el recorte se evidencia y se vuelve números concretos, reduciéndose la inversión en esta materia un 70 % desde 2023, dejándola a un tercio, o lo que es lo mismo, donde hace tres años se pagaban tres euros; en 2025 se abonó uno.

En concreto, según datos recabados por el Grupo Socialista en las Corts tras preguntas parlamentarias a la conselleria y recopilación de las distintas resoluciones en el DOGV, la Generalitat ha pasado de destinar 2,7 millones para actuaciones sobre memoria democrática en 2023, cuando PP y Vox entraron a mitad de año con el último presupuesto del Botànic en marcha, del que ejecutaron el 96 %, a abonar 799.000 euros en este sentido en 2025. Esto suponía una ejecución del 66 % de las cuantías pintadas en el presupuesto. Entre medias, en 2024, el Ejecutivo autonómico invirtió 1,06 millones, poco más de la mitad (53,8 %) de lo previsto en las cuentas.

Si se desgranan los números, se observa que casi la mitad de lo gastado en 2025 por parte del Consell en memoria democrática fue dinero transferido por el Gobierno central, casi 300.000 euros. Este fue destinado principalmente a financiar la actividad de Fisabio para identificar a las personas encontradas en las fosas. Esta fundación supone el grueso de la partida de memoria democrática, al percibir 500.000 de estos casi 0,8 millones totales pagados por la Generalitat, seis de cada diez euros. El resto se divide en asignaciones directas de 150.000 euros para la Universitat de València y 100.000 euros a repartir entre el CEU, la Universidad Católica de Valencia y la Miguel Hernández de Elche.

"Invisibilizada"

A ello hay que sumar los casi 50.000 euros de subvenciones para apertura de fosas y exhumaciones de víctimas durante la guerra civil y la dictadura que llegaron a seis ayuntamientos. Lo llamativo es que para esta convocatoria estaban previstos 200.000 euros, pero solo se han acabado pagando una cuarta parte ante las dificultades en las condiciones para una concurrencia que, además, se circunscribió a diputaciones, municipios y mancomunidades, dejando fuera a las entidades memorialísticas. La subvención se ha vuelto a publicar esta semana para el ejercicio de 2026 con los mismo condicionantes.

La partida para la apertura de fosas e identificación de víctimas, aunque en una cuarta parte de su presupuesto, al menos se ha dado. No ha ocurrido lo mismo con los 200.000 euros previstos para acciones en materia de protección de vestigios y lugares de memoria ni con los 30.000 euros para actividades de "promoción de la concordia", forma en la que PP y Vox se refieren a esta materia. Además, había previstos 30.000 euros para el Arzobispado de Orihuela-Alicante para la restauración de símbolos de "concordia" (una cruz instalada por el franquismo) a los que, no obstante, la institución eclesiástica renunció. Pese a ello, esta partida la mantienen para 2026 donde solo pasan 100.000 euros de los vestigios a la apertura de fosas.

Ante todos estos datos, la diputada del PSPV, Mercedes Caballero, acusa a PP y Vox de "querer hacer desaparecer la memoria de la Comunitat Valenciana". Caballero lamenta que el actual Consell tiene "invisibilizada y paralizada" toda la acción política sobre memoria democrática y que incluso están incumpliendo su propia ley, en referencia a la ley de Concordia aprobada por ambos partidos en junio de 2024. De hecho, ese olvido por las políticas memorialística llega a tal punto, ironiza la diputada socialista, que el Ejecutivo autonómico ha eliminado de su organigrama este concepto dentro de la Conselleria de Justicia.

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