Los sindicatos de profesores rechazan la propuesta de Educación y retan a la conselleria

Se encalla y agria, aún más, el conflicto educativo. Representantes de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT se encerraron en la conselleria de Educación a la espera de retomar, a primera hora, una negociación en la que Carmen Ortí se niega a volver a hablar de retribuciones económicas. Durante al menos seis horas se encerraron en la sala de reuniones de la conselleria y amenazaron con dormir en ella, medida de presión que descartaron hacia la una de la madrugada cuando salieron del edificio.

El representante de STEPV explicó que la conselleria les había entregado un requerimiento formal para desalojar las instalaciones antes de la medianoche, un documento que, según indicó, los sindicatos decidieron no firmar.

Requerimiento de conselleria

Durante su intervención, advirtió de que el escrito señalaba que la permanencia en el edificio podía ser considerada una falta muy grave e incluso acarrear posibles consecuencias penales. "Ninguno de los que estamos aquí tenemos ganas de acabar siendo sancionados por una falta muy grave o de perder nuestro trabajo", afirmó ante los docentes concentrados en el exterior.

La de este domingo 31 de mayo fue una jornada larga y tensa con cargas policiales en el exterior del edificio y un bloqueo que eleva el conflicto educativo a una nueva fase de confrontación. La situación, cuando se inicia la cuarta semana de huelga, es inédita.

De hecho, la Policía Nacional desalojó durante la noche a los docentes concentrados en torno a la conselleria, donde se habían reunido en señal de protesta para exigir la firma del "acuerdo".

Precisamente las cargas policiales registradas en el exterior de la Conselleria condicionaron las últimas horas de la reunión y los sindicatos denunciaron públicamente la «brutal agresión» por parte de un agente de la Policía Nacional a una manifestante durante la concentración, un hecho que encendió aún más el ambiente tanto en la calle como en el interior del edificio y que elevó la presión sobre unas conversaciones ya extremadamente frágiles.

STEPV, CCOO y UGT se encierran en la conselleria a la espera de una respuesta y denuncian cargas policiales en los manifestantes

En relación con ello, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, calificó como «inaceptable» lo ocurrido y anunció que se va a abrir una investigación exhaustiva para depurar posibles responsabilidades. Bernabé consideró que se trataba de un hecho «totalmente incomprensible» que puede empañar el trabajo desarrollado por la Policía Nacional durante las últimas tres semanas de movilizaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes.

Ortí: "Negociar no es imponer"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, compareció al término de la jornada para lamentar la situación vivida que calificó de «inusual», y para defender que la administración mantuvo en todo momento su voluntad de diálogo. Ortí insistió en que «negociar no es imponer» y condenó cualquier tipo de violencia, tanto la registrada en el exterior del edificio como la que, según señaló, también afectó a representantes de la administración en los últimos días. En relación con la situación de encierro de parte de los sindicatos en el interior de las dependencias, apeló a la responsabilidad de las personas presentes, recordando que «son personas adultas» y que la situación debía reconducirse mediante el diálogo, evitando decisiones unilaterales que dificultaran la salida y el normal desarrollo del proceso negociador.

La consellera fue contundente al referirse al bloque del valenciano, al considerar la denominada Ley de Libertad Educativa como una línea roja que no formaba parte del ámbito de negociación, al tratarse de una norma aprobada en Les Corts Valencianes y respaldada por la mayoría parlamentaria. En este sentido, acusó a algunos sindicatos de intentar «cambiar las reglas del juego» al incluir esta cuestión dentro de la mesa de negociación, dejando claro que no sería objeto de revisión en este marco.

Reducción de ratios

En la reunión, los sindicatos insistieron en la necesidad de una reducción de ratios más ambiciosa, más rápida y menos condicionada a criterios presupuestarios. CCOO reclamó incorporar el tramo de 0 a 3 años al sistema de reducción de ratios, con el objetivo de equiparar tanto las ratios como las plantillas a las de los CEIP en el nivel de 2 a 3 años, además de defender la creación de mesas de trabajo específicas para seguir avanzando en la reducción en todas las enseñanzas. UGT amplió esta exigencia a conservatorios de danza y música, mientras ANPE consideró las propuestas insuficientes y con efectos más allá de la legislatura actual.

En paralelo, la Conselleria trasladó un nuevo calendario de negociación por bloques para los próximos días, con reuniones sucesivas: inclusión y plantillas el lunes, ratios y valenciano el martes, e infraestructuras y Formación Profesional el miércoles, con el objetivo de acelerar la búsqueda de un acuerdo global.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, asegura que las decisiones de su departamento no se toman "bajo presión ni ocupación del espacio"

Nuevo punto de fricción

El bloque de burocracia generó un nuevo punto de fricción, con STEPV avanzando que no aceptaría la propuesta en su forma actual. CCOO centró su intervención en la revisión del funcionamiento del SAI y de las incidencias TIC, reclamando una definición clara de responsabilidades de las empresas adjudicatarias y mecanismos de evaluación desde los centros sobre tiempos de respuesta, calidad del servicio y carga administrativa.

En el bloque de retribuciones, la tensión fue máxima. UGT rechazó que el debate salarial estuviera cerrado e insistió en reabrir la negociación, mientras la Conselleria mantuvo que este punto ya estaba cerrado tras la firma de dos organizaciones sindicales, lo que provocó un bloqueo directo en uno de los ejes centrales del conflicto.

En infraestructuras, STEPV denunció la falta de una partida económica específica para los centros afectados por la dana, algo que consideró especialmente grave por la vulnerabilidad de estos centros. UGT insistió en que sin dotación presupuestaria no podían producirse mejoras reales, mientras CSIF también calificó las propuestas como insuficientes.

En el bloque de valenciano, las posiciones también fueron divergentes. Durante la jornada, CSIF denunció amenazas, insultos y actos violentos contra su organización.

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