El Consell se autoenmienda en las adjudicaciones de VPP pero mantiene el control de los promotores

Poco más de un año después del decreto del Consell de Carlos Mazón que fijaba un nuevo régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, más laxo que el que aprobó el Botànic, el actual Consell de Pérez Llorca se autoenmienda con varias modificaciones. Entre el primer decreto y estos cambios, un hecho reseñable: el escándalo en la adjudicación de viviendas protegidas en el Residencial Les Naus de Alicante ha obligado a tomar medidas, tras conocerse que personas próximas al PP se hicieron con propiedades.

Los cambios han sido incluidos en el Anteproyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat de 2026, conocida como ley de Acompañamiento, y que este lunes ha salido a exposición pública con el objetivo de que pueda ser aprobada o bien en julio o bien en septiembre en las Corts.

Formalmente, estos cambios añaden mecanismos de control, aunque el proceso seguirá dirigido por los promotores en aquellas viviendas impulsadas por iniciativa privada. Cabe recordar que el Consell derogó en diciembre de 2024 el Registro de Vivienda de la Comunitat Valenciana y del procedimiento de adjudicación de viviendas establecido por el Botànic “en todo lo relativo a las viviendas protegidas de promoción privada”.

Ahora, el departamento que dirige Susana Camarero añade un apartado en el artículo 18 que obliga al promotor a presentar la “propuesta de sistema de comercialización y selección para la adjudicación de las viviendas”, en las que se incluye “al menos” un sistema de inscripción y registro de solicitudes, los “criterios de baremación aplicables, en su caso”, y los mecanismos previstos para garantizar el cumplimiento del principio de publicidad.

Una comisión

En paralelo a esto, a través de nuevos añadidos en el artículo 43, el control de la administración se hace más exhaustivo. Se crea una “comisión de valoración” para “verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso a las viviendas de protección pública”. Será el órgano colegiado al que corresponderá supervisar el expediente de solicitud del visado.

La comisión estará formada por un presidente, un secretario y un vocal designados por la Dirección General “entre el personal del servicio territorial”. De las reuniones se levantará acta, y podrá realizar “todas las actuaciones que considere oportunas para determinar, conocer y comprobar los datos sobre los que tenga que pronunciarse”, especialmente en lo vinculado al acceso a las viviendas de protección pública (requisitos de acceso y requisitos económicos).

Al margen de esto, el Consell amplía el artículo 44 del decreto, que es clave, el que regula la adjudicación de las viviendas y que hasta ahora se resuelve en una línea. Con los añadidos, se especifica que el Registro de Vivienda del Botànic y el procedimiento de adjudicación regulará las promociones impulsadas directamente por la administración. Pero en las promociones que tienen como promotor a una entidad privada, serán los promotores los que adjudiquen, como ocurre desde 2024.

Eso sí, se algunas obligaciones negro sobre blanco. Entre ellas, la publicidad en el diario de mayor difusión, en la web y un plazo de inscripción de al menos 30 días para cada promoción, para garantizar la accesibilidad universal, publicidad y concurrencia.

Los promotores deberán llevar también un libro registro electrónico por promoción par inscribir las solicitudes que se presenten. Las personas solicitantes podrán obtener un justificante de su inscripción como demandante; y el procedimiento de selección y baremación de solicitudes deberá estar a disposición de todos los solicitantes. Además, el promotor deberá publicar la lista de personas seleccionadas de acuerdo a los criterios de selección y baremación.

“Vinculación territorial continuada”

Aunque la ley de acompañamiento (como el proyecto de presupuestos), no incluye mención a la “prioridad nacional” que exige Vox y que se introducirá previsiblemente durante el trámite de enmiendas, el apartado de vivienda de protección pública, sí incluye una derivada. Los ayuntamientos podrán establecer “criterios relativos a la vinculación territorial continuada de las personas solicitantes” en el municipio, a efectos de baremación. Con todo, esto no se producirá en todos los casos. Solo en las promociones en régimen de colaboración público-provada cuando el suelo sea público y de titularidad municipal. Fuentes del PSPV consideran esto más o menos un brindis al sol, ya que en la titularidad del suelo pasa a manos privadas en las permutas que se llevan a cambio en este tipo de operaciones.

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