PP y Vox se abren a que las Corts denuncie a las profesoras que protestaron en el pleno

Tres profesoras participantes de la huelga educativa estarán pendientes el próximo martes de lo que decida la Mesa de las Corts. El órgano de dirección del parlamento valenciano deberá pronunciarse sobre un informe jurídico de los letrados de la cámara autonómica en el que señala la posibilidad, si así lo deciden los integrantes de esta institución, con mayoría absoluta de PP y Vox, de presentar ante la Fiscalía una denuncia contra las tres citadas docentes. El motivo: protestar en el último pleno con chalecos, gritos contra la consellera y lanzar billetes falsos con la cara de Juanfran Pérez Llorca y la consellera de Educación.

"Si se estima que concurre que dicha causa pudiera ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, que la Presidencia dé cuenta de los hechos al Ministerio Fiscal", expone el informe elaborado por uno de los letrados de las Corts tras la "nota elaborada por el Inspector Jefe de Seguridad relativa a los incidentes ocurridos durante el desarrollo de la sesión plenaria". En concreto, el informe cita como posible incumplimiento del artículo 497 del Código Penal, que sanciona a quienes sin ser miembros de las Cámaras legislativas alteran el orden en sus sesiones.

El propio análisis que los servicios jurídicos de la cámara autonómica realizan del caso citan dos ejemplos previos: uno del Parlamento Vasco y otro en las propias Corts. Fue en el 2000 cuando sindicalistas de UGT mostraron pancartas y lemas contra un recorte de los presupuestos, que se debatía en esa sesión. La sesión tuvo que ser interrumpida durante 20 minutos ante el rechazo de los manifestantes a abandonar la tribuna ni a descolgar las pancartas. Acabaron siendo condenados por multas de 360 euros por un delito "contra las instituciones del Estado". No obstante, el propio informe matiza que la protesta educativa “no tiene la intensidad de los precedentes”. 

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Es más, y tras el repaso por esos casos previos y la normativa que rige la celebración de los plenos a partir del propio Reglamento de las Corts, que tiene rango de ley, el propio informe añade: "Antes de concluir quisiera dejar constancia de que unos incidentes semejantes sucedieron una semana antes en una sesión plenaria de las Corts de Aragón que, según me informa su Asesoría Jurídica, "se ha quedado solo en el ámbito parlamentario y simplemente ha motivado la petición de un informe jurídico sobre cómo estaba regulado el uso de la tribuna de público en el conjunto de los parlamentos españoles".

En el tejado de PP y Vox

Todas las opciones de sanción o denuncia se determinarán este martes en la Mesa de las Corts. Ahí tienen clara mayoría PP y Vox, con tres y un miembro (el de la Presidencia), frente a la única representante de Compromís. Y, de momento, en el PP se ponen de perfil mientras que los voxistas sí que muestran una mayor predisposición a que los hechos acaben ante el Ministerio Fiscal. "Lo que no se puede hacer es favorecer y consentir desórdenes públicos, si se ha cometido una conducta delictiva tendrá que tener sus consecuencias", ha expresado el síndic voxista, José María Llanos.

Menos contundente se ha mostrado el PP quien, a través de su portavoz adjunta, Nieves Martínez, ha admitido que no se había leído el informe y ha dejado a la propuesta que hagan los servicios jurídicos de la cámara la decisión final. "Hay cosas que no tocan", es un asunto "del día a día" de las Corts o "habrá una votación y una serie de decisiones" ha sido la forma con la que ha evitado pronunciarse. El voto de los 'populares' en este órgano es clave ya que tienen a tres de los cinco representantes, mayoría absoluta.

Por el lado contrario, tanto PSPV como Compromís han cargado duramente contra esta posibilidad y la sola existencia de un informe que estudie esta vía hacia los tribunales. "La historia se repite, es una vergüenza y el PP vuelve a ejercer violencia institucional contra quienes protestan", ha expresado Diana Morant, líder de los socialistas, tras reunirse con sus diputados. "Es insólito y peligroso, fue una protesta pacífica que no interrumpió a ningún orador", ha añadido el síndic valencianista, Joan Baldoví.

En el caso de Compromís, además, pueden ser afectados directos. Los valencianistas fueron los que invitaron a las tres docentes que acabaron llevando a cabo la protesta y una de las medidas que está encima de la mesa (valga la redundancia) es prohibirles invitar a más personas en los siguientes plenos. "Nos quieren amordazar y callar", ha añadido Baldoví al tiempo que Maria Josep Amigó, representante de los valencianistas en la Mesa, ha recordado que en los años del Botànic hubo incidentes parecidos y en ningún caso se fue a la Fiscalía.

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