Sanidad plantea multas de entre 500 y 60.000 euros por las agresiones a su personal

Lo anunció la Conselleria de Sanidad en marzo y ahora, casi tres meses después, se ha plasmado a través de la vía de la ley de Acompañamiento: una nueva regulación para tratar de combatir las agresiones al personal sanitario. La oficialmente ley de Medidas Fiscales incluirá nuevas sanciones (con multas de hasta 60.000 euros), reparto de competencias, especificaciones en su tratamiento y hasta una definición sobre una problemática que ha ido en aumento, con más de 4.000 agresiones contabilizadas por parte de la conselleria entre 2023 y 2025 frente a las 1.700 que se identificaron en el informe del periodo 2018-2022.

Así consta en el anteproyecto que el Consell ha sacado a audiencia pública este lunes. En este se aborda una remodelación de la ley de Salud de 2014 con cambios y añadidos en una decena de artículos para poner coto a las agresiones (sin mención en dicha normativa hasta ahora) que sufre el personal sanitario por realizar su trabajo, algo que puede ocurrir "tanto dentro de las instalaciones o centros sanitarios como fuera de ellos, siempre que el motivo de la misma esté vinculado al desempeño profesional del personal afectado y sea susceptible de causar daño físico, psicológico o moral", según la nueva definición que se incluirá en la norma que también apunta a los ataques en el entorno digital.

En concreto, la futura legislación considerará agresión "toda conducta, efectuada por cualquier medio, ya sea de forma verbal, escrita, audiovisual, digital o por redes sociales, constitutiva de falta de respeto, insulto, vejación, injuria, acoso, calumnia, amenaza, intimidación, coacción o ataque -físico o verbal- o atentatoria contra la libertad sexual, ejercida por pacientes, personas usuarias, familiares o acompañantes contra el personal de instituciones sanitarias" al tiempo que también se cita "el daño patrimonial ejercido contra los medios, instrumental e instalaciones de la organización o en los bienes del personal".

Llevar a cabo alguna de estas acciones podría suponer una multa de entre 500 y 60.000 euros, los topes que fija la conselleria en la nueva normativa según la gravedad: desde 500 hasta 5.000 euros por infracciones leves; desde 5.001 hasta 15.000 euros por las graves y desde 15.001 hasta 60.000 euros por las muy graves. A ello se añade que la medida provisional "podrá consistir en una nueva asignación de profesional a la persona infractora, en el mismo o, preferentemente, en distinto centro sanitario". También podría obligarse a la "reparación de los daños y perjuicios ocasionados por su conducta" así como el abono "de los gastos de asistencia sanitaria de la víctima" y sus indemnizaciones.

Grado de infracciones

Según consta en la norma, entre las infracciones leves se incluyen los daños menores a bienes del personal sanitario, las conductas que alteren el funcionamiento de los centros y el deterioro de instalaciones que no afecte a la actividad asistencial y la competencia sancionadora será de la dirección territorial. Las graves abarcan faltas de respeto, insultos, vejaciones, daños que afecten al funcionamiento de los centros y cualquier otra agresión al personal sanitario, además de la reincidencia en faltas leves, y su competencia sancionadora estará en manos de la Secretaría Autonómica de Sanidad.

Por su parte, siempre según la propuesta incorporada en la ley de Acompañamiento, se consideran muy graves conductas como el acoso, las amenazas, las coacciones, las agresiones físicas o verbales y los ataques contra la libertad sexual, así como los daños en instalaciones que generen una alteración o riesgo sanitario grave y la reincidencia en infracciones graves, y la persona responsable de su competencia es de la persona titular de la conselleria, esto es, el propio conseller, elevando el rango a lo más alto de la cúspide del departamento.

"Mayor presupuesto"

Junto a estas medidas se añaden otras actuaciones complementarias como, por ejemplo, en el ámbito de la salud escolar se añade a los objetivos la propuesta de "acciones de formación y prevención en materia de agresiones en el ámbito sanitario" en los centros educativos; en materia sancionadora se incluye como posible complemento de la multa "el abono de los gastos de asistencia sanitaria de la víctima" y además se habilita a que igual que los pacientes pueden reclamar la libre elección del profesional médico, "cualquier profesional podrá ejercer el derecho de renunciar a prestar la atención sanitaria a un paciente o persona usuaria".

La reforma de la ley de Salud va en la ley de Acompañamiento que ha de tramitarse con los presupuestos. Sobre estos, el conseller de Sanidad, Mariano Gómez, celebró este martes en las Corts que la Generalitat disponer del “mayor presupuesto de la historia” en políticas sanitarias, 1.200 millones más que el Botànic. Son, en concreto, 9.453 millones, lo que supone el 36% del total del presupuesto no financiero de la Generalitat, según señaló en su comparecencia ante las Corts. Gómez puso en valor la apuesta por Salud Mental y Adicciones, un programa que se lleva 219 millones de euros, 14 % más.

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