El interventor detecta 60.328 pagos sin expediente de contratación en el sector público durante el año de Mazón como ‘president’

El sector público de la Generalitat Valenciana fue escenario de gastos sin expediente de contratación, pago de productividades, fraccionamiento de contratos y un número muy importante (el 70 %) de empresas que tuvieron un informe desfavorable o con salvedades durante 2024, primer y único año completo de Carlos Mazón al frente del Consell.

Así lo recoge el informe de la Intervención de la Generalitat que, por fin, este jueves hizo público el ejecutivo autonómico, tres meses después de su firma por parte de los interventores, a principios de marzo, y con más de seis meses de retraso sobre su fecha habitual de publicación.

Por contextualizar, Mazón convirtió en una causa personal descubrir y aflorar todas las presuntas irregularidades cometidas por el Consell del Botànic en el sector público, las empresas que forman parte del perímetro de la administración, como las ITV, Emergencias, el Hospital General, el Institut Valencià de Cultura, Feria Valencia, el Palau de las Arts y así hasta 55 entidades.

El entonces president encargó auditorías y puso en marcha una comisión de investigación en las Corts. Sobre las auditorías encargadas, nada se supo. Las dos únicas conocidas señalaron que no hubo grandes irregularidades y que algunos indicadores empeoraron con el cambio de Consell. La Comisión de las Corts fue cancelada por inactividad hace unos meses.

Lo que se conoce ahora es el control interno del primer año completo del PP (2024, con Carlos Mazón) y el resultado no es muy positivo. Uno de los titulares que arroja el documento es que hubo 60.328 gastos sin expediente, es decir, pagos 'sin contrato’, y que representaron 157 millones de euros. También ocurrió el año anterior, el del cambio de gobierno, aunque 7.000 menos, y supusieron 149 millones. En el ejercicio 2024, si se suman los contratos menores (11.138), salen nueve de cada diez operaciones de gasto a dedo.

Más personal y más temporalidad

En el apartado de personal, frente a la idea de los chiringuitos sin control en el Botànic cabe destacar que en 2024 se produjo un ligero aumento del personal, que se situó en 14.659 trabajadores medios. Lo que parece que aumenta es la temporalidad porque el informe registra unos 2.600 perceptores más, es decir, nóminas que se han pagado.

El informe de la Intervención parece omitir la cifra de contratos laborales temporales contratados sin la autorización de la Dirección General de Presupuestos, como marca la ley. Es una cifra que aparece en auditorías anteriores, pero no en esta.

El análisis constata también la “necesidad de mejora en los instrumentos de regulación de las condiciones retributivas de los trabajadores del sector público instrumental (convenios colectivos, rpt y masas salariales)”. Solo 5 de las 46 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial disponen de la autorización de la DG de Presupuestos. Quince de las entidades incumplen la obligación de contar con un auditor interno.

Las irregularidades en Personal incluyen también cantidades indebidamente abonadas (SM Cabanyal, donde se ha pedido el reintegro) o el abono de gastos de acción social y productividades en cuatro entidades (FGV, ITV, Feria Valencia y SGISE).

En el apartado de contratación, de las 55 auditorías de control económico-financiero, 12 fueron desfavorables y otras 27 recibieron salvedades (un 70% en total). En este sentido, la incidencia más significativa es que ha habido gastos sin expediente de contratación por valor de 157 millones, destacando especialmente el Hospital General, el Provincial de Castelló y Feria Valencia.

Abuso de contratos menores

También se subraya que catorce entidades del sector público instrumental ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, “en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contrato para eludir la tramitación de procedimientos no menores”, es decir, que incumplen la ley.

Todas las universidades han hecho uso de los contratos menores para gastos que deberían licitarse en procedimientos abiertos o acuerdo marco. La Politécnica destaca: el 59% de sus contratos son menores, subraya el informe. La UV ha mejorado en el último año. El interventor advierte de que 25 entidades no han presentado las declaraciones de conflicto de intereses de quienes tramitan los expedientes.

La auditoría alerta también sobre el abuso de encargos a medios propios: “No puede tener como finalidad cubrir carencias estructurales en las plantillas”. Este recurso autoorganizativo tiene sentido como respuesta eficaz para situaciones puntuales. Se pone como ejemplo Turisme Comunitat Valenciana, que lleva cuatro años encargando a la estatal Tragsa la gestión del bono viaje y ha gastado casi tres millones.

Gastos no subvencionables

Por último, el apartado de subvenciones pone el foco en varias irregularidades. Se advierte de la falta de plan de control en algunas entidades; o de comprobación que las facturas justificativas fueran distintas de las presentadas a la Diputación de Valencia, lo que obligaría a reclamar el reintegro. El auditor detecta gastos declarados pese a que no son subvencionables, como párking o cátering. En una entidad, la comisión técnica no motiva cualitativamente por escrito las puntuaciones asignadas a los criterios de valoración.

El auditor reclama que los órganos gestores incluyan “una prueba relativa a comprobar una posible doble financiación no compatible con otras ayudas”.

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