Tribuna
A propósito de la educación pública y su defensa

Manifestación de docentes en València hoy, 4 de junio. / Francisco Calabuig
Manuel Alcaraz Ramos*
La educación es un pilar básico y esencial de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Tanto es así que la Constitución la reconoce como un derecho fundamental que en su nivel básico debe, además, ser gratuita y obligatoria. Y consiguientemente nuestra Norma Fundamental manda y ordena a nuestros poderes públicos garantizar este derecho para todos y todas.
Así, en el marco del Estado de las Autonomías, corresponde a cada Comunidad Autónoma la ejecución de las competencias educativas al asumirse esta como competencia exclusiva, tal y como se indica en nuestro Estatuto valenciano. Y en cuyo desarrollo la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana recoge expresamente el derecho a la educación mediante un sistema educativo público y de calidad.
Defender la educación pública, tal y como decidida y valientemente están haciendo las y los Docentes, de los ciclos de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional de nuestra Comunitat es, por lo tanto, defender nuestra Constitución y nuestro Estatuto, defender nuestros derechos; defender nuestro contrato social y uno de sus elementos nucleares y fundantes: poder estudiar, poder aprender.
Por ello, las Profesoras y los Profesores de Derecho Constitucional de la UA abajo firmantes consideramos necesario apoyar esta lucha por la educación pública y de calidad, solidarizándonos con nuestras y nuestros compañeros de otros niveles educativos -Profesores y Profesoras, Maestros y Maestras- y con sus reivindicaciones, y así queremos hacerlo expresamente con la publicación de esta tribuna. Una mejor y mayor financiación pública para la educación pública para nuestros colegios e institutos. Unas ratios de alumnado por clase que permitan una mejor docencia. Un modelo plurilingüe que no desprecie el valenciano y que garantice la competencia plena en las dos lenguas oficiales. Una mejor atención para quienes tienen necesidades especiales. Unos centros educativos modernos y adaptados. Colegios que no devengan en hornos, donde niños y niñas no sufran de altísimas temperaturas y disfruten de un confort climático como el de las oficinas del Consell… Y también nos solidarizamos con su reivindicación salarial después de años sin que sus sueldos hayan sido actualizados; con lo que ello implica de minusvaloración hacia su trabajo y su esfuerzo, y hacia la figura de la y el docente de todos los niveles educativos no universitarios; parte esencial de nuestra cultura que debe ser puesta en valor. Y queremos además subrayar que, como ya se ha constatado y demostrado, toda inversión en una educación pública y de calidad tiene unos retornos positivos incalculables para el conjunto de la sociedad.
El derecho a la huelga, así como el derecho de reunión y manifestación, son mecanismos legítimos y constitucionales a través de los que se da cauce a la protesta como manifestación de los conflictos sociales y políticos, como lo es ahora el que se enfrenta respecto de la educación pública. Por ello reivindicamos y apoyamos aquí su utilización legítima por parte de las y los docentes de la Comunitat en el marco de la legalidad vigente. Y también por parte de las madres y los padres del alumnado de los centros públicos. Más si cabe, cuando su ejercicio conlleva como en el caso de la huelga una merma en la ya exigua nómina del profesorado.
Y, en tal sentido, queremos también demandar enérgicamente que el ejercicio de estos derechos sea respetado por los poderes públicos de nuestra Comunitat. Y que estos atiendan lealmente y sin menosprecio a las legítimas demandas que se plantean desde las aulas y las calles, a fin de ofrecer soluciones que cumplan con los mandatos constitucionales y estatutarios de garantizar una educación pública y de calidad para todos y todas. Y, finalmente, llamar la atención sobre aquellos intolerables casos en los que se produce un uso desproporcionado de la fuerza ante protestas pacíficas, que no deben volver a repetirse. Defensem l´Educació Pública!
Firman esta tribuna:
José Chofre Sirvent
Manuel Alcaraz Ramos
Mar Esquembre Cerdá
Adrián García Ortiz
Concepción Torres Díaz
Francisco Villaba Clemente
Silvia Soriano Moreno
José Angel Camisón Yagüe
(Profesoras y Profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante)
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