Una de cada tres atenciones de Cáritas son a niños y adolescentes

Más atenciones, un 17% tras la dana y una de cada tres, a niños y adolescentes. Cáritas Diocesana de Valencia, en su Memoria de 2025, señala que benefició el pasado año a 73.742 personas, de las cuales un 34 % son menores de edad. En este documento también se recogen las actuaciones de la institución durante el pasado año, donde se produjo un "incremento significativo" de personas debido a las atenciones realizadas con motivo de la riada del 29 octubre de 2024, en la que 230 personas perdieron la vida.

Así se desprende de la Memoria anual de 2025 en cuya presentación participó ayer el obispo auxiliar de Valencia, Arturo García, la directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda, y la secretaria general de la institución, Belén Lado.

Los datos son claros y dejan ver un mínimo cambio en el perfil de usuarios. La cantidad de personas acompañadas se ha incrementado un 33% con respecto al año anterior, reduciéndose el porcentaje de personas extranjeras en nueve puntos en relación a 2024. Además, la entidad ha detectado un incremento del 17% en las personas atendidas por primera vez, también relacionado con las atenciones a personas que nunca antes habían necesitado ayuda de Cáritas y que la demandaron tras las inundaciones.

La pobreza que se hereda

Sin embargo, Aranda explica el por qué la pobreza se hereda. "Las atenciones realizadas con motivo de la dana no explican la cronificación de la pobreza y la exclusión social; la persistencia de las mismas dificultades a las que se enfrentan las personas para acceder a derechos básicos desde hace una década o la normalización de la precariedad a la que estamos asistiendo", asegura.

Así, durante 2025, las acciones desplegadas por Cáritas Valencia benefician a 73.742, de las cuales, un 34% son menores de edad. "Un año más nos encontramos que las personas que acceden a nuestros recursos son cada vez más y tenemos que acompañarlas durante más tiempo", explica la directora de Cáritas Valencia.

En este sentido, los perfiles más atendidos siguen la tendencia de años anteriores: personas migrantes en situación administrativa irregular --el 61% de las personas extranjeras atendidas en 2025 lo estaban--; mujeres solas con hijos, parejas jóvenes con hijos, familias numerosas y con viviendas precarias.

Esta tendencia continuista subraya lo que muestran algunos informes de referencia en el estudio de la pobreza y la exclusión, como el Informe Foessa Comunitat Valenciana 2025, aquellos hogares en los que la persona sustentadora es migrante y/o mujer y aquellos hogares con presencia de menores muestran mayores niveles de exclusión. Es decir, "el género y el origen son factores transversales que condicionan el acceso a derechos y la igualdad de oportunidades".

La vivienda pasa "de derecho a privilegio"

La entidad detecta, además, que la vivienda es el "principal factor de desigualdad", ya que según el informe cuatro de cada diez personas atendidas ven vulnerado este derecho, "bien porque se encuentran en situación de sinhogarismo, bien porque la vivienda no cubre las necesidades de las familias o bien porque están alquiladas o realquiladas sin contrato".

En este contexto, Cáritas Valencia reclama un pacto social que implique a todas las instituciones y la ciudadanía. Para Aurora Aranda, "la sociedad valenciana ha demostrado una enorme capacidad de solidaridad. El reto ahora es transformar esa solidaridad puntual en compromiso sostenido con la justicia social y ese compromiso, debe ser asumido por toda la sociedad civil, las administraciones públicas, el sector empresarial, los medios de comunicación, los partidos políticos y muy especialmente, las comunidades cristianas", afirma.

Según Aranda, citando al papa León XIV: "El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social; estos son una cuestión familiar, son de los nuestros". Y añade: "Los niveles de desigualdad de los que nos hablan los informes y nuestra Memoria --ha añadido-- requieren acuerdos amplios y respuestas sostenidas en el tiempo. Un pacto social de estas características implica construir acuerdos básicos sobre cómo queremos convivir y qué derechos estamos dispuestos a garantizar colectivamente que nadie quede atrás".

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