"Fosa que se abre, herida que se cierra"

El historiador Fernando Martínez lleva ocho años al frente del área de Memoria Democrática en el Gobierno. Acaba de llegar de unos actos de reparación de víctimas en Argentina y Uruguay. Habla con vehemencia de todo lo realizado en este periodo: "un deber democrático" para la convivencia, dice. La entrevista coincide con la apertura de la 'Casa de la Concordia' en Alicante y de las últimas revelaciones sobre el proceso y muerte hace 85 años del rector de la Universitat de València Joan Peset Aleixandre. El secretario de Estado se muestra muy crítico con las políticas valencianas de memoria de PP y Vox y asegura que trabaja para que el paredón de Paterna sea declarado oficialmente lugar de memoria.

En un país con 140.000 desaparecidos de la Guerra Civil y miles aún sin localizar, ¿existe un problema con su memoria?

El problema no lo tiene el país ni los demócratas, sino una parte social que mira a la dictadura. Los demócratas españoles quieren resolver los conflictos del pasado. Es una obligación moral y un compromiso del Gobierno actuar ante las 150.000 personas ejecutadas por la dictadura franquista para devolverles la dignidad que se les quitó. Mientras las víctimas de la zona republicana fueron todas reparadas y exhumadas, esta parte de la sociedad no quiere que se reparen las otras víctimas. Nuestra obligación es mirar al futuro reparando a quienes siguen en fosas comunes como si fueran perros, creando así condiciones para la convivencia.

¿Se está yendo más lento de lo que esperaban?

Vamos con la máxima celeridad que permite la ley de Memoria Democrática. No paramos de realizar exhumaciones, reconocimientos, unidades didácticas y reparaciones morales, poniendo siempre a las víctimas en el centro de las políticas públicas. Se ha implementado el primer plan de exhumaciones con cerca de 10.000 cadáveres en proceso de identificación, se han anulado los consejos de guerra y tribunales de excepción franquistas y se están realizando auditorías sobre bienes incautados y censos de víctimas. Se sacó a Franco de Cuelgamuros y a José Antonio…

¿Se sabe con certeza cuántas fosas quedan por destapar?

Más que el número de fosas, nos centramos en las personas susceptibles de ser exhumadas. Los expertos concluyeron que habría en torno a 20.000 cadáveres que se pueden rescatar. Ya hemos recuperado casi la mitad en el primer plan cuatrienal y ahora estamos en el segundo, cuyo objetivo es que las fosas comunes desaparezcan definitivamente de España. Hay que considerar que muchas desaparecieron, fueron trasladadas al valle de Cuelgamuros sin consentimiento o tienen construcciones encima, lo que dificulta el proceso.

Quedan fosas y estamos cerca de que de la Guerra Civil haya pasado un siglo.

Tras la Transición hubo reparaciones económicas —más de 25.000 millones de euros en pensiones e indemnizaciones— pero no hubo una política de memoria hasta la ley de 2007. Esta se paralizó con la llegada del PP y se ha retomado e incrementado hace ocho años, culminando con la ley de Memoria Democrática de 2022.

¿Significa que la memoria en España tiene ideología, si con unos gobiernos se deja a un lado?

La memoria democrática es un deber moral del Estado hacia todas las víctimas, especialmente aquellas que no habían sido reparadas.

Hay mucha más gente a favor de la memoria. Lo que ha aflorado en los últimos años son los nostálgicos de la dictadura

¿Ha empeorado la situación con la entrada de Vox en gobiernos autonómicos?

La situación general no ha empeorado porque hay mucha más gente a favor de la memoria que antes. Lo que ha aflorado son los nostálgicos de la dictadura, que quieren que se repare a sus víctimas, pero que las de los vencidos se olviden. Cuando hablo de estas cosas ante público a veces alguien me dice que por qué no dejamos en paz a los muertos y yo le digo: ¿usted qué haría si tuviera a su madre tirada en una fosa común? Callan.

Se suele decir en esos casos que se están reabriendo heridas.

Yo sostengo que fosa que se abre, herida que se cierra. Es lo que veo cada vez que abrimos una y estamos con las víctimas.

El Consell acaba de aprobar presupuestos y el de memoria democrática lo ha dejado en un tercio de lo que estaba en 2023.

Es preocupante cuando el PP se pliega a Vox, como en la Comunitat Valenciana, reduciendo presupuestos y echando un tupido velo sobre los que lucharon por la libertad. Son nostálgicos del frentismo que pretenden anclarnos al pasado.

La ley de Memoria Democrática rige en toda España y nadie puede pretender rebajarla con leyes de concordia

¿Sitúa en ese marco la ley de Concordia valenciana? ¿Es un insulto a la memoria democrática?

La hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional porque invade competencias estatales y supone un retroceso en el reconocimiento de las víctimas. El tribunal ha suspendido cautelarmente artículos clave por ser contrarios a tratados internacionales. La Ley de Memoria Democrática rige en toda España y nadie puede pretender rebajarla con leyes de concordia o similares.

Una de las tesis de esa ley es que la memoria también debe acoger a las víctimas de ETA. ¿Lo comparte?

No. Las víctimas de ETA tienen su propia legislación específica. ¿Por qué? Fundamentalmente, porque las asociaciones de víctimas nos pidieron que no mezcláramos unas víctimas con otras.

Que se conozca el papel de quienes participaron en la represión forma parte de la historia y es necesario

Los nietos y bisnietos de las víctimas han empezado una línea de actuación para identificar a los victimarios. ¿Es este un paso positivo?

Las víctimas siempre nos dicen que no quieren venganza, solo conocimiento de la verdad, justicia y reconocimiento. Pero que se conozca el papel de quienes participaron en la represión forma parte de la historia y es necesario.

¿Cómo está entrando la memoria democrática en las escuelas? ¿Debería estar más?

Pues no estaba en la escuela, pero cuando se hizo la Lomloe ya se introduce la memoria y pasa a estar en los decretos de las enseñanzas mínimas en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Ahora la historia contemporánea empieza en las Cortes de Cádiz y no en Atapuerca, asegurando que se llegue a estudiar el siglo XX. También han cambiado los conceptos: ya no se estudia República y Guerra Civil como si la primera fuera culpable de la segunda, sino que son capítulos separados: la Segunda República por un lado y posteriormente, el golpe de Estado, la guerra y la dictadura.

El 75 % de los jóvenes cree en la democracia y vota a partidos democráticos, aunque nos fijamos más en los otros

¿Y qué piensa cuando ve, a pesar de eso, tantos jóvenes seducidos por ideas que blanquean la dictadura y la represión?

Me preocupa. Creo que se debe fundamentalmente a la ignorancia y al desconocimiento del pasado. Por eso hemos lanzado el programa "España en Libertad 50 años", para que los jóvenes comparen la falta de libertades y derechos de la dictadura —especialmente para las mujeres— con la democracia actual. De todas maneras, las encuestas dicen que un 24 % de jóvenes varones y 18 % de mujeres dicen que no les importaría vivir un régimen autoritario. Dicho esto, el 75 % de los jóvenes cree en la democracia y vota mayoritariamente a partidos democráticos, aunque nos fijamos más en los otros.

¿Sería deseable un museo de la guerra civil?

Estamos poniendo en marcha un centro de la memoria en Madrid, detrás del Museo Reina Sofía, llamado la "Casa de la Memoria". Será el avance de un planteamiento mucho más global para un gran museo de la memoria en España a medio plazo.

El planteamiento es tener un gran museo de la memoria en España a medio plazo

¿Sigue siendo costoso para las familias desenterrar a sus allegados?

No, ahora es una tarea del Estado. A diferencia de la ley de 2007, la de 2022 asume la responsabilidad desde la Administración del Estado, coordinándose con comunidades y ayuntamientos mediante subvenciones y transferencias directas. Incluso comunidades gobernadas por el PP, aunque sean reacias a la ley, están colaborando en las exhumaciones porque tienen la obligación de cumplir las leyes.

¿Qué otros avances destacaría en la parte judicial?

Es fundamental la creación de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, con un fiscal en cada provincia. Además, estamos implementando el Banco Nacional de ADN con un software específico y un decreto regulador próximo a aprobarse. Estamos trabajando sin parar, realizando actos de reconocimiento incluso en el extranjero. El 70 % de la población apoya estas políticas porque los demócratas quieren resolver el conflicto con el pasado reparando a quienes fueron invisibilizados y criminalizados.

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