Mazón estudia impugnar diligencias de la dana: desde las testificales de su 'núcleo duro' a mensajes y llamadas

La última resolución de la Audiencia de Valencia que ha permitido personarse en la causa de la dana al expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le confiere una posición muy poco común, la de 'preimputado' o 'preinvestigado'. Esta categoría, creada hace 14 años para garantizar el derecho de defensa de un aforado, no solo le permitirá esquivar la citación como testigo que había acordado la jueza y que le obligaba a responder a todas las preguntas y decir verdad. La defensa del exjefe del Consell podrá también batallar contra las líneas de investigación que le afecten.

La instructora de la causa, Nuria Ruiz Tobarra, ha tenido siempre en el horizonte la figura del que fuera máximo responsable del Gobierno valenciano durante la tragedia. Así, aunque no pudiera imputarlo -como aforado, sólo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV)-, sí le ha ofrecido declarar voluntariamente hasta en tres ocasiones sin éxito. Y desde el pasado mes de octubre, ha ido cercando al expresident de manera poco velada.

La jueza se ha agarrado a un auto de la Audiencia Provincial que le permitió citar como testigo a la periodista que comió con él en el reservado de El Ventorro, Maribel Vilaplana. Una resolución que supuso un punto de inflexión porque, aunque asumía que las pesquisas no pueden "ir dirigidas directamente a investigar la conducta" del aforado, daba margen a la jueza al sostener que "no deberán dejar de practicarse por el hecho de que pudieran aportar datos que dotaran de solidez a la imputación contra el aforado".

De los 'tickets' del Ventorro al 'núcleo duro'

Así, Ruiz Tobarra encontró una rendija para investigar directamente la actuación de Mazón, encerrado aquella tarde en una larga sobremesa con la comunicadora que se alargó hasta las 19.47 horas. Aprovechó para recabar incluso el ticket de la comida, las dimensiones del reservado o el billete del parking; citó al dueño del restaurante e incluso al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, e incluso a Juanfran Pérez Llorca apenas unos días antes de que fuera nombrado candidato a sustituir a Mazón al frente del Consell.

Otros citados fueron el chófer, la secretaria y los escoltas, que evidenciaron las mentiras sostenidas durante meses por el dirigente alicantino, así como el 'núcleo duro' de Mazón como su jefa de prensa, el secretario autonómico Cayetano García o el exjefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, cuyos mensajes "perdidos" por un cambio de teléfono la jueza intenta recuperar. De hecho, sigue a la espera de respuesta de Meta tras la comisión rogatoria enviada a EEUU. La jueza también ha pedido a alcaldes la aportación voluntaria de contactos -llamadas o mensajes- con el todavía diputado del PP.

Todo ello, junto a interrogatorios cuyo protagonista era Mazón pese a no estar investigado, empezó a generar dudas tanto en las defensas de los dos investigados -la exconsellera Salomé Pradas y su 'número dos' Emilio Argüeso- como en algunas acusaciones ante la posibilidad de que el proceder de la magistrada pudiera derivar en nulidades que perjudicaran al procedimiento. Pues bien, ese día podría haber llegado después de que Mazón esté personado.

"Diligencias que hayan excedido los límites"

Convencido de que algunos de los pasos dados por la jueza han ido más allá de lo que amparó la Audiencia, el letrado de Mazón, Ignacio Gally, estudia impugnar algunas de las diligencias practicadas. Aunque no será un movimiento masivo y automático, desde la defensa ya avanzaban este jueves que estudiarían "detenidamente la cusa" y valorarían "la impugnación de las diligencias que hayan excedido los límites propios de la instrucción o afectar indebidamente a derechos fundamentales".

Este viernes, el juzgado ha dado acceso a la causa después de que Gally presentara un escrito el día anterior donde reclamaba el envío del sumario incluidas las diligencias "ya señaladas y pendientes de práctica" para que Mazón "pueda ejercer de forma real y efectiva su derecho de defensa e intervenir" en dichas diligencias. Entre las que estaban en el punto de mira, según los escritos previos del letrado del expresident, se encuentra, por ejemplo, la declaración testifical de la exportavoz del Consell, Ruth Merino, que está prevista para el próximo 22 de julio.

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