PP y Vox ponen obstáculos a la tramitación de la ILP para bajar el listón electoral

La iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por la Unió Municipalista para bajar el listón electoral en la Comunitat Valenciana tiene el reloj en contra. A menos de un año para las elecciones, con incertidumbre respecto a un adelanto electoral, y con un escenario políticamente volátil, el ecosistema parece poco propicio para acometer un cambio de este calibre, que busca rebajar del 5 % autonómico al 3 % provincial el número de votos para lograr representación en las Corts.

Y por si no fuera poco, le ha salido un nuevo obstáculo. Los síndics de PP y Vox en las Corts, Fernando Pastor y José María Llanos, han registrado hace unos días la solicitud a la Mesa de las Corts para que pida un informe al Consell Jurídic Consultiu acerca de los aspectos de técnica normativa y la adecuación a la normativa de lo que reclama esta iniciativa popular.

No es lo habitual que desde la cámara se pida un informe al Jurídic, aunque el órgano consultivo sí tiene entre sus competencias evacuar este tipo de dictámenes. Por defecto, esta petición se solicita con carácter de urgencia, según la norma. Fuentes parlamentarias ven una intención dilatoria tras este movimiento de PP y Vox, y aunque no la tuviera, el efecto práctico es que esta contará con un camino más sinuoso.

Esta ha sido una de las ILP más interesantes en los últimos tiempos, sobre todo por la influencia de quien la promueve, el alcalde de Ontinyent y socio del PP en la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Ens Uneix, uno de los partidos impulsores de la Unión Municipalista, tenía el compromiso de Pérez Llorca de, cuanto menos, permitir que se tramitara la petición de bajar el listón. Otra cosa es que se vaya a aprobar.

Les costó más tiempo del esperado recoger las firmas. El verano pasado, cuando se anunció el proyecto, los municipalistas aspiraban a que entrara en el cauce parlamentario el pasado otoño y, desde ahí, comenzar la negociación con los partidos. Finalmente, ha sido en mayo cuando todo ha estado listo. El pasado día 23, tras revisar las más de 10.000 firmas, el Boletín Oficial de las Corts informaba la aceptación para tramitar esta ILP que aspira que la barrera mínima para obtener representación en el hemiciclo pase del 5 % de votos a nivel autonómico al 3 % provincial.

Objetivo: mayo de 2027

Los municipalistas tienen prisa, ya que se han fijado el objetivo de concurrir a las elecciones autonómicas de mayo de 2027, aunque no se puede dar por descontado que se vaya a agotar la legislatura y las elecciones podrían adelantarse. Para esa cita, este proyecto de unión de partidos independientes aspiraba a que las reglas del juego fuera más favorables, y no tener que superar los 100.000 votos en toda la autonomía para poder lograr un acta de diputado.

De momento, este proceso se va a dilatar algo más. PP y Vox han añadido un paso intermedio en la tramitación con la petición de informe del Jurídic. Y la legislatura está en el tiempo de descuento. A este periodo de sesiones le quedan dos plenos. El siguiente periodo comenzará en septiembre con el debate de política general hasta fin de año; y el último será breve, desde enero o febrero hasta la convocatoria electoral.

Según la ley que regula las ILP en la C. Valenciana, la toma en consideración por el pleno tendrá lugar, como máximo, dentro de los cuatro siguientes periodos de sesiones. Eso significa que, con el reglamento en la mano, PP y Vox lo podrían dejar en el cajón hasta la próxima legislatura.

Al margen de los tiempos, está la voluntad política. Los partidos de izquierda se han manifestado tradicionalmente a favor de bajar un listón que se considera antidemocrático. En la historia de la democracia valenciana han quedado fuera muchas formaciones con decenas de miles de votos. La incógnita está en el PP, que tendría que hacer números para ver si le interesaría abrir ese caja de pandora, que favorecería la fragmentación de voto a izquierda y derecha.

Ens Uneix ha demostrado que da a esta ILP una importancia estratégica. El año pasado estuvo a punto de provocar una crisis de primer nivel. El PP aprovechó la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025 para introducir cambios legales que dificultan las ILP. El partido de la Vall d'Albaida, que estaba presentando su iniciativa, se lo tomó como una afrenta, y advirtió de que el pacto con Vicent Mompó estaba en peligro. Los populares recondujeron la situación.

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