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Los municipios forestales reclaman más ayudas para gestionar el monte, combatir la despoblación y prevenir así los incendios

Localidades que administran buena parte de los 1,3 millones de hectáreas de monte (el 57% de la superficie de la Comunitat Valenciana) defienden que la mejor política de prevención del fuego es crear empleo y riqueza en el medio rural para asentar la población

Demandan más recursos y menos burocracia para impulsar empresas locales de mantenimiento del monte, hacer viables explotaciones de silvicultura y dar valor a los productos con políticas de subvenciones

Actuación de un programa de recuperación ambiental ejecutado en Montán (Alt Millars)

Actuación de un programa de recuperación ambiental ejecutado en Montán (Alt Millars) / Levante-EMV

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Francesc Arabí

Francesc Arabí

València

“No existe la más mínima duda; donde hay más gestión forestal, se combaten mejor los incendios. Hay menos fuegos y, si los hay, los bomberos te dicen que lo notan”. Son palabras de Mati Marín, alcaldesa de Enguera (la Canal de Navarrés) y presidenta de la Asociación de Municipios Forestales (Amufor), que engloba a 112 poblaciones que cuentan con masa forestal. "Los municipios pedimos las ayudas y subvenciones que salen, de la diputación, la Generalitat, la UE... En los últimos años han crecido pero se nos quedan cortas", se sincera.

Marín habla con propiedad. Su municipio tiene 4.800 habitantes y 24.000 hectáreas de monte, 16.000 de ellas de utilidad pública, propiedad del ayuntamiento. La ratio sale a 5 hectáreas por vecino. La Comunitat Valenciana cuenta con 1.321.501 hectáreas de uso forestal, el 57% del territorio valenciano. Buena parte de esa superficie de monte pertenece a pequeñas poblaciones del interior, afectadas por la despoblación. La economía ancla las personas al territorio, al igual que las raíces de los árboles fijan la tierra y evitan la erosión con las lluvias. Por eso, estos municipios reclaman más ayudas para la prevención operativa contra el fuego (desbroce, pistas forestales, cortafuegos...), pero también para impulsar empresas de gestión forestal. Generar empleo y evita la fuga de vecinos es la mejor vacuna para evitar la despoblación y contra el fuego.

Enguera es el tercer término municipal en tamaño en la provincia de Valencia, después de Requena y Ayora. Como los otros 414 municipios forestales valencianos, cuenta con un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales (PLPIF), en cumplimiento del artículo 55,3 de la Ley 3/1993. Y bajo el paraguas de esos planes locales, se articulan las actuaciones de prevención de incendios. Con subvenciones para la limpieza y conservación de montes. Porque los presupuestos locales no dan ni para prestar los servicios esenciales. Enguera, por ejemplo, tiene unos 5 millones de presupuesto municipal y requiere de ayudas de la diputación o la Generalitat para invertir en el monte. En 2025 rondaron los 300.000 euros, cuenta la alcaldesa. Con el dinero que reciben, los ayuntamientos adjudican trabajos los trabajos de gestión forestal. Empezando por limpiar el perímetro más cercano a la población, que solía ser una zona de cultivo y, al ser abandonada, se ha convertido en masa forestal. En 2024, unas 2.770 hectáreas agrícolas engordaron la biomasa, según datos de la Conselleria de Agricultura. “Se empieza por lo más urgente, las zonas más cercanas a las casas para proteger a la población, a las personas”, explica la presidenta de Amufor.

"Que el fuego y el jabalí no se metan en casa"

Las ayudas son insuficientes. La Generalitat dedica 8 millones para este tipo de trabajos de los ayuntamientos, desde realizar cortafuegos a limpiar montes. Y una partida de 93 millones, de los que 75 millones se han destinado a ir recuperando los 4.000 km de pistas forestales que fueron dañados por la dana de octubre de 2024.

Desde Amufor se reclama ayuda para la economía de la gestión forestal. Para anclar a los ciudadanos al territorio. “En 15 años, a partir de 1957, la mitad de la población emigró a la ciudad", explica Rafael Delgado, ingeniero de montes, experto en prevención y presidente de la Plataforma Forestal, que agrupa a unas 30 entidades. Sostiene que la despoblación impide "vertebrar el territorio rural y forestal”. "Comenzaremos a solucionar el problema cuando se adopten medidas que hagan que una pareja de jóvenes que se instalen en el medio rural tenga igualdad de oportunidades respecto al espacio urbano", argumenta. "No volveremos a la situación anterior", dice. Y "tendremos que ver cómo hacemos para que el fuego y los jabalíes no se metan en casa", comenta de forma elocuente.

Silvicultura explotada al 30%-40% de su potencial

Delgado lamenta que la explotación del monte no representa ni el 3% del PIB. Actualmente, la silvicultura apenas se explota en un 30-40% de su potencial, comenta la presidenta de Amufor por su experiencia. Marín explica que la “sensación general” entre el centenar largo de municipios forestales agrupados es que se puede “hacer más en apoyo de la gestión forestal" y en "dar valor” a la silvicultura. “Adolecemos de falta de empresas forestales” con sello local o comarcal que puedan acometer los trabajos de desbroce, explica. ¿Por qué no hay empresas arraigadas al territorio por ejemplo para limpieza de monte? “Hay un poco de todo; la maquinaria no es barata, no hay suficientes ayudas y la burocracia echa para atrás a la gente”, apunta Mati Marín.

En el monte de Enguera, las actividades de aprovechamiento forestal tienen que ver con la apicultura, la ganadería extensiva (Amufor impulsa el pastoreo, que reduce la biomasa), la explotación de las plantas aromáticas o los 'pellets', que se obtienen del tratamiento de las astillas resultantes de triturar los restos vegetales. "La silvicultura tiene, en general, mucho valor y poco precio; por ejemplo, la madera", sentencia Javier Martínez, técnico de desarrollo rural en Amufor. “Económicamente pueden ser actividades poco rentables, pero en otros sitios, como Cataluña, se subvencionan productos que son de proximidad; aquí no se hace nada”, explica Rafael Delgado.

Marín aboga por destinar ayudas a la investigación de los usos y productos que puedan extraerse del monte, más allá de los 'pellets'. Incluso en este caso, "son una mejor solución para calentarse que el gasoil, pero hay que ponerlo en valor". La alcaldesa considera que los empresarios del monte han de conseguir hacer viable esas explotaciones y para ello se precisan ayudas. Explica que Enguera "ha apoyado una asociación de propietarios privados que se ha constituido para poder acceder a subvenciones y gestionar fincas".

Más bomberos y brigadas de apoyo

En la vigente campaña de incendios, que arrancó en Semana Santa y Pascua, se ha registrado un incremento de efectivos, al instaurarse el llamado 'tercer turno' de bomberos forestales, adscritos a la Generalitat. Era una "aspiración histórica", como subraya el delegado de UGT Serveis Públics en bomberos forestales Vicente Santalla. La plantilla se ha ampliado de 1.000 a 1.400 bomberos. En total son 1.693 los profesionales movilizados, 336 más que el año pasado. El dispositivo comprende también consorcios provinciales; agentes medioambientales; unidades de vigilancia preventiva; técnicos forestales; 45 autobombas y 6 unidades helitransportadas. En las comarcas de Castelló, este año contarán también con Brigadas Rurales de Actuación Forestal (Braf), unidades de "segunda actuación", que, tras los incendios, ayudan a perimetrar. Hacen trabajos en caminos forestales y zonas de recreo. En València llevan ya siete años funcionando.

El fuego, de mal ecológico a problema de emergencias, como un terremoto o una dana

“Los incendios ya no son percibidos como un problema ecológico; hoy son un problema de emergencias, como una dana, un terremoto o un volcán”. El ingeniero de montes y presidente de la Plataforma Forestal, Rafael Delgado, repasa cómo ha evolucionado la concepción social del fuego como elemento depredador del monte. Los incendios aparecen “como un problema” en 1982, dice. De hecho, hasta los 70 no había ni estadística. En aquella penúltima década del siglo XX, un gran incendio era aquel que afectaba a 500 hectáreas. “En 1993 y 1994, se registraron cinco incendios que afectaron a más de 15.000 hectáreas, cada uno”, evoca. El concepto de gran incendio ha ido cambiando, lo mismo que la percepción del daño: de solamente medioambiental a una amenaza para las personas y las propiedades. El bombero forestal Vicente Santalla cuenta que en Montán (Alt Millars), el fuego avanzó en marzo de 2023 hasta las puertas del núcleo de casas y no se quemó el pueblo porque justo tres semanas antes se había “limpiado” la zona forestal del linde.

En la campaña de 2025 ardieron en la Comunitat Valenciana 785 hectáreas, en 218 incendios. No fue un año catastrófico. Salvo el de Teresa de Cofrentes (504 hectáreas), Ibi (185 hectáreas) y Villena (56), el minifundismo incendiario fue la tónica.

El factor humano como causante del fuego sigue siendo una constante. Entre 2016 y 2025, el 38,6% de los incendios fueron intencionados (por intereses económicos, entre otras razones) y un 29,2% respondían a negligencias y accidentes. Uno de cada cuatro fuegos se produce como consecuencia de la caída de rayos. Tormentas eléctricas que están muy relacionadas con las sequías prolongadas y las temperaturas extremas, espoleadas por el cambio climático. De los 218 fuegos en el monte valenciano registrados el año pasado, 92 fueron ocasionados por rayos. “Y contra los rayos no se puede hacer nada”, admite Rafael Delgado.

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