Las Corts prohíbe la entrada a las profesoras que protestaron en el pleno, pero no les denunciará

Al final, la sangre no llegará al río ni la protesta en el pleno de las Corts a la Fiscalía. La Mesa del parlamento valenciano, el órgano de dirección de la cámara autonómica, ha decidido no denunciar a las tres docentes que se manifestaron durante la última sesión de control desde la tribuna de invitados con gritos contra la consellera y lanzar billetes falsos con la cara de Juanfran Pérez Llorca y la titular de Educación. Eso sí, la cámara autonómica les ha prohibido la entrada, sin aclarar tiempo, según señalan fuentes presentes en la reunión.

Es la sanción que ha decidido este martes la Mesa, donde tienen mayoría PP y Vox, que ha optado por uno de los castigos más suaves dentro del abanico posible. Para ello, los representantes de este órgano (tres del PP, una de Vox -la presidencia- y una de Compromís) han analizado el informe jurídico elaborado por los servicios de la casa. En este, una de las posibilidades que se señalaba era presentar una denuncia en Fiscalía por delito contra las "instituciones del Estado".

"Si se estima que concurre que dicha causa pudiera ser, a juicio de la Mesa, constitutiva de delito, que la Presidencia dé cuenta de los hechos al Ministerio Fiscal", exponía el informe elaborado por uno de los letrados de las Corts tras la "nota elaborada por el Inspector Jefe de Seguridad relativa a los incidentes ocurridos durante el desarrollo de la sesión plenaria". En concreto, el informe citaba como posible incumplimiento del artículo 497 del Código Penal, que sanciona a quienes sin ser miembros de las Cámaras legislativas alteran el orden en sus sesiones.

No obstante, la dirección del parlamento valenciano ha optado por una sanción más suave, sin denuncia penal, y con una prohibición sine die de entrada a las tres docentes a los edificios que componen la cámara autonómica, aunque fuentes parlamentarias matizan que las decisiones tienen efecto hasta final de legislatura. También hay una advertencia a Compromís que fue el encargado de invitar a las docentes, aunque no se les pone multa alguna. La decisión llega en un momento en el que los sindicatos y la conselleria acercan posturas para desencallar el acuerdo de la huelga.

"Encauzar la convivencia"

En concreto, y según consta en la resolución, las Corts decide "sancionar a las personas que lanzaron billetes y un chaleco a los escaños con la prohibición de acceso a la tribuna de invitados del hemiciclo y al conjunto de edificios del Palau de Les Corts" así como "advertir al Grupo Parlamentario Compromís de que debe instruir expresamente a las personas que invite a una sesión plenaria del cumplimiento de las normas de orden dentro del recinto parlamentario, y de que un nuevo incidente con sus invitados supondrá la retirada de todas sus invitaciones hasta el final de la Legislatura".

Para tomar esta decisión, el órgano de dirección autonómico ha tenido "en consideración las concretas circunstancias concurrentes en el presente caso, y que es la primera ocasión que ocurre en esta Legislatura" al tiempo que justifica que toma la citada sanción "con la finalidad de encauzar la convivencia y moderar la tensión y crispación que se vivió durante dicha sesión Plenaria", la última que se ha celebrado hasta el momento, hace tres semanas, el 21 de mayo.

"Incidentes semejantes"

También ha influido que el informe de los servicios jurídicos, pese a señalar la posibilidad de acudir a la Fiscalía, advertía que unos "incidentes semejantes" sucedieron una semana antes en una sesión plenaria de las Corts de Aragón algo que, según refrendaba, "se ha quedado solo en el ámbito parlamentario y simplemente ha motivado la petición de un informe jurídico sobre cómo estaba regulado el uso de la tribuna de público en el conjunto de los parlamentos españoles". No lo pone en la resolución, pero el acercamiento entre la conselleria y los sindicatos, que aún han de votar la última propuesta de Educación, también ha podido remar a favor de no añadir una nueva afrenta con el colectivo.

La posibilidad de que las docentes fueran llevadas a la Fiscalía por parte de la cámara autonómica había enfadado a los grupos de la izquierda, PSPV y Compromís, que calificaban la posible situación de "violencia institucional", de una situación "insólita y peligrosa" y de querer "amordazar y callar" las críticas. Una vez tomada la decisión, el síndic de los socialistas, José Muñoz, ha celebrado que gracias a su "presión" no haya habido denuncia, mientras el de los valencianistas, Joan Baldoví, lamentó la prohibición y aseguró que cuando haya "una nueva mayoría podrán venir al pleno siempre que quieran". "Estar hablando de violencia institucional es violencia verbal, un atentado directo a las instituciones", indicó el síndic de los voxistas por su parte, José María Llanos.

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