“Somos testigos de las carencias históricas”: inspectores jubilados firman un manifiesto en apoyo a los docentes

El ‘Grupo de Inspectores e Inspectoras de Educación Jubilados del Pais Valencià’ se suma a las reivindicaciones de los docentes. Así lo han indicado 26 profesionales del cuerpo de inspección educativa que han estampado su firma en el manifiesto en favor de las reclamaciones del personal educativo. 

“Las inspectoras e inspectores de educación jubilados que suscribimos este manifiesto queremos expresar públicamente nuestro apoyo al profesorado valenciano y a las reivindicaciones planteadas por la comunidad educativa en el marco de la actual convocatoria de huelga”, han indicado, al inicio de su manifiesto, inspectores entre los que se encuentran la exacadémica de la Acadèmia Valenciana de la Llengua Tudi Torró, el profesor de Psicología de la Universitat de València e inspector Jesús Puig o la profesora y escritora Gràcia Jiménez.

Los firmantes del manifiesto explican que, desde el comienzo de la huelga, “individualmente” han acompañado en las manifestaciones y han seguido las negociaciones a la espera de una “pronta y satisfactoria resolución del conflicto”. “Pero el talante de los negociadores no es el que habríamos deseado y esperado de unos gobernantes que tienen la obligación de velar por una escuela pública con las garantías necesarias”, añaden.

Las reivindicaciones "responden fielmente a la realidad de los centros"

Por ello, han dado un paso más. “Hemos decidido hacer piña y manifestarnos públicamente para hacer patente nuestro apoyo a una causa que concierne a toda la sociedad”, continúa el manifiesto. “A lo largo de nuestras trayectorias profesionales hemos conocido de primera mano la realidad de los centros educativos valencianos. Hemos visitado escuelas e institutos, hemos evaluado infraestructuras, hemos analizado plantillas docentes y hemos compartido, con equipos directivos, profesorado, alumnado y familias, las dificultades y los retos cotidianos del sistema educativo. Esta experiencia acumulada nos permite afirmar con rotundidad que las necesidades y demandas expresadas por la comunidad educativa responden fielmente a la realidad existente en los centros”, indican.

“Somos testigos de las carencias históricas que afectan a numerosas infraestructuras educativas, de las insuficiencias de recursos humanos y materiales, así como de la necesidad de una planificación más rigurosa y de una inversión sostenida que garantice unas condiciones dignas para la enseñanza y el aprendizaje”, aseguran.

Preocupación por los centros dana

Asimismo, se refieren a las consecuencias de la dana que aún hoy se viven en muchos centros educativos que quedaron inundados y arrasados, y ven “especialmente preocupante la falta de diligencia mostrada por las administraciones competentes a la hora de afrontar y resolver los problemas derivados de las graves inundaciones”. “Los centros educativos afectados, sus comunidades escolares y los municipios perjudicados requerían una respuesta más ágil, eficaz y coordinada para restablecer con normalidad el servicio educativo y garantizar unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la labor docente”, consideran.

A juicio de los inspectores jubilados, falta “diálogo fluido y constructivo entre la Generalitat Valenciana y la comunidad educativa en su conjunto, así como con las organizaciones sindicales que representan legítimamente al profesorado”. “Las políticas educativas que aspiran a ser eficaces y duraderas solo pueden construirse desde la escucha, la participación y el consenso”, indican.

“Finalmente, como inspectores e inspectoras de educación, pero también como docentes que hemos sido, queremos expresar nuestro orgullo por el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo que el profesorado valenciano demuestra día tras día y que ha demostrado a lo largo de estas semanas tan intensas de huelga educativa”, zanjan, no sin antes hacer “un llamamiento a las administraciones públicas para que asuman su responsabilidad, retomen un diálogo constructivo y adopten las medidas necesarias para garantizar el futuro de la educación pública valenciana, sin olvidar que el presupuesto que gestionan no es su patrimonio, sino el dinero de todos los valencianos, que deben gestionar priorizando aquello que revertirá en una sociedad más justa”.