Cuarenta entidades sociales denuncian un incremento de controles "raciales" policiales en la Comunitat Valenciana

Cuando la policía le pide a una persona que muestre su documentación basándose en su apariencia física, en sus rasgos o en su color de piel, (en lugar de hacerlo por sospechar que ha cometido un delito) se denomina identificación por perfil racial y supone "una práctica racista y discriminatoria que atenta contra los derechos humanos". Así lo aseguran desde las organizaciones sociales que trabajan con colectivos vulnerables y llevan años denunciando estas prácticas por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ahora, dan un paso más y 40 entidades sociales (integrantes del espacio València pels Drets de les Persones Immigrades) afirman que estas identificaciones por perfil racial se han incrementado desde que se iniciara el proceso de regularización extraordinaria que permitirá a unas 100.000 personas conseguir sus permisos de residencia y trabajo en la Comunitat Valenciana. Las sanciones a quienes no disponen de permiso de residencia también se han incrementado, "contradiciendo el propio objetivo del proceso de regularización y vulnerando el principio de igualdad de trato y no discriminación", denuncian.

Estas entidades solicitaron semanas atrás una reunión con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para transmitirle su preocupación por esta situación y pedirle la aplicación de medidas que erradiquen "estas prácticas policiales racistas". "Sin embargo, hasta la fecha, la delegada no ha respondido y en muchas poblaciones valencianas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) siguen deteniendo a las personas migrantes sin que haya ninguna causa previa que justifique la actuación, tan solo su apariencia", añaden.

El Defensor del Pueblo pide que no se expulse a quien esté en proceso

De hecho, a raíz de los casos de dos chicos marroquíes encerrados en el CIE de Zapadores tras una identificación, y que fueron liberados al denunciar la Campaña CIE No que cumplían con los requisitos para la regularización, la Defensoría del Pueblo ha formulado una recomendación a la Dirección General de la Policía para que "se evite la expulsión de personas extranjeras que estén en proceso de regularizar su situación en España".

En el escrito que las entidades sociales han dirigido a Bernabé se explica "cómo son estos controles por perfil étnico o racial, que han aumentado notablemente desde el inicio de la regularización". "Con excesiva frecuencia, agentes uniformados o de paisano paran en la calle sólo a personas que por su aspecto físico o vestimentas pudieran parecer no europeas, les obligan a identificarse y en muchas ocasiones les cachean y registran delante de todo el mundo. Si la víctima de esta actuación no dispone de permiso de residencia, se le cita para incoarles una sanción o directamente se le detiene para conducirla a comisaría o al CIE. Recientemente, se han conocido varios casos y hemos tenido conocimiento de muchos otros cuyas víctimas han preferido no denunciar", explican.

Y añaden: "Diversas investigaciones han demostrado que las personas migrantes y no blancas sufren este tipo de identificaciones de forma desproporcionada e injustificada en comparación con el resto de la población. Esta mala praxis policial provoca un sentimiento de injusticia y humillación a las personas afectadas, y genera estereotipos negativos sobre minorías y colectivos".

Además, las entidades recuerdan a la delegada del Gobierno que las paradas por perfil racial "incumplen las normas que rigen el funcionamiento de los cuerpos policiales y la propia ley orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, que establece que la práctica de la identificación debe respetar los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación".

La Comunitat Valenciana lidera el número de identificaciones

Recientemente, a preguntas de Sumar, el Gobierno ha reconocido que las FCSE habían realizado 14.302 identificaciones en 2025. En la respuesta no se distingue por nacionalidades ni se explica el motivo de la identificación, pero aporta los datos por autonomías y provincias. La Comunitat Valenciana, con 3.459, y València, con 1.994, fueron los territorios donde más identificaciones se realizaron.

Frente a esta situación, las organizaciones solicitan "la puesta en marcha de formularios de identificación donde se indique datos sobre la nacionalidad o la condición étnico-racial de la persona, el motivo de la actuación y su resultado; la recopilación y análisis de los datos de los formularios para detectar patrones discriminatorios y adoptar medidas para combatirlos; la formación del personal de las FCSE en buenas prácticas en materia de intervenciones policiales no discriminatorias, así como en el uso adecuado de los formularios; y el establecimiento de un diálogo permanente con las entidades de derechos sociales y los colectivos y representantes de las minorías étnico-raciales para informar sobre los datos de los formularios de parada y mejorar la confianza institucional".

Suscríbete para seguir leyendo