La Audiencia obliga a la jueza de la dana a seguir transcribiendo las declaraciones pese al fin de los refuerzos

El juzgado de la dana tendrá que seguir transcribiendo las declaraciones. La jueza de la dana acordó dejar de realizar las transcripciones después de que la Conselleria de Justicia anunciara no prorrogar los puestos de refuerzo en numerosos juzgados de la Comunitat, entre ellos los de Catarroja, pero la Audiencia de Valencia le ha ordenado continuar con ese trabajo.

Hay que recordar que la Conselleria que dirige Nuria Martínez ha asegurado que esas cuatro plazas, donde trabaja personal interino, serán ocupados por otros funcionarios a partir del 30 de junio, pero aun así la jueza había decidido que pondría fin a las transcripciones. La Audiencia, con todo, ha estimado un recurso de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, contra esa decisión.

"La existencia del soporte audiovisual no debe -especialmente en causas de la complejidad y el volumen de la presente- sustituir a la documentación escrita.", concluye la sección segunda de la Audiencia, según la cual "la localización de diligencias en este procedimiento resulta muy dificultosa y el acceso a su contenido lo será aún más si no se documenta por escrito". "Se pueden ver menoscabados de manera severa derechos fundamentales del proceso: el derecho de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un proceso con todas las garantías, el derecho a la prueba...", apunta el auto de la Audiencia.

Así, recuerda que el fin de los refuerzos se producirá el 30 de junio, por lo que la decisión de la jueza tuvo lugar en base a "un futurible, dependiente de que efectivamente dicha resolución se lleve a efecto o no sea sustituida o complementada por otra". Pero aun así, incluso se llegara al caso de que el juzgado perdiera esos funcionarios -la Consellería ha asegurado que no será así- "lo que procederá es activar todos los mecanismos gubernativos para conseguir remover los obstáculos que pudieran dificultar la rápida cobertura de las plazas que hubieran quedado vacantes".

"Lo que no se revela proporcionado", dice el auto de la Audiencia, "es que la proyección del problema de organización judicial y dotación de plazas se proyecte sobre el modo en el que deben quedar documentadas las actuaciones",