Negociación con el profesorado en verano o un inicio de curso 'caliente'

La enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana cerró en falso el pasado jueves uno de los capítulos de mayor conflictividad sociolaboral de su historia reciente. La huelga indefinida de docentes, iniciada el pasado 11 de mayo de 2026 y suspendida provisionalmente el 11 de junio, se ha extendido durante 32 días y 23 jornadas lectivas completas con manifestaciones multitudinarias en la calle que han puesto a prueba la capacidad de negociación de la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, y desatado las críticas hacia el actual 'president', Juanfran Pérez Llorca, situando la educación en el centro del debate político y social.

La merma en el salario del profesorado en huelga, de hasta 500 euros de quita por semana; el cansancio y el desgaste de los docentes al no ver avances en las negociaciones; la división de la histórica unión sindical con la que arrancó la movilización; y el enfriamiento de apoyo de las familias después de un primer respaldo inicial, han llevado a desactivar, al menos temporalmente, la huelga indefinida. No obstante, aunque los sindicatos mantienen la idea de retomarla a partir de septiembre como medida de presión en lo que se espera que sea un inicio de curso caliente si no prospera la negociación estival que propone el mismo Pérez Llorca.

Una huelga de impacto nacional

La movilización convocada por la mayoría sindical que conforman el Stepv, la principal fuerza entre el profesorado, CC OO y UGT, con apoyo de CSIF y ANPE y respaldada por el movimiento estudiantil y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (FAMPA) destacó por una escalada rápida en las calles. La primera manifestación del 15 de mayo, calificada de "histórica", congregó a más de 35.000 personas en València. La presión aumentó el fin de semana del 23 y 24 de mayo con una marcha de más de 30.000 docentes y familias que colapsó el centro de la capital.

La huelga de los docentes valencianos cobró dimensión nacional cuando el domingo 31 de mayo un agente antidisturbios de la Policía Nacional empujó por la espalda a una profesora jubilada de 68 años que participaba en una protesta frente al Palau de la Música, donde se encontraba Pérez Llorca. La mujer cayó al suelo golpeándose la cabeza y necesitó ser asistida en un centro de salud por rotura del tabique nasal y heridas en la barbilla. El vídeo de la embestida del agente, que fue expedientado, se hizo viral.

Negociación televisada

La tensión en la negociación quedó en evidencia desde el inicio cuando la consellera Carmen Ortí exigió a los sindicatos "un gesto" de flexibilidad ante una primera propuesta que no gustó a los representantes del profesorado. Tras unas primeras mesas de negociación sectoriales a puerta cerrada, la conselleria decidió en un gesto poco habitual televisar las maratonianas reuniones con los sindicatos. El tramo final de las movilizaciones vino acompañado de una acampada de docentes en la plaza de la Virgen de València que arrancó el 2 de junio y duró 10 días. Ni la alcaldesa de València, Mª José Catalá, ni la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ordenaron desalojar la acampada pese a carecer de permiso. Ninguna quería enfrentarse al profesorado. Ambas se disputarán el año próximo la alcaldía del Cap i Casal. El 'campamento' se desmontó finalmente el 11 de junio tras la decisión de docentes y sindicatos para suspender la huelga temporalmente pese a no haber alcanzado un acuerdo unánime con Educación.

Se levanta la acampada de los docentes en plaza de la Virgen tras nueve días y la suspensión de la huelga

Una huelga en 'pausa'

El desgaste provocado entre las filas docentes por la que es sin duda la huelga indefinida del profesorado más larga de la historia de la enseñanza valenciana se hace evidente en los datos oficiales de seguimiento diario del paro que iba dando la conselleria, pues se pasó de un 35 % en la fase inicial al 3 % un mes después. De ahí que la consulta telemática celebrada el 10 de junio de 2026 ante la última propuesta de Educación funcionase como un referéndum para poner en 'pausa' la movilización. Participaron 30.238 docentes —un 38,91 % del censo—. Sus votos certificaron el rechazo a la oferta de la Generalitat, aunque votaron a favor de suspender temporalmente la huelga indefinida.

La propuesta de acuerdo global de la Generalitat, que pone sobre la mesa una inversión superior a los 3.300 millones de euros en cuatro años (2026-2029) en la mejora y transformación de la educación pública, recibió el respaldo de apenas un 13 % de los participantes, mientras que el 87 % votó en contra. A nivel táctico, el 67 %, dos de cada tres de los votantes dijo si a finalizar de forma inmediata la huelga indefinida. De estos, el 71 % eligió la fórmula de una "suspensión temporal" para continuar con movilizaciones intermitentes, frente al 29 % que propuso una "desconvocatoria" formal definitiva para trasladar las protestas en bloque al próximo curso.

La negociación ha acabado con preacuerdos parciales en los cinco puntos que había sobre la mesa (salario, ratios, burocracia, valenciano e infraestructuras).

Burocracia

Las propuestas para reducir la carga de trabajo burocrático del profesorado representan el único acuerdo mayoritario y de consenso unánime de las bases. Fue firmado por Stepv, CC OO, UGT y CSIF tras cosechar un 82 % de aprobación en la consulta docente, aunque ANPE se desmarcó de la firma, exigiendo un plan calendarizado por la Conselleria de Administración Pública para trasladar Personal de Administración y Servicios (PAS) a todos los colegios de la red autonómica, argumentando que sin administrativos técnicos, la eliminación de la burocracia docente es irrealizable.

Salarios

La pérdida del poder adquisitivo del profesorado, cuyo tramo salarial autonómico lleva década y media sin actualizar, es el principal caballo de batalla del actual conflicto educativo. La administración de Pérez Llorca ofreció una subida salarial de 200 euros mensuales brutos en los complementos de carácter autonómico distribuidos en un plazo de 15 meses, acompañada de la concesión de seis días de libre disposición adicionales al año. La propia conselleria valora esta medida en más de 800 millones de euros inversión en los próximos cuatro años, de los que solo 35 se han presupuestado para este 2026.

Este acuerdo fue firmado exclusivamente por ANPE y CSIF, que ostentan conjuntamente un tercio de la representación sindical. La consellera Carmen Ortí declaró clausurado el bloque retributivo, asegurando que los salarios no se volverán a renegociar. Algo que rechaza la gran mayoría sindical que conforman Stepv, CC OO y UGT, que augura un otoño caliente si el Consell no se acerca a la reivindicación inicial de los sindicatos: una subida escalonada, hasta 2029, de 400 euros mensuales y revisión anual del salario de acuerdo con el IPC.

Valenciano

El debate sobre la Ley de Libertad Educativa encalló las conversaciones. CSIF firmó de forma solitaria un preacuerdo sobre el valenciano que permitía a entidades colaboradoras regular e impartir la "Capacitación para la enseñanza en Valenciano" y el "Diploma de Maestro de Valenciano" para que fuesen computados como méritos de concurso en la función pública. El resto de sindicatos rechazó la propuesta.

Ratios

Es otro de puntos clave de las negociaciones debido al impacto que tiene en el presupuesto de la Generalitat reducir el número de alumnos por aula, ya que esta medida supone crear más unidades o clases y, por tanto, contratar más profesorado. Las propuestas de la Generalitat en materia de ratios de alumnos por clase, con una inversión de 111 millones de euros en cuatro años, y de inclusión educativa fueron devueltas de forma unánime por los sindicatos. La pretensión docente es rebajar significativamente el número de alumnos por aula con 15 en ESO y 20 en Bachillerato frente a los 30 vigentes.

En inclusión, los sindicatos denuncian la ausencia de compromisos presupuestarios para contratar especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), además de la nula mejora en las ratios de orientación escolar.

En Formación Profesional, el texto cosechó un 78 % de rechazo docente. Ningún sindicato firmó el bloque debido al nuevo modelo de formación dual en empresas, el cual, según denuncian, impone tutorías no remuneradas y elimina desdobles lectivos, sobrecargando los horarios de las plantillas.

Plantillas docentes

En materia de personal, el "Plan +Maestro" de la Generalitat, aunque propone un aumento de más de 7.700 docentes, fue rechazado (78 % en contra) por postergar las contrataciones de refuerzo de plantilla al curso 2027-2028, exigiéndose además el pago del salario estival para el personal interino y la cobertura inmediata de sustituciones de las bajas. Este es otro de los grandes desafíos del acuerdo por el volumen de inversión que requiere, ya que la contratación de esos miles de docentes más costará 357 millones de euros.

Infraestructuras

El bloque de infraestructuras fue escenario de un encendido debate matemático e interpretativo. El texto de la Conselleria recogía una asignación cercana a los 1.410 millones de euros hasta 2029. Los sindicatos rechazaron unánimemente el preacuerdo, argumentando la ausencia de un calendario con fechas vinculantes y la ralentización de las obras pendientes del Plan Edificant. El plan contempla 140 millones de euros para climatización de las aulas.

Los profesores mantienen la huelga indefinida

Del apoyo al cansancio de las familias

La prolongación de la huelga por más de un mes activó la reacción de las organizaciones de familias. Organizaciones como FAMPA València y la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya manifestaron una doble postura ante el conflicto. Al inicio de las movilizaciones apoyaron activamente las protestas, coincidiendo en la urgencia de dotar de recursos estructurales y de climatización a la escuela pública. Sin embargo, a finales de mayo se impuso un sentimiento generalizado de cansancio e incertidumbre. Las familias reclamaron que el final de curso y los procesos de matriculación no se viesen comprometidos, exigiendo a la administración que "entrase en razón" y a los sindicatos flexibilidad para evitar prolongar un conflicto que empezaba a perjudicar la conciliación familiar y el progreso del alumnado, especialmente, de los alumnos que cursan Bachillerato, ciclo decisivo para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Ante la convocatoria de exámenes de final de curso y las PAU, la Generalitat intervino fijando servicios mínimos del 100 % para blindar el desarrollo de las pruebas académicas de los alumnos de segundo de Bachillerato

El nuevo curso escolar 2026-2027 comenzará el próximo 9 de septiembre, si no se alcanza un acuerdo este verano entre sindicatos y conselleria, bajo un clima de tensa tregua en la enseñanza. La evolución del conflicto en los próximos meses determinará si la suspensión del paro indefinido permite avanzar de forma real hacia la resolución de las deficiencias estructurales de la educación valenciana o si, por el contrario, conduce a un escenario de bloqueo institucional recurrente al regreso de las vacaciones que amenaza con marcar el último tramo de la presente legislatura autonómica.