Los expertos reclaman más formación y prevención ante la elevada mortalidad de los motoristas

La seguridad de los motoristas se situó en el centro del debate público y técnico durante la celebración del II Foro de Seguridad Vial, organizado por Levante-EMV junto al Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Bajo el lema ‘Siniestralidad de motoristas: análisis, reflexiones y soluciones’, expertos de todos los sectores analizaron las causas de un problema que continúa creciendo en las carreteras españolas.

Durante la inauguración del evento, moderado por la directora de relaciones institucionales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Silvia Tomás, el responsable de carreteras de la Diputació de València, Javier Piedra, defendió que la seguridad vial «no es patrimonio de nadie» y apeló a la corresponsabilidad de administraciones, empresas y usuarios. El representante provincial recordó el esfuerzo realizado en la conservación de carreteras durante los últimos años y subrayó la necesidad de seguir avanzando en infraestructuras, tecnología y formación.

Por su parte, el director general de Metalesa, José Carlos Cucarella, destacó el valor de reunir en una misma mesa a todos los actores implicados en la movilidad. El estudio presentado por César Valero, director de Innovación y Digitalización de Metalesa, analizó cerca de 59.000 siniestros de motocicletas registrados en vías interurbanas entre 2016 y 2024. Entre sus conclusiones destaca que uno de cada cuatro fallecidos en carretera es motorista y que casi una quinta parte de los accidentes son mortales o muy graves.

El informe identifica un perfil muy definido: accidentes en carreteras convencionales de una sola calzada, generalmente en curva, con buen tiempo, firme seco y luz natural. La mayoría afectan a hombres de entre 45 y 64 años y a motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos.

La primera mesa redonda reunió al fundador de INTRAS, Luis Montoro; la responsable de Movilidad y Seguridad Vial de Anesdor, Alba Martínez; la jefa del Servicio de Seguridad Vial de la Diputació de València, Paloma Corbí; y el profesor de la Universitat Politècnica de València David Llopis.

Luis Montoro fue contundente al describir la situación. El catedrático recordó que el problema no reside en la motocicleta como medio de transporte, sino en una siniestralidad que continúa creciendo. Durante la última década se han registrado cerca de 300.000 heridos y más de 3.600 fallecidos motoristas en España. Además, mientras en Europa los motoristas representan el 16 % de las víctimas mortales, en España alcanzan el 23 %. «Estamos hablando de muertes evitables», afirmó.

Alba Martínez defendió la necesidad de profundizar en el análisis de los accidentes para poder prevenirlos con eficacia. A su juicio, el principal valor del estudio es que permite identificar patrones y confirmar que la siniestralidad responde a una combinación de factores humanos, técnicos e infraestructurales.

Desde la experiencia de la red provincial, Paloma Corbí explicó que la Diputació lleva años estudiando específicamente los accidentes de motoristas. Los datos muestran una incidencia especialmente elevada en las carreteras provinciales, favorecida por la orografía y las buenas condiciones climáticas. También señaló la influencia de elementos como la anchura de los arcenes y recordó que la institución ha identificado doce tramos con especial concentración de siniestros.

Por su parte, David Llopis defendió la necesidad de avanzar hacia modelos predictivos basados en el análisis del riesgo y no únicamente en el estudio de los accidentes ya ocurridos. El profesor reclamó además infraestructuras más adaptadas a las necesidades de los motoristas, teniendo en cuenta factores como la adherencia del pavimento, la señalización o los sistemas de protección.

Uno de los consensos más claros de la mesa fue la importancia de la formación. Montoro recordó que España es una excepción en Europa al permitir conducir determinadas motocicletas sin formación específica y defendió reforzar tanto la educación vial como la vigilancia. «Investigar para saber, saber para conocer y conocer para actuar», resumió.

Un parque al alza

La segunda mesa trasladó el debate desde el diagnóstico hacia las posibles soluciones. En ella participaron María José Alonso, de la plataforma Valores que unen; María Pilar, representante de la Dirección General de Tráfico; el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (Avae), Juan Carlos Muñoz; el jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Valencia, Javier Sánchez-Ferragut; y el fiscal de Seguridad Vial, Eduardo Olmedo.

María José Alonso defendió que la seguridad vial debe entenderse como una responsabilidad compartida que trasciende al propio conductor. «La seguridad vial deja de ser individual en el momento en que nuestras acciones afectan a otras personas», señaló, e insistió en la necesidad de fomentar una cultura de la autoprotección y de la responsabilidad, apostando por una formación continua que permita adaptarse a unos vehículos y unas condiciones de movilidad en constante evolución.

Alonso también puso el foco en la importancia del equipamiento de seguridad. Más allá del casco, defendió el uso de elementos como el chaleco con airbag, cuyo coste, afirmó, resulta difícil de justificar cuando muchos usuarios invierten miles de euros en sus motocicletas y otros dispositivos personales. Para ella, los valores compartidos, el respeto a las normas y la conciencia del riesgo son herramientas tan importantes como cualquier avance tecnológico o mejora de las infraestructuras.

María Pilar, representante de la DGT, alertó de que en la Comunitat Valenciana casi la mitad de los fallecidos en carretera durante 2025 fueron motoristas. Además, recordó que el parque de motocicletas ha crecido un 25 % desde 2019 y subrayó que el perfil predominante entre las víctimas mortales no es el de conductores noveles, sino el de usuarios con más de veinte años de experiencia al volante. Por ello defendió reforzar la formación continua y recordó medidas recientes como la actualización de los cursos de recuperación de puntos, la incorporación de contenidos específicos para motoristas y la próxima aprobación del Real Decreto de Usuarios Vulnerables.

Juan Carlos Muñoz reclama más cursos y una formación práctica que permita afrontar situaciones reales en carreteras convencionales, donde se concentra buena parte de la siniestralidad

El presidente de Avae, Juan Carlos Muñoz, coincidió en señalar la formación como una de las grandes asignaturas pendientes. Criticó especialmente que conductores con tres años de permiso B puedan acceder a determinadas motocicletas sin formación específica y advirtió de que muchos usuarios llevan décadas sin reciclar conocimientos. «La conducción de una moto no tiene nada que ver con la de un coche», afirmó. También reclamó más cursos y una formación práctica que permita afrontar situaciones reales en carreteras convencionales, donde se concentra buena parte de la siniestralidad.

Por su parte, Javier Sánchez-Ferragut identificó la velocidad como uno de los factores más presentes en los accidentes graves. El responsable de la Guardia Civil recordó que la motocicleta exige una conducción especialmente precisa y resumió esta realidad con una frase que se repitió durante el debate: «La moto no perdona». También destacó la utilidad de las campañas de vigilancia y concienciación, incluidas las realizadas con motocicletas camufladas, para acercarse al usuario y transmitir mensajes de prevención. Además, llamó la atención sobre un fenómeno conocido entre los especialistas: muchos conductores de turismos buscan inconscientemente coches en la carretera y no perciben con la misma facilidad a ciclistas y motoristas.

Desde la Fiscalía, Eduardo Olmedo puso el foco en la reincidencia de determinados conductores que acumulan sanciones y condenas sin modificar sus comportamientos de riesgo. El fiscal reconoció las dificultades para encontrar respuestas eficaces a estos casos y reclamó medidas valientes que permitan actuar sobre quienes reinciden una y otra vez en conductas peligrosas.

La mesa concluyó con un amplio consenso sobre la necesidad de combinar infraestructuras más seguras, mejores vehículos, formación continua, vigilancia eficaz y una mayor concienciación social. Una tarea compartida en la que, como defendió María José Alonso, los valores y los comportamientos cotidianos resultan tan decisivos para salvar vidas como cualquier innovación técnica.