Justicia promete una subida salarial para sus más de 5.500 funcionarios con la huelga educativa como telón de fondo

"Creo que tendremos noticias pronto en sentido positivo". Con estas palabras, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, anunciaba hace dos semanas en Les Corts Valencianes la próxima subida salarial para los más de 5.500 funcionarios de justicia de la Generalitat Valenciana tras meses de reivindicaciones sindicales no atendidas. La actualización del complemento específico para compensar los estorbos de la conocida como Ley Bolaños y su equiparación a la media nacional ha centrado las exigencias de los sindicatos junto a la mejora del complemento para combatir la brecha de género, cobro retroactivo incluido.

El próximo viernes, Justicia y Hacienda esperan poner sobre la mesa una oferta de mejora retributiva. Como previa, durante la semana, la consellera se está reuniendo con las diferentes organizaciones sindicales por separado. Este martes lo hicieron con el STAJ, CSIF e Intersindical y, pese a la voluntad manifestada y en plena tramitación de los Presupuestos de 2026, no quisieron trasladar ninguna cifra concreta. Fuentes de la conselleria justifican que están "terminando de perfilar la propuesta" y que la trasladarán en el encuentro conjunto del viernes.

Lo que sí expusieron las representantes de la conselleria en las reuniones de este martes, según fuentes presenciales, es que la complicada negociación de la Generalitat con los sindicatos docentes en plena huelga del profesorado ha "hipotecado" buena parte del presupuesto de cara a los próximos años. En ese sentido, los representantes sindicales no salieron "muy optimistas" de este primer contacto a pesar de la promesa de que será "la mayor subida" desde 2014 y critican que no se hablara de "cantidades" ni se precisara "si la subida tendrá efecto retroactivo desde principios de año" o, al menos, si supondrá alcanzar la media nacional. "La impresión que nos estamos llevando ya es mala", señalan otras fuentes sindicales, que cuestionan la estrategia de sondear a los sindicatos uno por uno. Justicia lleva semanas negociando con la Conselleria de Hacienda, que dirige José Antonio Rovira. La consellera expresó en Les Corts "el compromiso y la voluntad en mejorar las condiciones de los funcionarios de justicia" pero sin aportar tampoco ninguna cifra.

La mejora del complemento específico

El punto central es el conocido como complemento específico, que es particular de cada comunidad autónoma. Los sindicatos llevan tiempo quejándose de que, el de la Comunitat Valenciana, se sitúa por debajo de la media estatal, con cerca de unos 250 euros de diferencia. El acuerdo de legislatura suscrito en 2024 entre la Generalitat y los sindicatos recogía esta mejora para conseguir la equiparación pero siempre ligada a la disponibilidad presupuestaria. Ahora, a un año de elecciones, parece que el tiempo se echa encima y a la administración autonómica se le han juntado las reivindicaciones del profesorado con las del personal del justicia.

La consellera reconoció en sede parlamentaria el "esfuerzo considerable" realizado por el personal de justicia para la implantación de la Ley de eficiencia -conocida como Ley Bolaños-, que ha supuesto una reestructuración completa de los servicios judiciales con la implantación de los tribunales de instancia y los servicios comunes. Una ley "caótica", tal como la definió Martínez en Les Corts, a la que va aparejada este complemento que lleva meses siendo motivo de tensión con los sindicatos porque la Generalitat Valenciana no le aplicó las subidas del 0,5% y el 2,5% aprobadas por el Gobierno para todos los funcionarios en 2024 y 2025.

En las nuevas tablas, la administración autonómica trasladó la subida salarial a todos los conceptos pero excluyó este complemento. Los sindicatos calculan en 300 euros la cantidad que, de media, adeudaría la Generalitat por este concepto a cada funcionario de justicia y temen que Hacienda quiera hacer borrón y cuenta nueva: incluir esa actualización como mejora retributiva en la oferta del viernes y 'olvidarse' de los atrasos. En la Conselleria mantienen el silencio al resecto. "Lo único que nos han asegurado es que la subida que se apruebe, estará fijada en las tabalas a 31 de diciembre para evitar problemas con las actualizaciones el año que viene", reconocen las fuentes sindicales consultadas.

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