Sindicatos y Conselleria se sientan de nuevo en la mesa de negociación para hablar de inclusión

Un abrumador 69,5% de los docentes que votaron que no al acuerdo global con la Conselleria de Educación en el marco de la huelga, en la consulta promovida por la mayoría sindical, votaron también en contra, específicamente, del bloque de propuestas en inclusión educativa. Solo el restante 30,5% lo hizo a favor. 

Es el tema sobre el que girará la mesa sectorial que este jueves mantendrán los sindicatos con la Conselleria de Educación en su sede de Campanar, la primera tras la suspensión de la huelga indefinida tras cinco semanas. El paro se cerró, de momento y con la posibilidad de reactivarse en cualquier momento, el jueves pasado en una última reunión en la que solo se logró rubricar dos acuerdos parciales -de todos los sindicatos menos ANPE en materia de burocracia y solo de CSIF en materia de valenciano-. Sobre cómo iba a continuar la negociación, la consellera Carmen Ortí decía en rueda de prensa: “Por las fechas en las que estamos y la operatividad, se realizarán convocatorias en las que se traten absolutamente todos los temas que sean susceptibles de llevar a esas mesas de negociación". "No se cierra la puerta a nada, pero evidentemente también hay cuestiones de funcionamiento ordinario de esta conselleria, tenemos que preparar el curso que viene, realizar adjudicaciones, muchas cuestiones organizativas que se realizan a final de curso y que también tienen que salir adelante", indicó la consellera de Educación, que parecía apuntar a mesas ordinarias.

Pero finalmente, y quizá sin esperarlo a tenor de las declaraciones de la responsable de la Conselleria, los sindicatos recibieron este martes un correo de convocatoria para las 9.30 horas de este jueves. El orden del día, indicaba el texto, era “seguimiento/continuidad de la negociación, bloque Inclusión Educativa”.

No es un tema menor y, a juzgar por los resultados de la consulta online puesta en marcha por el Stepv, CC OO y UGT, la opinión de los docentes es que la propuesta de la Conselleria en materia de inclusión seguía siendo insuficiente. Así lo dio a entender el voto en contra del 69,5% de los profesores que votaron en esa pregunta, mientras que solo un 30,5% lo hizo a favor. Por etapas educativas, los docentes de las Escuelas Oficiales de Idiomas fueron los que mostraron un grado de apoyo más alto a la propuesta en inclusión, un 49,6% voto que sí, seguidos por los de Enseñanzas artísticas, con un 42,7% de voto a favor y un 38,6% de los de FP. El nivel más bajo de apoyo se obtuvo entre los profesionales -precisamente- de los centros de educación especial. Solo un 21,5% votó a favor.

La propuesta de la Conselleria

Pero ¿dónde está la brecha entre lo que propone la Conselleria y lo que reclaman los sindicatos? En materia de inclusión, la propuesta de “acuerdo global” de Educación incluye algunas medidas ya anunciadas antes de la convocatoria de la huelga, como las 135 nuevas plazas de profesorado de Audición y Lenguaje o las 36 nuevas unidades específicas en centros ordinarios (UECO) para el curso 2026-2027. 

Otras se fueron incluyendo en el marco de la negociación, como un aumento de un 30 % adicional de profesionales de la Educación Social para el curso 2026–2027 o la garantía de mantenimiento de, al menos, 187 PTs para el curso próximo, así como la transformación de estas plazas en estructurales en los centros donde se detecte la misma necesidad durante tres cursos consecutivos. Asimismo, se comprometían a la dotación, en el plazo de cuatro cursos desde el 2027-2028 de entre medio y un PT o AL y medio extra en todos los centros de Educación Infantil y Primaria.

¿Qué piden los sindicatos?

También habla de inclusión el documento de reivindicación presentado por la mayoría sindical. En concreto, Stepv, CC OO y UGT defienden que la atención a la diversidad y la escuela inclusiva requieren “un diagnóstico previo y un ajuste de los criterios para dotar del profesorado de Orientación, PT, AL y PAE —educadoras y educadores, fisioterapeutas, intérpretes de lengua de signos— necesario para una mejor atención a nuestro alumnado”. Por tanto, pedían como primer paso un diagnóstico sobre el alumnado con necesidades sin atención especializada, las listas de espera de diagnóstico por zonas y tiempo medio de espera o los déficits por especialidades: PT, AL, educadores, fisioterapeutas, intérpretes de lengua de signos. A partir de eso, se pedía una comisión de auditoría técnica inmediata antes de septiembre de 2026.

Asimismo, pedían una “consideración especial” en la normativa respecto al profesorado de Orientación en CEIP “para garantizar sus derechos laborales como profesorado del cuerpo de Secundaria, de modo que puedan desarrollar su labor de orientación con todas las garantías”. También respecto al profesorado de FP en los centros de educación especial. Se reclamaba también un educador social estructural en Secundaria y equipos especializados del personal de atención educativa, la ampliación de las Unidades de Detección Precoz de salud mental hasta la cobertura total del territorio antes de 2028, la negociación, antes del fin de curso 2026/27, de la incorporación de la Orientación Educativa en las enseñanzas artísticas, EOI y FP para adultos y la negociación de mejoras de las condiciones laborales y retributivas de las funciones de coordinación y de los equipos de agrupación de zona.

Eso en cuanto a los tres sindicatos que conforman la mayoría, que votaron en contra del bloque como pidieron los docentes. Pero también lo hicieron ANPE y CSIF. Desde el primero de esos sindicatos hablaban de una propuesta “insuficiente” y con plazos “excesivos”. Destacaban que el personal es insuficiente, no llega a tiempo y no cuenta con estabilidad inmediata en el centro. Además, consideraban que las aulas UECO requieren personal adicional definido y que los centros de educación especial no están reflejados, ni se refleja la enfermera escolar en los centros.

Desde CSIF, por su parte, reclamaban en este bloque el desarrollo de la autoridad del profesorado, la asistencia jurídica gratuita y eficaz al profesorado frente a las agresiones, el reconocimiento de las agresiones como accidente laboral y la implantación de la enfermería escolar. También consideraban insuficientes los recursos desplegados para la inclusión.

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