Más de 3.000 personas piden una valoración de discapacidad cada mes: así puedes reducir el tiempo de espera

Cuando una persona ve mermadas sus capacidades tras una enfermedad, un accidente o cualquier situación que conlleve una discapacidad (sobrevenida o por nacimiento) debe solicitar el certificado que así lo acredite. Se denomina certificado de discapacidad, lo tramita y expide la Conselleria de Servicios Sociales (desde los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante) y refleja un porcentaje que, si es mayor del 33%, implica la puerta de entrada a ayudas, prestaciones y derechos sociales.

Sin embargo, el sistema está colapsado desde hace años. Cada mes, la conselleria recibe entre 3.000 y 3.500 solicitudes y el tiempo de espera es de año y medio entre que la persona pide la valoración y recibe el certificado correspondiente. Hace seis meses, había más de 61.000 expedientes en lista de espera.

Para resolver esta situación, desde la conselleria de Servicios Sociales han diseñado un plan que cuenta con las entidades sociales como protagonistas con el objetivo de que sean ellas las que tramiten las solicitudes de discapacidad y las presenten de forma telemática. Así, las asociaciones que así lo deseen recibirán la correspondiente acreditación de "entes habilitados" y tendrán autorización para presentar los expedientes de forma telemática.

"Las asociaciones saben cómo funciona el sistema y la Administración, así que si son ellas las que se encargan de presentar el expediente de forma telemática con toda la documentación correspondiente seguro que se mejoran los tiempos. Por una parte, porque se evita la demora que implica que falte un papel, un informe o cualquier tipo de documentación; y segundo, porque se elimina también el tiempo que le lleva a un funcionario digitalizar toda la documentación en papel para así centrarse en la tramitación de los expedientes, no en su presentación", explica la directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost.

Una de cada tres peticiones se resuelve con menos del 33%

Además, desde la conselleria también están convencidos de que la inclusión de las entidades sociales en el sistema suprimirá una serie de peticiones que no alcanzan el grado de reconocimiento del 33%, que es el fin que persigue quien pide el certificado de discapacidad ya que es a partir de ese porcentaje cuando se puede acceder a determinadas ayudas, prestaciones y bonificaciones fiscales. "Muchas veces desde el sistema sanitario se anima al paciente a pedir el certificado de discapacidad, pero las asociaciones saben bien cómo son los baremos. Un tercio de las peticiones acaban con una resolución menor del 33%, lo que a efectos prácticos no tiene consecuencias. Por eso también creemos que esta medida ayudará a suprimir esas peticiones que se realizan 'por probar' porque la realidad es que el volumen de peticiones mensuales es de entre 3.000 y 3.500 ", añade Congost.

Por el momento, 23 asociaciones ya se han dado de alta como entes habilitados. "A las asociaciones no les cuesta nada porque no les exigimos nada. Si quieren se dan de alta, y si no quieren, no. Lo único que exigimos es que tengan un seguro que ya tienen las asociaciones de por sí. Es algo voluntario para dar un mejor servicio a sus socios. Si quieren cobrar por hacer el trámite, que lo cobren. De hecho, muchas realizan la labor de asesoramiento pero luego, a la hora de hacer el trámite era el usuario el que tenía que hacerlo. Si tenía firma digital y se manejaba con las nuevas tecnologías, lo presentaba de forma telemática y si no, pues iba de forma presencial con la documentación. Ahora, la entidad puede asesorar y tramitar el expediente de forma telemática y seguro que se agilizan los tiempos", explica la directora general.

La medida, además, también afecta a la Conselleria de Hacienda. "En el caso del reconocimiento del grado de discapacidad cada día de retraso, cada incidencia documental, cada marcha atrás en un expediente, tiene un coste real en la vida de alguien. Por eso la simplificación en el proceso es un medio para que los derechos lleguen antes y mejor a las personas", explica el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega. Y concluye: "Es una forma más inteligente de gestionar el público. Cuando una entidad acompaña a una persona en su solicitud, mejora la calidad del expediente desde el origen, reduce incidencias, y libera capacidad de la administración para centrarse en lo que de verdad requiere su intervención".

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