Regularización en València: El ayuntamiento expide el 90% de los expedientes de vulnerabilidad en los últimos 10 días tras dos meses de "atasco"

El Ayuntamiento de Valencia ha recibido 7.500 solicitudes para emitir un informe de vulnerabilidad para el proceso de regularización extraordinaria, ha denegado 400 y ha expedido 7.105, según informan fuentes municipales. Sin embargo, solo se han entregado 734 informes de vulnerabilidad.

Esa fue la cifra que la concejala de Servicios Sociales le trasladó a las entidades sociales de la Comisión Permanente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad (CLII) de València que se reunió el pasado 8 de junio. Ahí el consistorio sólo había tramitado el 10% de las peticiones (les faltaban más de 6.000), pero anunciaba una nueva herramienta para expedir 400 solicitudes cada día, a falta de tres semanas de que finalizara el plazo para poder presentar los expedientes que pueden cambiar la vida de los migrantes en situación irregular, tras dos meses de atasco. Es más, en esa reunión se dio la fecha del 19 de junio y el compromiso de que todos los expedientes serían expedidos. Desde el ayuntamiento de Valencia afirman que así ha sido, mientras las entidades sociales lamentan la "falta de voluntad política por no haberlo hecho antes".

"Ha habido una falta de previsión clamorosa por parte del consistorio, a pesar de los intentos de las entidades sociales de reunirse con antelación, para estudiar necesidades y posibles medidas a adoptar. Ha habido inacción en lo que respecta al acompañamiento y orientación de las personas, mientras que, en la parcela estrictamente burocrática, la actuación está siendo a todas luces muy limitada. Sin embargo, ha habido un intento de transmitir a la ciudadanía que se estaba apoyando el proceso, con anuncios de actuaciones que en realidad no se han llevado a cabo", aseguran.

Desde el Ayuntamiento de Valencia recalcan que "ya ha entregado 640 certificados y ha completado el envío de SMS a todos los solicitantes que tienen pendiente la recogida del informe, que se realiza en Tabacalera. Estas acusaciones falsas e infundadas son una falta de respeto hacia el trabajo que han realizado los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia en este proceso de regularización, que como se explicó fue caótico y sin la colaboración e información del Gobierno Central que cargó de trabajo extra a las administraciones municipales".

Entidades "desbordadas"

Las entidades sociales denuncian que ante este panorama "de inacción y negligencia" por parte de la administración local, las organizaciones sociales de València "se han visto desbordadas durante el proceso, teniendo que asumir, con gran esfuerzo y mucho voluntarismo, la dejación de funciones del Ayuntamiento. Hemos tenido que echar mano del apoyo de muchas personas voluntarias, hemos tenido que extender al máximo los horarios de atención y buscar fórmulas imaginativas para poder responder a todas las necesidades que se nos han trasladado. Y, en todo este proceso, no hemos encontrado colaboración, ni siquiera interlocución, por parte del Ayuntamiento".

"Ya en la última reunión del CLII de València, celebrada el pasado 10 de marzo, introdujimos un punto en el orden del día para tratar el proceso de Regularización Extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, anunciado por el gobierno central, cuya publicación se esperaba a mediados de abril. En dicha reunión quedó acordado que en cuanto saliera el reglamento la Concejalía de Bienestar e Inmigración convocaría una reunión con las organizaciones sociales para coordinar el proceso, y se comprometió a disponer recursos, tales como personal y locales, para atender y acompañar a las personas en dicho proceso", denuncian las entidades.

Y añaden: "Ante la inminencia de la publicación del Decreto Ley y la ausencia de noticias por parte del Ayuntamiento, las entidades sociales del CLII enviaron un correo al servicio técnico recordando la necesidad de convocar la reunión de coordinación acordada y fijando la fecha para el 20 de abril (día en el que de hecho se comenzaron a poder presentar los expedientes de Regularización). El Ayuntamiento fue posponiendo la reunión, hasta que finalmente se convocó el 8 de junio, ya en la recta final del proceso, cuando apenas quedaba margen de actuación. La falta de coordinación ha tenido como consecuencia las colas que se formaron en algunos Centros de Servicios Sociales (CMSS), así como en las entidades sociales; los CMSS derivaban a las personas directamente a las organizaciones sociales, tanto para el acompañamiento y orientación, como para resolver cuestiones burocráticas, como la extensión de informes de vulnerabilidad".

Ya en febrero de 2026 existían informes que alertaban de la falta de personal y de las dificultades que atravesaban los centros municipales de servicios sociales, meses antes de que se iniciara el proceso extraordinario de regularización de persona migrantes. Sin embargo, el 21 de abril el Ayuntamiento de Valencia anunció una inversión de un millón de euros para reforzar los servicios de Registro y Servicios Sociales ante "el previsible aumento de la demanda de dichos servicios". El 24 de abril aprobó una modificación presupuestaria de 2,6 millones de euros que presentó públicamente "como una respuesta a las necesidades derivadas del proceso de regularización". "No obstante, el propio calendario administrativo impide que gran parte de las contrataciones previstas puedan hacerse efectivas antes del verano, ya que la aprobación definitiva del expediente requiere su publicación y exposición pública durante quince días hábiles, además de los trámites necesarios para la incorporación del personal", explican.

De esta forma, el refuerzo prometido en servicios sociales "será efectivo de forma real a partir de julio, cuando el proceso extraordinario de regularización ya habrá finalizado el 30 de junio. A ello se suma que una parte de los recursos contemplados en esta ampliación presupuestaria se destina a otras áreas municipales, como Movilidad y Urbanismo, y que el número de incorporaciones conocidas hasta la fecha dista de las 39 anunciadas inicialmente. Mientras tanto, la atención directa a las personas afectadas, el asesoramiento sobre el procedimiento y la elaboración de la mayoría de los certificados de vulnerabilidad han recaído fundamentalmente en las entidades sociales".

Por ello, "resulta difícil sostener que se utilice el proceso de regularización como principal justificación" de unas necesidades de refuerzo que ya habían sido detectadas con anterioridad, "trasladando una imagen que no refleja ni la falta de voluntad y planificación existente por parte del consistorio, ni el papel esencial que han desempeñado las organizaciones sociales para garantizar el acceso efectivo y acompañar a miles de personas".

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