La temporalidad en la administración de la Generalitat supera el 30% pese a la estabilización de interinos

La temporalidad en el empleo público de la Generalitat Valenciana sigue muy por encima del objetivo del 8% fijado por el Gobierno central en la conocida como Ley Iceta para la estabilización de las plazas ocupadas durante mucho tiempo por personal interino. De hecho, todavía supera el 30% en la administración general de la Generalitat, excluyendo los cuerpos de docentes, personal sanitario y de la administración de justicia.

Los datos que maneja la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, dirigida por el conseller José Antonio Rovira, es que casi una de cada tres plazas estructurales sigue ocupada por personal interino o personal laboral no fijo. En concreto, cifra en 20.790 los puestos estructurales de la administración de la Generalitat, de los cuales 6.437 emplean a trabajadores temporales, el 30,81%, la mayoría de ellos interinos. Todo pese a haber concluido los procesos de estabilización que, según la respuesta ofrecida por el conseller a la diputada socialista Xelo Angulo, han "conseguido plenamente los objetivos fijados".

Se trata de 186 convocatorias con las que se buscaba estabilizar 3.088 plazas, tres cuartas de ellas mediante concursos de méritos y el resto, con un sistema de concurso-oposición. Para las primeras, los procesos acabaron en 2024 y durante 2025, "a causa de la gran cantidad de renuncias presentadas", se han llevado a cabo las sustituciones a través de las relaciones complementarias de aprobados. En el caso de las segundas, los procesos acabaron en junio de 2025 pero durante lo que llevamos de año se han seguido haciendo las sustituciones.

La diputada socialista critica que la tasa de temporalidad sigue "muy por encima de lo que marca la ley". "Un tercio de los trabajadores de la Generalitat trabaja en condiciones de inestabilidad y en precario gracias al poco interés y a las pocas ganas de trabajar que tiene este conseller y este Consell del PP", asegura Angulo, quien considera que la respuesta del conseller "evidencia la desastrosa gestión del personal" porque "no es que no haya terminado el procedimiento iniciado por el Botànic" sino que "tampoco ha hecho ningún otro en estos tres años del 'gobierno de los mejores'".

En total, las convocatorias de estabilización registraron nada más y nada menos que 126.000 inscripciones, aunque la Conselleria no especifica cuántos eran interinos o laborales porque "es un dato que no se aporta en el momento de la inscripción". La respuesta parlamentaria recoge, eso sí, que 2.882 aspirantes superaron el proceso selectivo de estabilización, de los cuales 2.083 ya eran trabajadores temporales, y el resto, eran funcionarios de carrera de otro cuerpo.

Sin datos sobre los interinos cesados

Lo que no aclara es cuántos interinos han sido cesados por no consolidar sus plazas. Ni siquiera con cifras provisionales. El cese, indica, "no se produce automáticamente por el hecho de no superar el proceso selectivo" sino solo cuando su puesto se haya "adjudicado de manera efectiva" a un aspirante y este "tome posesión". Así, los ceses se "van materializando a medida que avanzan los actos de toma de posesión de las diferentes convocatorias". Sí recoge que las consellerias han aceptado 22 solicitudes de indemnización, aunque hay muchos otros trabajadores cesados que no tienen derecho a esta compensación.

"El conseller Rovira se esconde tras la opacidad y no contesta a un tema tan sensible como cuántas personas interinas han sido cesadas por no superar los procesos, o si ha hecho efectiva la compensación económica que les corresponde, o si al menos la tiene presupuestada", asegura la diputada socialista: "De las más de doscientas personas que se deduce del informe que han sido o van a ser cesadas, solo manifiestan por escrito que hay 22 resoluciones a la fecha de un total que no indican en el informe, volcando la responsabilidad de recibir la compensación en los interesados: si no la piden, no se les abona".

Cabe recordar que una sentencia reciente del Tribunal Supremo, aplicando el criterio del Tribunal de Justicia de la UE de que los procesos de estabilización eran insuficientes para compensar a los interinos que habían estado sufriendo abuso de la temporalidad por parte de la administración, eliminó el tope de las indemnizaciones que se pagaban hasta ahora, marcadas por la Ley Iceta, que ascendían a 20 días por año trabajado hasta 12 mensualidades y que se pagaban solo al extinguirse la relación laboral. Tras la sentencia, las compensaciones se podrán fijar atendiendo a las circunstancias de cada caso, sin la limitacion que establecía la normativa.

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