La oferta salarial para los funcionarios de Justicia incluye la 'deuda' desde 2024 pero no llega a la media estatal

Calma tensa en la mesa de negociación para la subida salarial de los más de 5.500 funcionarios de justicia de la Generalitat Valenciana. Como era de esperar, la oferta de la Conselleria de Hacienda, que dirige José Antonio Rovira, que se había vendido esta semana como "la mayor subida desde 2014", no convenció del todo a los sindicatos tras un encuentro este viernes que puso el punto de partida para las negociaciones y que fue acercando unas posturas iniciales muy alejadas.

Tal como explicaron fuentes sindicales, la oferta de la Generalitat supone una "pequeña subida pero no tan ridícula" como la propuesta que puso encima de la mesa al principio de la reunión el conseller, acompañado de la directora general de Presupuestos, Amparo Haro, y la subdirectora general del ramo.

Por el momento no han trascendido cifras concretas y los representantes sindicales no quieren generar "falsas expectativas" entre los empleados públicos pero sí confían "llegar a algún punto de encuentro" en próximas reuniones. "No ha habido propuesta firme sino un acercamiento de algunas cifras entre nuestro minimo y lo que estaban dispuestos a ofrecer al principio de la reunion", explicaron en ese sentido.

Como temían las organizaciones sindicales, la propuesta de Hacienda y la consellera de Justicia, dirigida por Nuria Martínez, pretendía subsumir en la subida salarial ofertada lo que consideran una 'deuda' pendiente desde 2024, cuando la Generalitat Valenciana excluyó el complemento específico de la subida general que el Gobierno aplicó a todos los funcionarios del 2,5% y el 0,5%. El Gobierno valenciano, entonces dirigido por Carlos Mazón, no repercutió esa subida justificando que había mejorado las retribuciones en 60 euros mensuales.

Una "pequeña" subida sin llegar a la media

El montante no abonado hasta la fecha superaría los 300 euros por empleado de media, según cálculos de los sindicatos. Conforme avanzó la reunión, Hacienda aceptó que este montante se añadiera a una "pequeña" subida en las retribuciones que, insistieron, en ningún caso colma sus reivindicaciones, que es llegar a la media nacional en este concepto. El complemento específico depende de cada autonomía, es la principal diferencia salarial entre territorios y en la Comunitat Valenciana, denuncian, se encuentra 250 euros mensuales por debajo de la media.

La consellera reconoció en sede parlamentaria hace dos semanas el "esfuerzo considerable" realizado por el personal de justicia para la implantación de la Ley de eficiencia -conocida como Ley Bolaños-, que ha supuesto una reestructuración completa de los servicios judiciales con la implantación de los tribunales de instancia y los servicios comunes. Una ley "caótica", tal como la definió Martínez en Les Corts, a la que va aparejada este complemento que lleva meses siendo motivo de tensión con los sindicatos.

La reunión de este viernes también contó con algún momento de fricción, por ejemplo cuando los sindicatos apelaron al acuerdo de legislatura suscrito en 2024 con la Conselleria de Justicia, más tarde ratificado por el Consell, donde se recogía esta mejora salarial para conseguir la equiparación a la media estatal pero siempre ligada a la disponibilidad presupuestaria.

Según fuentes presenciales, los representantes de Hacienda deslizaron que aquel acuerdo no contaba con una memoria económica que lo avalara. Pero desde los sindicatos insistieron en que se trataba de un "acuerdo político" cuya aplicación debe concretarse. Lo cierto es que, a falta de menos de un año de que acabe el mandato, lo único que se puede decir es que se han retomado las negociaciones, todavía sin visos claros de acuerdo pero con un acercamiento inicial.

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