El parque natural de l'Albufera: del rechazo visceral a ser el aliado de agricultores y pescadores

El catedrático de Ecología y presidente de la comisión científica de la Junta Rectora del parque natural de l'Albufera, Antonio Camacho González, recordaba en las páginas de Levante-EMV que su primer trabajo científico fue precisamente en el lluent, como se bautiza al lago en las poblaciones limítrofes. "Era un estudiante de tercer curso. Acudimos el día de San Fermín del año 1984. Cuando salimos [del lago] estaban las ruedas pinchadas del coche, nos habían hecho una pintada que ponía 'biólogos muertos". Al día siguiente nos quemaron la barca". Más de cuarenta años el científico confirmaba que la situación actual es diametralmente opuesta. "Eso no pasa ahora. Al revés. Ahora los científicos, los labradores, los pescadores... Somos aliados", aseguraba en la entrevista concedida a Levante-EMV. Aunque el camino, no ha sido fácil.

Cuarenta años nos separan del 8 de julio de 1986, cuando el Consell aprobó el decreto para declarar l'Albufera parque natural y proteger alrededor de 18.000 hectáreas mediante la elaboración de "un plan especial para proteger y conservar esta zona de indudable valor ecológico que se veía gravemente amenazada", según contaba la edición de Levante-EMV del 9 de julio de 1986. La nueva figura y protección jurídica se extendía por el litoral en una "extensión que se aproxima a los 30 kilómetros y se inicia en el nuevo cauce del Turia para terminar en el faro de Cullera" por lo que quedaban insertos en el parque "el Saler, el Mareny Blau, el Perelló, les Palmeretes, etcétera". Y se hablaba de la "afección" -atención al lenguaje- "los términos municipales de València, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, Albalat de la Ribera y Algemesí". Al frente de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo se encontraba un joven Rafael Blasco en una Generalitat que echaba andar con el estreno de nuevas competencias. De hecho, el 2 de junio de 1986 el Consell aceptó el traspaso de FEVE (Ferrocarriles de vía estrecha) del Estado a la Generalitat mediante un acuerdo que suponía "una aportación económica estatal de más de doce mil millones de pesetas", según contaban las páginas de Levante-EMV de aquella época.

Todos estaba por hacer en el autogobierno autonómico, recuperado en 1978 pero oficializado apenas cuatro años antes, en 1982. Y entre los nuevos pasos que la autonomía valenciana comenzaba a dar se encontraba la protección del medio ambiente y los parajes naturales, cuya aplicación no fue del todo pacífica. Algunas actividades consuetudinarias en el entorno de l'Albufera miraban de reojo la protección del lago, el marjal y los arrozales. "Las actividades tradicionales de explotación agraria y pesca continuarán desarrollándose de acuerdo con regulaciones específicas que permitan una agricultura blanda que no contamine el lago ni deseque las zonas húmedas. Los agricultores estarán representados en la Junta Rectora del Parque por medio de las cámaras agrarias y las organizaciones profesionales", se tranquilizaba desde la Administración. El conseller de Agricultura, Luis Font de Mora, no descartaba "incluso que pudieran continuar las actividades de caza, siempre dentro de un control; de hecho las sociedades de cazadores estarán representadas en la junta rectora".

Apenas un mes después de la Generalitat aprobara el primer parque natural de la Comunitat Valenciana, las Cámaras Agrarias y los "tancats" de l'Albufera unieron fuerzas en la protesta contra el decreto-ley del parque natural de la Albufera, en agosto de 1986. En general se temía "perder los derechos sobre los terrenos de cultivo y que no se puedan transformar las tierras. Todo ello por entender que el decreto se extralimita y recoge, en la declaración de parque natural, las zonas tradicionales de explotación agrícola, básicamente las arroceras", aseguraban los responsables de las Cámaras Agrarias y los tancats en un artículo publicado por Levante-EMV el 23 de agosto de 1986.

Las reuniones se celebraban en ambientes de "clara tensión". Y se apuntaba a que la declaración de parque natural era «'un atraco a mano armada', gritó un representante de un tancat». En estas reuniones celebradas en el primer mes de vida del parque natural, los propietarios de los tancats expresaban sus temores: "que los terrenos pasaran a ser detentados por la junta rectora del parque; que, con el cuidado especial que se empezará a tener de la flora y la fauna, aumente el número ciertas especies, como los patos, que se comen, al parecer, la cosecha de arroz". Con el tiempo, agricultores y pescadores se han convertido en los grandes aliados del parque natural de l'Albufera, como ratificaba el científico Antonio Camacho González.

La situación de la que se partía era preocupante, sobre todo por la contaminación y la degradación que ha sufrido el lago desde los años 70. El 3 de marzo de 1982 Levante publicaba un comunicado conjunto de los alcaldes de Alginet (Salvador Bosch,) Almussafes (Vicente Escrivá), Benifaió (Francisco Sanchis) y Sollana (Gaspar Sastre) sobre la contaminación de l'Albufera. Los cuatro regidores admitían públicamente que contribuían a la contaminación al lago "al igual que otros municipios, [que] realizan sus vertidos domésticos e industriales desde hace siglos al lago de la Albufera, a través de los distintos cauces públicos, que por el natural recurso de las aguas, mueren en el lago".

Una situación de la que, aseguraban en el citado comunicado, eran "conscientes y lo lamentan profundamente, de que con tales vertidos se está contribuyendo al deterioro y paulatina muerte del lago y, además, y esto no hay que olvidarlo, al mantenimiento de los factores de riesgo sanitario". Por ello pedían al Ministerio de Obras Públicas (Mopu) que retomara el proyecto técnico de colectores y depuradoras "para resolver la descontaminación y recuperar el lago de l'Albufera".

En ese mismo año, otro artículo publicado por el histórico periodista Vicente Murillo, recordaba que en una reunión con el MOPU "se habló de que al menos unas doscientas industrias ponen en peligro con sus vertidos l'Albufera. Esto, como es natural, implica un necesario plan para descontaminar estas aguas residuales, lo que supone una inversión de estas industrias, en unos momentos económicos en los que las industrias lo tienen bastante difícil".

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