La Audiencia de València condena a Sergio Blasco, exdirector del Hospital General a 7 años de cárcel por fraude y blanqueo

El exgerente del Hospital General de València y miembro del clan Blasco de Alzira, Sergio Blasco Perepérez, ha sido condenado a siete años de cárcel por la sección primera de la Audiencia de València en el caso Osvaldos que le juzgó de septiembre a diciembre de 2025. La Fiscalía Anticorrupción le acusaba de los delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho cometidos durante la gestión del centro hospitalario entre los años 2005 a 2014. Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco que llegó a estar investigado en esta causa aunque se archivó para él, se enfrentaba a una petición de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros.

Finalmente Sergio Blasco ha sido condenado por los delitos de fraude en la contratación (un año y seis meses de cárcel), blanqueo de capitales (dos años y seis meses de cárcel y multa de dos millones de euros), cohecho y falsedad (tres años de prisión), además de seis años de inhabilitación por el delito de prevaricación, según ha podido saber Levante-EMV y confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En su declaración como acusado Sergio Blasco negó ser el cabecilla de la supuesta trama creada para cazar contratos públicos y cobrar comisiones, como le acusaba la Fiscalía Anticorrupción. "No es cierto que sea la X (...) pero sí un trabajoadicto", aseguró durante el concienzudo interrogatorio de Adoración Cano, la Fiscal Anticorrupción del caso que también investigaron los fiscales Anticorrupción Vicente Torres y Jesús Carrasco.

Los tres magistrados que juzgaron los hechos y firman la sentencia son Jesús Huerta Garicano (presidente del tribunal), María Elvira Alberola Mateos y Enrique Marí Farinós (ponente) consideran acreditado que Sergio Blasco, que fue director económico del Hospital General de Valencia entre 1996 y 1999 y gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) hasta 2014 maniobró para obtener un millón de euros en comisiones. Para ello consideran probado que el exdirector del Hospital, "con la ayuda al menos de un jefe de área y de otros acusados, tejió un entramado societario para favorecer a algunas empresas con la adjudicación irregular de contratos sanitarios, cobrar comisiones y desviar fondos de unas mercantiles a otras en beneficio propio y de su entorno familiar".

También consideran probado "la circulación de dinero mediante facturas falsas que no obedecían a operaciones reales, a fin de ocultar su procedencia ilícita, y pagó con esos fondos a empleados". De esta manera, tal como sostenía la Fiscalía Anticorrupción, la sección primera considera que Sergio Blasco "influyó en tres empresas que tenían una actividad previa para que resultaran adjudicatarias de diversos contratos a cambio de comisiones que se canalizaban a través de otras sociedades sin actividad real mediante un sistema de facturación ficticio", según informa el TSJCV.

Se trataba de tres firmas adjudicatarias administradas por José María Brotón, Francisco José Escandell y Miguel Sanfélix, a los que la Sala ha impuesto a cada uno condenas de tres años y dos meses de cárcel, inhabilitación y multas como autores de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho y falsedad de documento mercantil. A todos ellos, como al propio gerente del Consorcio, la Audiencia aplica la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada ya que la instrucción se inició en 2014.

Los últimos dos condenados por esta causa son Gisela Samudio y José Luis Sánchez, que eran administradores de sendas empresas y han sido condenados a un año y cuatro meses de prisión por delitos de blanqueo, cohecho y falsedad documental, con la concurrencia en ambos casos de las atenuantes de dilaciones indebidas y también de reparación del año y confesión tardía.

El tribunal absuelve a Francisco José Blasco Perepérez (hermano del principal condenado), a José Luis Martínez Climent, a Ana Clarés Pérez, a Vicente José Doñate Melchor y a José María Soriano Saavedra. La resolución acuerda el decomiso de un total de un millón de euros a abonar de manera solidaria entre el principal condenado y los empresarios condenados.

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