Trabajo y jubilación en sociedades longevas

España es uno de los países líderes en longevidad en todo el mundo y la Comunitat Valenciana acompaña esa tendencia con una esperanza de vida que supera los 83 años de media. ¿Cuándo es conveniente dejar la actividad laboral y pasar a la reserva? El mejor momento para jubilarse depende de las finanzas personales y familiares, de la salud y de las metas personales que se fije cada profesional en el mundo del trabajo. Desde el punto de vista legal y económico, el escenario ideal es hacerlo a la edad ordinaria (65 años con 38 años y medio cotizados, o 67 años sin ellos) para cobrar el 100 % de la pensión pública.

Algunos expertos en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social abogan por la libertad y la flexibilidad. Según el investigador del IVIE y catedrático de Economía Financiera y Actuarial de la Facultat d’Economia de la Universitat de València Enrique Devesa, "la retirada del mercado laboral jubilación es un proceso personal y voluntario que decide principalmente el trabajador. Es un derecho individual. Eres tú quien decide cuándo retirarse, siempre y cuando cumplas con los requisitos de edad y cotización exigidos por la Seguridad Social para acceder a la pensión contributiva", puntualiza.

En su opinión, las empresas y la sociedad "se benefician de la valiosa experiencia y conocimientos que los trabajadores mayores pueden transmitir a las nuevas generaciones". También destaca que desde el ámbito médico, se asegura que continuar activo evita el aislamiento, mantiene rutinas, reduce el riesgo de deterioro cognitivo y mejora la calidad de vida.

En el debate social y laboral surge la duda de si los jubilados que deciden seguir trabajando son un problema o una ventaja para el mercado de trabajo. "La decisión de los jubilados de seguir trabajando se considera principalmente una ventaja social y económica. Permite mantener activo el talento senior, alivia la presión sobre el sistema público de pensiones y aporta ingresos. Sin embargo, a nivel individual, a menudo es una necesidad para compensar el déficit de ingresos", apunta Enrique Devesa, uno de los doce ‘sabios’ que nombró el Gobierno en 2013 vinculados con el ámbito de los seguros y la actualización de la Seguridad Social para elaborar un plan de sostenibilidad de las pensiones.

Y es que, las prejubilaciones y salidas anticipadas se concentran principalmente en el ámbito financiero, sector tecnológico e industria. Sus empresas suelen recurrir a planes de rentas o despidos colectivos, complementando el salario del empleado hasta en un 80% neto. Suelen aplicar reestructuraciones frecuentes que incluyen planes de prejubilación con una edad media de acceso en torno a los 57 años. En la industria es otro cantar. Si son grandes puede haber bajas incentivadas y prejubilaciones, en las pymes, es menos frecuente. Las empresas aplican salidas mediante despidos individuales, especialmente en áreas de manufactura y fábricas. Todo ello supone más gasto para las arcas estatales.

Según el actual Gobierno, el coste de las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas para la Seguridad Social supera los 3.300 millones de euros anuales solo por el impacto de eliminar penalizaciones, además de la pérdida de ingresos por cotizaciones, ya que el sistema debe pagar la pensión antes de lo previsto mientras el trabajador deja de aportar.

La evidencia empírica de la Fundación 'la Caixa' y de la red internacional IZA World of Labor demuestra que retrasar la jubilación no desplaza a los jóvenes. Las labores que desempeñan los trabajadores más experimentados rara vez son intercambiables con los perfiles de los jóvenes.

Prolongar la vida laboral

Según el informe 'El efecto de los programas de jubilación anticipada sobre el empleo juvenil' de la fundación la Caixa, que cita a los economistas René Böheim y Thomas Nice, el mercado laboral no es un juego de suma cero en el que si una persona encuentra empleo otra tiene que perderlo. Más bien al contrario, un aumento de la ocupación (personas trabajando) genera su propia demanda, incrementa el PIB potencial y, probablemente, supone un acicate para la contratación de todos los estratos de la población.

De otro punto de vista, retrasar la jubilación no es una elección, sino una obligación económica debido a la pérdida de poder adquisitivo al jubilarse. El catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat de València Adrián Todolí Signes enfoca su postura sobre las salidas del mercado laboral y el retiro hacia la "protección de la salud y la calidad de vida, más allá de los puros debates financieros". En lugar de centrarse en la prejubilación tradicional como herramienta exclusiva de reestructuración, sus recientes investigaciones abogan por establecer límites legales a la carga de trabajo y medir la intensidad real de las tareas.

Todolí argumenta que la sobrecarga de trabajo provoca graves problemas de salud mental y el aumento de las incapacidades temporales. Por eso apuesta por la "visión preventiva frente a la reactiva". Y defiende que las empresas utilicen la tecnología y los datos que ya emplean para gestionar despidos o ERE, para proteger la salud de sus plantillas

En su opinión, “una sobrecarga de trabajo, aunque no llegue a 'burnout', es una vulneración de derechos". Además, respecto a la retirada del mercado de trabajo plantea que tanto las prejubilaciones como las jubilaciones anticipadas "deben ser opciones que garanticen el disfrute del tiempo libre y el envejecimiento activo, no vías de escape para mitigar el desgaste físico y mental ocasionado por una mala gestión de la carga laboral a lo largo de la vida activa".

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