El PSPV exige al Consell que fiscalice mes a mes el gasto sanitario derivado a la privada tras destinar 300 millones en dos años

El PSPV va a exigir al Consell endurecer el control del gasto sanitario que se deriva a la sanidad privada, un gasto que, según reconoció hace poco la Generalitat en una respuesta parlamentaria, se situó en casi 300 millones entre cirugías, pruebas y tratamientos derivados a la privada entre 2024 y 2025, los dos primeros años del actual Consell del PP.

Ahora, aprovechando el trámite parlamentario de los presupuestos para 2026, el grupo socialista en las Corts busca introducir más control en este gasto. Y sobre todo, darle publicidad. Cabe recordar que el Consell del PP, en los presupuestos de Mazón, introdujo mecanismos para atar en corto el gasto en la sanidad pública. Cada mes, obliga a la conselleria a informar a Hacienda del nivel de ejecución de cada capítulo y de las desviaciones. En caso de haberlas, se exigen concretar las medidas a adoptar en 30 días para corregirlo. Casi unos ‘hombres de negro’, como en la época de la gran recesión, vigilando el gasto en hospitales.

Así figura de nuevo en el articulado de la ley de los presupuestos para 2026. La cuestión es que nada dice del gasto derivado. Ahora, el PSPV plantea una enmienda para añadir dos párrafos a ese artículo. El objetivo es que en ese informe que se pasa a Hacienda cada mes, a partir de ahora se refleje las cantidades abonadas a cada uno de “los centros sanitarios privados (clínicas, hospitales y/o cualquier otra entidad sanitaria privada) a los que se han derivado intervenciones quirúrgicas en el marco del Plan de Choque, pruebas diagnósticas y lecturas e informes vinculados a pruebas sanitarias, especificando para cada una de las entidades el tipo de servicios o pruebas externalizadas”.

Un informe anual público

Además, la propuesta socialista reclama que la Intervención General de la Generalitat realice un informe específico sobre la externalización de servicios y pruebas sanitarias durante el ejercicio de 2025 y, a partir de ese año, con carácter anual, “a fin de garantizar que la derivación a empresas y entidades de la sanidad privada responde a los principios de eficacia, eficiencia y optimización de los recursos públicos disponibles, sin incurrir en riesgo de infrautilización”. Por último, el PSPV reclama que ese informe anual de la Intervención sea público y se remita a las Corts.

Prioridad nacional

Al margen de esto, el PSPV quiere forzar en las Corts el debate que, precisamente, el Consell del PP quiere evitar. Los socialistas presentan este lunes, dentro de un enorme paquete de enmiendas a los presupuestos de la Generalitat para 2026, una serie de cambios con un objetivo esencial: que los populares tengan que mojarse sobre la controvertida cuestión de la “prioridad nacional”, un debate del que huye Juanfran Pérez Llorca. Como alternativa para reconducir este espinoso asunto, el PP plantea el “arraigo” como criterio, desviando el requisito de la nacionalidad al tiempo de estancia en el territorio.

El PSPV ha elaborado una batería de enmiendas dentro del apartado FP4, que es el anexo en el que se detalla los objetivos de cada programa de gasto. Ha presentado una para cada conselleria. Por ejemplo, plantea una enmienda de adición al presupuesto de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia para garantizar que las políticas y la contratación, subvenciones, convenios, prestaciones y acceso a los servicios sociales públicos, “se desarrollen con arreglo a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y no discriminación, evitando la introducción de criterios de prioridad nacional”, para cumplir con el principio constitucional que prohíbe “establecer diferencias de trato fundadas exclusivamente en la nacionalidad”.

En el ámbito sanitario, el texto reclama garantizar el acceso a la atención primaria, hospitalaria, urgente, preventiva, maternoinfantil, salud mental, vacunación, cribados y programas de salud pública “a todas las personas residentes en la Comunitat Valenciana, sin discriminación por razón de origen, nacionalidad o situación administrativa”.

Mediación intercultural sanitaria

También “impulsar programas de mediación intercultural sanitaria, traducción, alfabetización en salud y acompañamiento administrativo en departamentos de salud con mayor diversidad poblacional”. Y asegurar que las políticas sanitarias de la Generalitat se rijan por criterios clínicos, de salud pública, equidad y derechos humanos, “evitando la introducción de criterios de exclusión basados en nacionalidad, origen o situación administrativa”.

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