La obra pública más barata sale cara: el precio oculto de las subastas

En cuestión de obra pública sucede, a menudo, como en las reformas de la casa. Cuando el precio reventado entra por la puerta, la calidad sale por la ventana. Lo barato sale caro. Lo certifica un estudio realizado por tres ingenieros de Caminos de la Universitat Politècnica de València (UPV) -Luis Castel Aznar, Laura Montalbán-Domingo y Joaquín Català Alís-, a partir de la revisión de una muestra de 585 contratos de obra civil licitados por la Administración General del Estado entre 2018 y 2021. El muestreo contempla adjudicaciones de proyectos ejecutados en toda España, un 6,7% de ellos en la Comunitat Valenciana. El informe con las conclusiones académicas de esta radiografía a los expedientes de concesión y ejecución de proyectos públicos ha sido publicado en la 'Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica'.

El primero de los datos que se aportan pone de relieve el peso de la subasta a la baja entre las modalidades existentes para decidir a quien se le otorga la ejecución del proyecto. Un 38,35% de los contratos analizados (exactamente 224) se adjudicaron por subasta, sin más criterio que el precio. El 61,7% de las licitaciones atendieron a criterios de calidad-precio al concederse por concurso. La subasta es la fórmula utilizada de forma abrumadora en los proyectos de importes más moderados. Así, el 80,8% de los contratos otorgados en subasta tenían un Precio Base de Licitación (PBL) inferior a 500.000 euros. En cambio, solamente el 3,6% de los contratos de más de dos millones se adjudicaron por ese método, según el estudio de estos ingenieros.

Incentivo a la competencia y a las pymes

Los resultados evidencian que la subasta favorece la competencia, tanto en el número de ofertas que concurren como en la participación de pymes del sector de la construcción. Otro de los beneficios que observan de este sistema es que reduce la llamada "presunción de anormalidad". Que es del 17,01% de las ofertas en las subastas y, en cambio asciende al 21,03% en el caso de los concursos, en los que se valora la relación calidad-precio. Por supuesto que la principal de las ventajas que encarna la subasta tiene que ver con la reducción del precio por el que se adjudica la obra respecto a la cantidad por la que sale a licitación. Cuando la baja supera determinados umbrales se considera temeraria y quien se postula resulta descartado.

El estudio parte de la citada revisión de expedientes y ha sido completado, además, con consultas a expertos técnicos y jurídicos. Los datos son demoledores y certifican los principales inconvenientes de la subasta. De entrada, un 65,9% de los especialistas aseguran que resulta "poco o muy poco adecuada" para conseguir la eficiente utilización de los fondos públicos. Solamente el 18,2% de los consultados entienden que la eficiencia que se consigue considerando solamente el factor precio es "adecuada o muy adecuada".

Pero la principal objeción, el problema número uno que se detecta en los expedientes, es que la calidad se resiente, cae de la mano del precio. El 71,6% de los consultados, tanto expertos técnicos como jurídicos, considera que la influencia de las subastas en la calidad de las obras es "apreciable o notable".

La UE recomienda priorizar la calidad

El segundo gran inconveniente de conceder obras por subasta es el "riesgo económico" que entraña. El 79,5% de los consultados entiende que el procedimiento de subasta influye de forma "apreciable o notable" en el riesgo económico de la oferta. Lo creen incluso el 78,6% de los encuestados en el sector de la construcción, según el estudio elaborado por Luis Castel, Laura Montalbán-Domingo y Joaquín Català.

En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, los autores del estudio sostienen que la regulación de los sistemas de licitación y adjudicación de contratos públicos "no puede limitarse a una perspectiva económica única centrada en políticas de ahorro, aunque beneficie la participación de las pymes". Recuerdan que la Comisión Europea ya indicó que se debe "adoptar un nuevo enfoque que priorice la calidad". Señalan la necesidad de que se requieran "enfoques más flexibles que permitan una evaluación integral de las ofertas, considerando no solo el precio, sino también el enfoque estratégico indicado que introduzca la calidad, la experiencia y otros factores relevantes para garantizar una utilización eficiente de los fondos públicos".

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