El Tribunal Superior de Justicia tumba el 'freno' de Educación al último Edificant del Botànic

Golpe de la justicia a la Conselleria de Educación en uno de los puntos que, además, forman parte de la negociación con los sindicatos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado ilegal el freno del área que dirigía José Antonio Rovira, conseller en la materia hasta diciembre de 2025 cuando pasó a Hacienda, a la última delegación de competencias firmada por el entonces Consell del Botànic en julio de 2023, cuando ya estaba en funciones, dentro del Plan Edificant con el que se programaron 15 obras de centros educativos por valor de unos 65 millones de euros.

La sección cuarta de la Sala Contencioso-administrativo del Alto Tribunal valenciano ha desestimado el recurso de la Generalitat Valenciana contra su propia resolución de julio de 2023 en el que delegaba las competencias en diferentes ayuntamientos para poder actuar en centros educativos de titularidad pública para poder llevar a cabo en ellos reformas o mejoras dentro del conocido Plan Edificant, el mecanismo impulsado por el Ejecutivo de PSPV, Compromís y Unides Podem para remodelar y construir colegios e institutos.

En concreto, este periódico ha tenido conocimiento de una de las sentencias que afecta a uno de los municipios a los que se le había delegado competencias en tiempos del Botànic para poder adecuar uno de sus colegios: Albalat dels Sorells. Para este se preveían 1,19 millones de euros con los que llevar a cabo "la reforma de fachadas y cubiertas, reforma de saneamientos, puertas, armarios y otros". No obstante, el propio TSJCV ha revelado en un comunicado que se han emitido nueves sentencias en la misma línea a otros municipios en la misma situación como Mislata, Senyera, Casinos o Burjassot.

Anulación en 2024

Para entender la sentencia y el conflicto hay que remontarse a junio de 2023. Semanas después de las elecciones donde PP y Vox se habían impuesto a la izquierda, la entonces consellera de Educación en funciones, Raquel Tamarit, de Compromís, firmó la citada resolución de Edificant por el que se comprometía a llevar a cabo las obras en 15 centros por un valor de unos 65 millones de euros. Sin embargo, al llegar Rovira a la conselleria, decidió anular esta actuación alegando "lesividad" contra la Administración autonómica frenando los proyectos en marcha.

La declaración de lesividad es un acto administrativo contemplado en la legislación por el que una Administración impugna una decisión favorable a los interesados y dictada por ella misma por considerarla dañina para los intereses públicos o generales, como paso previo a solicitar a la Justicia que la anule. El Consell recurrió a este mecanismo en mayo de 2024 para declarar lesiva la cesión de competencias en materia de infraestructuras educativas acordada en julio de 2023 del anterior gobierno, en funciones, en favor de diferentes ayuntamientos para que estos ejecutaran obras de mantenimiento y reforma en colegios públicos con cargo a los presupuestos de la Generalitat.

A continuación, la conselleria presentó los correspondientes recursos contencioso-administrativos en los que solicitaba que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV declarara la anulabilidad de los actos administrativos que la propia Administración había declarado lesivos. Sin embargo, casi tres años después, el TSJ ha tumbado esta decisión de la conselleria y ha devuelto la situación al momento inicial, al de la delegación de unas competencias que no han podido tener avances ante el freno impuesto por Rovira en su momento.

"No son nuevas directrices"

Para llevar a cabo este 'freno', una de las justificaciones dadas por la conselleria era que el Botànic había hecho esta última delegación de competencias en funciones, sobrepasando sus competencias en la materia al comprometer futuras actuaciones del gobierno que debía entrar. No obstante, en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, el alto tribunal indica que la delegación producida "no entraña la incorporación de nuevas directrices de ordenación política" sino que "a lo sumo ejecución de las ya presentes".

La sentencia llega en un momento en el que la conselleria se encuentra negociando con los sindicatos con la huelga indefinida en suspenso y siendo las infraestructuras educativas uno de los puntos en conversación donde todavía no había acuerdo. De hecho, según informa el sindicato Stepv, en la mesa de este martes, la conselleria ha informado que continúan delegando competencias a los ayuntamientos dentro de Edificant, "pero han reconocido que han hecho pocas".

Fuentes de la Conselleria de Educación defienden que la Generalitat "actuó con la responsabilidad que se le exige a cualquier administración pública al fiscalizar decisiones de gasto millonarias tomadas por un gobierno saliente en funciones" y aseguran que su prioridad "es la ejecución eficiente de las obras". "Colaboraremos firmemente con todos los municipios para que las mejoras en los colegios públicos sean una realidad, utilizando los mecanismos de control ordinarios que la ley nos confiere, tras comprobar las necesidades actuales, requisitos y documentación", explica el departamento que dirige Carmen Ortí.

Uno de los 'afectados' por la sentencia es el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, quien ha celebrado que el fallo le permitirá iniciar las mejoras pendientes en cuatro centros de la localidad por valor de 3,3 millones. "Supone una defensa de los intereses de la ciudad y del derecho de la comunidad educativa a contar con unas instalaciones adecuadas”, ha expresado. Por su parte, Compromís, a partir de su portavoz de Educación, Gerard Fullana, asegura que con esta sentencia se demuestra "que el PP mentía para recortar obras con cualquier pretexto" y ha señalado a Rovira y a la actual consellera como "responsables" de que el alumnado de 15 escuelas estén en "condiciones deplorables".

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