Tribunales
Se dispara un 20% la saturación de los juzgados que resuelven litigios laborales: señalan juicios para 2029
La jurisdicción encargada de los conflictos laborales padecen el mayor colapso: por cada caso resuelto, hay más de seis todavía pendientes. La situación no parece que vaya a mejor porque los juzgados no pueden absorber todos los asuntos que ingresan.

Imagen de archivo del mostrador de la Fiscalía provincial de València, sección penal, en la Ciudad de la Justicia de València. / J. M. López

La jurisdicción de lo social, encargada de resolver los conflictos laborales, sufre su peor crisis de capacidad resolutiva en la Comunitat Valenciana. Un trabajador que impugne un despido, reclame un salario impagado o solicite una prestación de desempleo ve cómo los juzgados están señalando juicios por despidos ya para 2029. Esta jurisdicción es, con diferencia, la más colapsada de todas y en el último año, el panorama ha empeorado.
Al menos así lo revelan los indicadores ofrecidos en los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según los cuales al cierre del primer trimestre de 2026, la saturación de los juzgados de lo social se ha disparado cerca de un 20% respecto al mismo período del año anterior. La tasa de congestión señala que por cada caso resuelto hay más de seis que están pendientes (6,4, concretamente). El año pasado, la tasa era un punto menor.
Así, en la Comunitat Valenciana, los juzgados de lo social padecen la peor situación, seguidos por los civiles con una tasa de 4,16 casos pendientes por cada uno resuelto. Los contencioso-administrativos registran 3,58, mientras que los penales mantienen la mejor ratio con 2,52. La diferencia es estructural: mientras que la justicia penal y contencioso-administrativa logran contener la saturación, lo social retrocede dramáticamente.
Uno de los motivos, señalan desde los sindicatos, es que "el número de órganos judicales y el incremento de plantilla siempre va muy por detrás del número de asuntos que entran". "Hace falta crear muchos juzgados que no se crearon en su momento y, por otra parte, hacen falta jueces y personal", explica otra fuente sindical, que incide en la importancia de no desatender ninguna de las dos figuras. "Si pones jueces pero falta personal, el problema persiste", apunta en este sentido. Esto, recalca, ha hecho que "el colapso haya ido a más".
Crece el problema
Lo cierto es que en estos juzgados ha caído un 3% la litigiosidad y ha crecido un 1,2% las sentencias por juez en el último año, pero aun así el atasco sigue creciendo dado que, por cada nueve asuntos resueltos, ingresan diez nuevos. Evidencia todo ello de que el sistema sigue sin dar a basto para resolver los litigios laborales, a diferencia del resto de jurisdicciones, que de media han alcanzado un equilibrio entre los nuevos asuntos y las resoluciones. O lo que un representante sindical llama "las gallinas que entran por las que salen".
La jurisdicción social se ocupa de despidos impugnados, prestaciones de seguridad social, salarios impagados, litigios por seguridad e higiene, accidentes laborales o enfermedades profesionales así como discrepancias administrativas en cuanto a cotizaciones y afiliación. "Cuando hay crisis, la coyuntura provoca muchos despidos, y cuando no la hay, el empleo es mayor y, con ello, mayor probabilidad de conflictos laborales", explica una fuente judicial, que señala la peculiaridad de que la jurisdicción social "no tiene condena en costas, por lo que si denuncias y pierdes, no hay peligro". Así, explica que incluso hay litigios por cuantías mínimas de dinero.
Incentivos para resolver despidos
La justicia tiene un aliciente para controlar el colapso en cuanto a los despidos porque, según la normativa, si un despido se declara improcedente, la empresa solo está obligada a pagar los salarios de tramitación hasta los tres primeros meses. A partir de ahí, se hace cargo el Fogasa, esto es, el Estado. Así que la lentitud en estos juicios supone un coste adicional sufragado por el contribuyente.
"Por eso el CGPJ hace inspecciones y aprueba plazas judiciales y funcionarios de refuerzo dedicados única y exclusivamente a los despidos, para darles un empujón", relata esta fuente, conocedora de los intríngulis de los juzgados valencianos. Con ello, se consigue pasar de señalamientos a dos años vista a tan solo dos meses, por ejemplo. "El problema es que cuando nos ponemos al día, se eliminan esos funcionarios de refuerzo y se vuelve al atasco". Es, dice, "la pescadilla que se muerde la cola".
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