Las dudas de Educación sobre el recurso impiden activar las obras del último Edificant del Botànic

Las nueve sentencias de las que informó el martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en las que anulaba la revocación de la delegación de competencias de la Generalitat a varios ayuntamientos para poder afrontar las reformas de varios centros educativos no supondrán la activación inmediata de sus obras. Pese a la celebración de varios de los consistorios afectados que veían en la decisión judicial el desbloqueo de una orden de hace tres años, de momento, toca tiempo de espera, en concreto, para ver si la Conselleria de Educación recurre o no la decisión de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo.

Fuentes del departamento que hoy encabeza Carmen Ortí informan a preguntas de este periódico que todavía no hay una decisión tomada sobre si recurrir o no las distintas sentencias que se han ido conociendo esta semana (y que deberían llegar a la quincena). Estos fallos, que llegan de manera individualizada por cada ayuntamiento afectado, pero que van todos con la misma línea, no son firmes, por lo que admiten recurso. En concreto, la resolución judicial da 30 días de margen que de momento la Generalitat está utilizando para estudiar si recurre o no, según fuentes de la conselleria.

La decisión en torno a si presentar o no un recurso de casación es el condicionante que determina los siguientes pasos a dar y que impiden que de momento se ejecute la sentencia, esto es, que se apliquen las delegaciones de competencias firmadas en su momento por el Botànic con su consiguiente dotación económica para que los consistorios señalados se hagan cargo de las reformas de sus infraestructuras educativas, desde colegios infantiles hasta espacios de Formación Profesional, en total, una quincena de edificaciones.

De hecho, ante las preguntas de este periódico sobre si se iban a llevar adelante la transferencia de competencias y monetarias correspondientes, fuentes de la conselleria insisten en que por el momento toca "esperar" a si presentan o no un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Primero, insisten, habrá que decidir sobre si se alarga o no el litigio judicial que comenzó en mayo de 2024, pero que viene abonado desde prácticamente el inicio de la legislatura en la que llegó José Antonio Rovira, antecesor de Ortí, en julio de 2023 al departamento de Campanar.

Para entender la sentencia y el conflicto hay que remontarse aún un mes antes a la llegada de Rovira, a junio de 2023. Semanas después de las elecciones donde PP y Vox se habían impuesto a la izquierda, la entonces consellera de Educación en funciones, Raquel Tamarit, de Compromís, firmó la resolución de Edificant por el que se comprometía a llevar a cabo las obras en 15 centros en municipios como Burjassot, Mislata, Senyera o Albalat dels Sorells. Sin embargo, Rovira decidió anular esta actuación alegando "lesividad" contra la Administración autonómica frenando los proyectos en marcha, un proceso que es el que ha tumbado esta semana el TSJ.

"Excusa del actual Consell"

Para llevar a cabo este 'freno', una de las justificaciones dadas por la conselleria era que el Botànic había hecho esta última delegación de competencias en funciones, sobrepasando sus competencias en la materia al comprometer futuras actuaciones del gobierno que debía entrar. No obstante, en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, el alto tribunal indica que la delegación producida "no entraña la incorporación de nuevas directrices de ordenación política" sino que "a lo sumo ejecución de las ya presentes".

Tras conocer las sentencias del TSJCV, el secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler, ha señalado que estas resoluciones judiciales “desmontan la excusa utilizada por el actual Consell para paralizar actuaciones en centros educativos que ya estaban tramitadas por el anterior gobierno”, unas críticas que se suman a las hechas por el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, que cita como "responsables" a Ortí y Rovira de que el alumnado de 15 escuelas estén en "condiciones deplorables".

Asimismo, el dirigente socialista y exsecretario autonómico de Educación con el Botànic ha denunciado que el PP "ha hecho perder un tiempo precioso a ayuntamientos, comunidades educativas y familias por pura decisión política” y ha exigido actuar "con rapidez” y reactive "sin más dilación" las actuaciones afectadas. “Después de que los tribunales hayan dado la razón a los ayuntamientos, la obligación de la Generalitat es dejar de poner obstáculos y garantizar que las obras se ejecuten cuanto antes”, ha defendido. No obstante, el camino queda pendiente de si el proceso judicial ha llegado o no a su fin.

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