La disolución del ente que gestionaba La Marina de València, vista para sentencia

El litigio por la liquidación del Consorcio Valencia 2007, el ente público que organizó la Copa del América de vela y gestionó durante años La Marina de València, encara su recta final. Las partes han presentado ya sus escritos de conclusiones ante el juzgado de lo contencioso número 10, el último paso antes de que el tribunal emita una sentencia que decidirá si la disolución del organismo fue legal.

El recurso, presentado por una quincena de extrabajadores del ente con la representación del letrado Manolo Mata, busca que se declare nula la disolución, suspendiendo todos los acuerdos adoptados desde mayo de 2022 y que se retrotraigan las actuaciones a ese momento porque, sostiene, se hizo en fraude de ley.

Sus conclusiones defienden que la liquidación fue una ficción, porque el ente ha seguido desarrollando, aunque a través de otros organismos, "todas y cada una de sus actividades" como el mantenimiento de los espacios, la programación cultural y deportiva y la atención de los más de 900 amarres, y ha continuado contratando entre 2023 y 2026. A su juicio, se trató en realidad de una disolución "sin liquidación", en la que los bienes y las funciones pasan a otras administraciones sin cerrar de verdad el organismo.

Esa supuesta continuidad, argumentan, se materializó en dos operaciones de 2024. Por una parte, el Ayuntamiento de València acordó recuperar los espacios municipales cedidos en su día al Consorcio, subrogándose en sus contratas pero sin asumir al personal. Por otra, la Autoridad Portuaria de València (APV) sacó a concurso la explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte del puerto. Un contrato que obliga a la nueva adjudicataria a subrogar a una parte de la plantilla del ente mientras que al resto se les aplicó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

De los 27 trabajadores de la plantilla, al menos trece quedaron subrogados a la nueva empresa que gestiona los amarres. Los recurrentes ven ahí una maniobra para "desarticular y segregar" a la plantilla y defienden que si la mitad de la nómina de empleados es subrogable, toda ella debería serlo. En ese sentido, la defensa reclama tambioén la nulidad radical de lo actuado y la suspensión de todos los contratos y adjudicaciones ligados a La Marina desde mayo de 2022.

Asimismo, los recurrentes cargan también contra la forma y denuncian que el acta del Consejo Rector del Consorcio de mayo de 2022 fue "un auténtico dislate jurídico" porque ni fijó con claridad la causa de disolución, ni contó con acuerdos previos del Consell y del pleno municipal, ni se publicó en el diario oficial. Algo, esto último que, según sostienen, les impidió recurrir en plazo y les generó indefensión.

Por su parte, la Abogacía del Estado, que representa al Consorcio Valencia 2007 y a la Administración General del Estado, y el Ayuntamiento de València piden inadmitir el recurso o, en su defecto, desestimarlo. Alegan que los demandantes ya no son trabajadores del ente y carecen de legitimación para litigar contra decisiones organizativas de las administraciones.

Su principal argumento es una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2025 que declaró ajustado a derecho el ERE después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya lo hubiera avalado. Con ese pronunciamiento firme, sostienen que la reincorporación que piden los demandantes choca con la cosa juzgada de manera que, por mucho que se anulara la disolución del consorcio, no se les devolvería el empleo porque el despido colectivo ya tiene el visto bueno de la justicia.

Con todo, las administraciones defienden además que la disolución fue la consecuencia legal, y automática, de la salida del Estado, y niegan que exista sucesión de empresa. Al respecto, defienden que el organismo arrastraba pérdidas millonarias y sostenidas desde 2018, de unos 45 millones de euros aquel ejercicio y de más de 18 millones en 2019, y que la causa económica motivó los despidos.

Suscríbete para seguir leyendo