La jueza de la dana cuestiona la versión de la vicepresidenta de la Diputación: su desconocimiento "llama poderosamente la atención"

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha rechazado el paquete de diligencias que dos acusaciones reclamaban para investigar la veracidad de la versión de Reme Mazzolari, vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia y responsable de las carreteras provinciales, por su actuación aquel 29 de octubre. Lo hace en una auto en el que, sin embargo, desliza serias dudas sobre la credibilidad de su testimonio, que contradice en algunas cuestiones el de la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, y advierte de que su relato de desconocimiento "llama poderosamente la atención".

El auto, notificado este viernes a las partes, responde a dos escritos presentados por dos acusaciones que pedían un amplio bloque de pruebas para acreditar la "veracidad, suficiencia y coherencia" del testimonio de Mazzolari e, incluso, abrir la vía de un delito de falso testimonio y un cambio en su situación procesal.

En ese sentido, la magistrada considera llamativo que la responsable de las carreteras provinciales no contactara con el presidente de la Diputación ante un episodio meteorológico "de tanta gravedad, anunciado por los medios", que no supiera qué era el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) o que desconociera que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se había desplegado a mediodía hacia la comarca de Utiel-Requena.

"Es una versión del desconocimiento de lo sucedido que contradice el testimonio de la alcaldesa de Chiva", según escribe la jueza, que recuerda que no cabe atribuir "ningún móvil espurio" a Fort, que declaró haberse comunicado con Mazzolari cerca de las 15:30 horas: le preguntó por el barranco y esta le respondió que la UME iba hacia Utiel-Requena. La resolución se apoya en un audio de WhatsApp aportado por la propia Mazzolari, en el que Fort se dirige a ella como "Reme" antes de relatarle la "situación angustiosa" que se vivía en Chiva aquella tarde. Un detalle que la jueza contrapone a la versión de distancia y desconocimiento sostenida por la vicepresidenta provincial.

Pese a esas dudas, la instructora desscarta deducir testimonio por falso testimonio en este momento del procedimiento. Se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que exige "contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que sólo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme". Es decir, esa vía solo podría abrirse al final del proceso.

La segunda razón del rechazo es la ausencia de "posición de garante". La magistrada sostiene que una simple infracción administrativa no basta para atribuir responsabilidad penal por los fallecimientos y cita un auto de la Audiencia Provincial de Valencia que, en un caso similar, rechazó una "investigación prospectiva" alejada de la normativa autonómica. No basta, según ese precedente, con "argumentaciones genéricas basadas en los principios de cooperación o coordinación" para involucrar a las distintas administraciones.

La jueza tumba así la petición de información sobre el sistema ROUD, las comunicaciones ya aportadas voluntariamente en su día, la agenda oficial, los datos de las empresas de conservación de carreteras, los requerimientos al Ayuntamiento de Aldaia y a la Guardia Civil de Tráfico, los mapas de cortes viarios y una decena de testificales técnicas, además de un informe de la Diputación.

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