La legislatura de la emergencia continuará viva en los tribunales

Si algún evento ha marcado la legislatura valenciana, ese ha sido la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024. La catástrofe dejó tras de sí 230 historias perdidas y una conmoción difícil de olvidar, sobre todo en los 85 municipios que vivieron las consecuencias más devastadoras de las inundaciones. Más de año y medio después de la tragedia, el recuerdo sigue vivo en miles y miles de personas, entre afectados directos, allegados, servicios de emergencia o voluntarios. Las víctimas luchan para evitar que su causa caiga en el olvido mientras la investigación judicial sigue su curso aportando, casi día a día, nuevos detalles de lo que ocurrió aquella tarde en la que nadie avisó a tiempo de la riada. Por eso, la tragedia seguirá salpicando el guion del próximo curso, el último del mandato.

Por eso y porque aquel 29 de octubre marcó un antes y después en la sociedad valenciana. La catástrofe desató un torbellino para adjudicar responsabilidades y el juzgado de Catarroja se convirtió en un túngsteno incandescente, símbolo de la esperanza que las asociaciones de víctimas han depositado en la instructora, Nuria Ruiz Tobarra. Liberada de otros asuntos, ha tutelado incombustible y diligente las pesquisas, centradas en la falta de avisos a la población. Especialmente en aquel Es Alert que, enviado a las 20.11 horas, fue tardío y erróneo según la jueza.

En los 60 tomos y más de 30.000 folios del sumario, Ruiz Tobarra ha dedicado todos los esfuerzos en demostrar que los fallecimientos y lesiones eran evitables. Que aquella borrasca, pese a resultar histórica y extraordinaria, no era impredecible. Durante un año, pidió todo tipo de informes y recabó testimonios no solo de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y su ‘número dos’, Emilio Argüeso, responsables de la emergencia, sino también testigos del Cecopi y decenas de trabajadores del 112 para tratar de arrojar luz sobre qué falló. Una prevención insuficiente, la falta de diligencia en el control de barrancos por parte de la Generalitat y una información hidrológica que la CHJ solo mostraba en su portal y que nadie pareció ver son algunas de las evidencias constatadas durante una instrucción, cuyo elefante en la habitación siempre ha sido el president de la Generalitat aquella tarde, Carlos Mazón.

La mañana de la dana, el dirigente dio la orden a sus consellers de "inundar de datos a los medios" porque "da sensación de estar alerta que te cagas" y desapareció de la gestión en la comida con la periodista Maribel Vilaplana. Esa ajenidad de la emergencia que le hizo llegar al Cecopi a las 20.28 horas, ya con la alerta enviada, unida a sus diferentes vesiones y lagunas sobre sus pasos aquella tarde cristalizaron en el monumental enfado de las víctimas durante el funeral de Estado organizado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Solo entonces, más de un año después del desastre, Mazón decidió abandonar su cargo. No así su escaño, que le confiere todavía la condición de aforado.

Esto impide a la jueza investigarle directamente, pero aprovechó el permiso de la Audiencia de citar a Vilapalana para hacer desfilar casi a cualquiera que tuvo contacto con el ya exjefe del Consell: por supuesto, a su núcleo duro en Presidencia. Incluso al dueño del Ventorro, al que pidió incluso el ticket de la comida y las medidas del reservado. Con todo ello, la magistrada pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que investigara a Mazón tanto por su ausencia como por su posible intervención en la emergencia mediante su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, que instó a la consellera Pradas a no confinar la provincia. Pero el alto tribunal lo descartó porque Mazón no tenía papel de garante y porque la segunda hipótesis todavía no está probada: su 'mano derecha' dijo haber perdido los wasaps en un cambio de terminal. La investigación, en lo referente al máximo dirigente 'popular', había llegado a un callejón sin salida. Así pues, Mazón ha podido usar este auto como escudo y ha conseguido personarse en la causa con una figura inédita, que los juristas llaman de 'preinvestigado': ostenta las garantías de un imputado sin estarlo formalmente. Ha evitado acudir a declarar con la obligación de decir verdad de un testigo y puede batallar contra las decisiones de la jueza.

La investigación no está acabada y pasa ahora por las testificales de las decenas de alcaldes. Está por ver si también le toca el turno a consellers en activo. Ya ha declarado la que era aquel día consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y lo hará la exconsellera de Hacienda y exportavoz del Consell, Ruth Merino. Se espera que, al menos, el calendario se alargue hasta finales de año, por lo que la causa mantendrá viva la llama del recuerdo hasta la campaña electoral. Todo ello hace que a Juanfran Pérez Llorca, el president sustituto y aspirante a candidato aún no confirmado por el PP, le cueste desligarse de aquel fatídico día de 2024, cuando era portavoz en las Corts.

Durante todo este tiempo, el papel de las asociaciones de víctimas y afectados ha sido incansable en la exigencia de responsabilidades por las negligencias en aquella emergencia. Una veintena de manifestaciones han pedido primero la dimisión de Mazón y, en los últimos meses, que entregue su acta como diputado del PP en las Corts. De hecho, una de las plataformas, la Asociación de Víctimas de la dana del 29 de octubre, ha pedido al Tribunal Constitucional que le retire el aforamiento, del que dicen que hace un "uso espurio" para evitar ser investigado.

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