Servicios públicos bajo presión: tensión en educación y sanidad con nuevas huelgas en el horizonte

La mirada está puesta en septiembre. El inicio del curso está marcado en rojo en el calendario después de un verano de alto el fuego en educación y de la tensión habitual en la sanidad durante las vacaciones por el cierre de muchos servicios. El curso ha estado marcado por la huelga indefinida más larga de la historia de la educación en la Comunitat Valenciana y por la huelga indefinida e intermitente de los médicos valencianos contra la ministra Mónica García, pero desde abril también contra el conseller Marciano Gómez. Dos pilares de los servicios públicos que comenzarán septiembre bajo los focos, a la espera de soluciones que desbloqueen reivindicaciones laborales que han tenido un curso entero, y en ocasiones años, para enquistarse; y con la amenaza de nuevas movilizaciones y huelgas en la antesala del ciclo electoral con municipales, autonómicas y nacionales, estas últimas sin fecha a la espera de la decisión de Pedro Sánchez.

En las puertas de los centros educativos siguen colgadas las pancartas, muchas de ellas desde el 11 de mayo, fecha en la que dio comienzo la huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana. Durante un mes exacto y con una capacidad movilizadora imprevista, los docentes han secundado los paros, intentando maximizar el impacto sobre el fin de curso y las evaluaciones, obligando a la administración a tomar medidas para garantizar la evaluación de los alumnos de Segundo de Bachiller y el desarrollo de las PAU y han salido a la calle masivamente varias veces por semana. Todo ello para conseguir varios bloques de mejoras laborales: desde incrementos salariales hasta mejoras en infraestructuras pasando por una reducción de las ratios o más recursos para la inclusión. Así, hasta ocho puntos que han sido objeto de negociación durante semanas. Esta continúa, aunque con menor intensidad, este verano de huelga suspendida -que no desconvocada-. La idea de ambas partes es seguir en la conversación durante julio, y no se descarta que se siga negociando incluso en agosto. Pero parece difícil que se alcancen nuevos acuerdos cerrados estos dos meses.

De este modo, para septiembre quedan varias carpetas abiertas sobre la mesa de negociación. Durante el convulso fin de curso, solo se rubricaron tres acuerdos parciales: Stepv, CC OO, UGT y CSIF estamparon su firma bajo el punto relativo a la simplificación burocrática; solo CSIF lo hizo en materia de valenciano y solo CSIF y ANPE llegaron a un acuerdo sobre retribuciones. Quedan infraestructuras, inclusión educativa, formación profesional, ratios y plantillas.

También en septiembre se verá cómo se aplican las mejoras que, pese a no tener el apoyo de los sindicatos, hizo suyas -al menos verbalmente- el president Juanfran Pérez Llorca. Se aplicarán vía los presupuestos de 2026 por un valor, dijo, de 42 millones. Por un lado, el próximo curso se pondrá en marcha el Plan EduClima con el objetivo de climatizar las aulas. Está dotado con un total de 140 millones en cuatro años; 32 millones este ejercicio. También se activará el Plan RECOLE, con 10 millones para que los ayuntamientos renueven sus colegios públicos. También, prometió, se van a aumentar en un 30 % los profesionales de educación social y además se abrirán 36 nuevas aulas UECO con la incorporación de 108 profesionales.

En los hospitales y centros de salud, la situación no es mucho más halagüeña. El verano se augura complicado por la falta de recursos en los hospitales con más de 600 camas cerradas y la mitad de los quirófanos paralizados. Serán un golpe más para un sistema ya de por sí maltrecho sin síntomas de mejorar en el corto plazo. A ello no ha ayudado la huelga indefinida e intermitente que han protagonizado los médicos valencianos, junto con los de toda España, para reclamar un estatuto médico propio al Ministerio, que les permita negociar de tú a tú sus propias condiciones diferentes a las del resto de categorías sanitarias; y para pedirle a la Conselleria de Sanidad que mejore sus condiciones laborales en todo aquello en lo que tiene competencias, es decir, en prácticamente todo. Sin ser los facultativos un sector que destaque por ser reivindicativo, la falta de avances en ambas negociaciones puede provocar un reinicio de las movilizaciones este otoño con la amenaza latente de una huelga indefinida, esta vez sin ser intermitente. A nivel nacional, no hay prácticamente avances. Y en el autonómico, Sanidad los recibió hace una semana y ambas partes mostraron cierto entendimiento, a falta de que los compromisos se cumplan.

Su principal escollo respecto al paro educativo ha sido un seguimiento limitado -cercano al 7 %- debido a unos servicios mínimos muy elevados -"abusivos" para CESM- que han provocado que su lucha haya quedado bastante opacada y sin apenas impacto social; sobre todo si se compara con la de los docentes. La cuantía de consultas, pruebas y cirugías pospuestas ha superado las 400.000 en la Comunitat Valenciana según los datos oficiales. Per ni las manifestaciones han podido competir en número con las educativas, la más numerosa reunió a 2.000 personas en diciembre; ni han sentido un apoyo tan contundente. Sus reivindicaciones han quedado opacadas por las educativas.

En plena precampaña electoral a la Generalitat, la defensa de la sanidad pública será una de las banderas de la izquierda -ya lo fue en Andalucía- porque el Consell no ha dudado en recurrir a la privada con externalizaciones de consultas, pruebas y cirugías. Casi 300 millones entre 2024 y 2025. La oposición no dudará en señalar la gestión de Gómez porque una cosa es resolver la presión del sistema y otra es contribuir a su colapso; reducir las cirugías por las tardes para reducir las listas de espera no ayuda, no es ningún secreto. La batalla de los servicios públicos vuelve con fuerza a partir de septiembre.

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