La Generalitat se opone al nuevo Reglamento General de Costas por "restringir derechos"

La tramitación del proyecto del nuevo Reglamento General de Costas sigue siendo un problema para la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha denunciado que el Gobierno central hace caso omiso e ignorar la petición de una docena de comunidades que buscan llegar a un acuerdo para paralizar este nuevo reglamento que "fomenta los deslindes, restringe derechos y afecta directamente a las competencias autonómicas", según la propia Generalitat. Un proyecto "repleto de contradicciones" con la ley de Costas que obligaría a replantear muchas de las cuestiones que implica la reforma.

La oposición del Consell a la nueva regulación se basa en la compatibilidad con las estrategias marinas debido a la creación de un nuevo marco que "genera incertidumbre y un incremento de la dificultad a la hora de gestionar el litoral", asevera. Una postura, iniciada por la Generalitat, que ha sido respaldada por un gran número de comunidades, que se sumaron a la solicitud de suspender la tramitación del reglamento y a la convocatoria de una conferencia sectorial para tratar los puntos que más directamente afectan a las competencias autonómicas.

Declaraciones del vicepresidente tercero

Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, ha trasladado la posición de la Generalitat durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya rechazado atender la petición de las autonomías para abordar de forma efectiva el contenido del nuevo reglamento. "Se ha logrado que se convocara la reunión, pero al no incluirse este asunto en el orden del día, el debate carece de cualquier virtualidad. No tiene sentido traer esta cuestión si no se permite manifestar una posición mediante una votación, que era precisamente lo que solicitaban las comunidades autónomas", ha señalado Martínez Mus.

Martínez Mus ha recordado que la Comunitat Valenciana, junto con el resto de autonomías, ha presentado alegaciones al texto del proyecto porque "condiciona de forma muy importante la tramitación de expedientes autonómicos y no clarifica el régimen jurídico aplicable". Una serie de actuaciones que le han hecho lamentar la exclusión total de las comunidades pese a tratarse de una normativa que afecta de forma directa a estas.

El conseller ha insistido en que la reforma llega en un momento en el que la mayoría de las comunidades costeras buscan asumir las competencias sobre el litoral, una intención que vuelve "imprescindible" el diálogo a la hora de cambiar la normativa. Según el vicepresidente, el reglamento nuevo hará incrementar la inseguridad jurídica y favorecerá nuevas tramitaciones de deslinde que pueden afectar a las actividades económicas de las comunidades y a las infraestructuras situadas cerca de la costa.

La oposición de la Generalitat se mantendrá firme hasta que el Gobierno retire el texto, abra un proceso de diálogo con las autonomías y presente una nueva normativa en la que no se presenten contradicciones con la actual ley de Costas.

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