El Supremo descarta elevar la regularización de inmigrantes a la UE como pedía el Consell y no paralizará el proceso

Espaldarazo judicial a la regularización de inmigrantes que impulsa el Gobierno y que ha vuelto a abrir una falla en la política española. La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido no adoptar la medida cautelar solicitada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Aragón para suspender la regularización de extranjeros aprobada por le Gobierno.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), después de que el Consell de Juanfran Pérez Llorca y otros gobiernos autonómicos impulsaran acciones judiciales contra la medida extraordinaria del Ejecutivo central. En relación con el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Sala entiende que no procede en este momento dada la decisión de no suspender la ejecución.

Cabe recordar que a pesar del aval de los sindicatos, la patronal y hasta la jerarquía de la Iglesia a esta medida, la Generalitat acudió al choque con el Gobierno contra un proceso que ha generado 167.286 peticiones de extranjeros en la Comunitat Valenciana para conseguir los papeles. El Consell recurrió por entender que se había hecho sin previsión ni fondos y porque iba a "poner en riesgo" los servicios públicos.

El Tribunal Supremo había manifestado sus dudas sobre la legalidad del Real Decreto del Gobierno porque podría entrar en colisión con las normas de la Unión Europea y la Generalitat Valenciana alegó en ese sentido que no se trataba de una mera reforma técnica de la normativa de extranjería sino de una regularización "masiva" que podía afectar no solo a España, sino al "conjunto del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, especialmente por sus efectos sobre asilo, retorno y circulación Schengen".

En sus alegaciones, consideraba que el Estado habría actuado de forma unilateral, sin coordinación suficiente con la Comisión Europea ni con los demás Estados miembro justo antes de la plena aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y, por tanto, que podía en la práctica debilitar sus objetivos de control, retorno efectivo, cooperación y reparto equilibrado de responsabilidades.

Sin embargo, finalmente el Supremo ha descartado la medida cautelar de suspender la regularización. Con todo, tiene todavía que resolver los recursos planteados contra la norma por la Generalitat y otras autonomías presididas por el PP, como Madrid o Aragón, además de Vox. De momento, con esta primera decisión la justicia no paraliza el proceso, que podrá continuar mientras se resuelven los recursos.

Suscríbete para seguir leyendo