Compromís 'tienta' al PP con prohibir las terapias de conversión y a Vox con quitar privilegios a los expresidentes

En 116 enmiendas caben muchas reclamaciones con la línea ideológica: pedir blindar la Vivienda de Protección Pública de forma permanente, recuperar el valenciano como lengua vehicular para À Punt, vetar las ayudas públicas a actos que maltraten animales o incrementar el Impuesto de Patrimonio. Son algunas de las propuestas de Compromís a través de sus enmiendas a la ley de Acompañamiento, medidas que, sin embargo, tienen difícil salir ante el bloque de PP y Vox sobre el que los valencianistas han tratado de percutir.

Porque aunque haya reclamaciones que claramente populares y voxistas no van a apoyar y no suponen ningún desgaste entre sus votantes, las hay que sí que pueden generar cierto movimiento sobre el escaño antes de darle al botón o justificar una negativa. Se trata de ahondar en las debilidades del rival y Compromís presiona tanto a PP como a Vox por vías distintas en sus enmiendas: con los derechos de las personas LGTBI a los primeros y con cuestiones de "ahorro político" a los segundos.

En este sentido, la coalición valencianista ha registrado una serie de enmiendas que revierten los cambios hechos por los populares y los voxistas hace un año en la ley trans valenciana, modificaciones que ahora están recurridas en el Tribunal Constitucional. Una de ellas es la petición de "la prohibición total y absoluta de cualquier pseudoterapia de conversión contra las personas LGTBI". Estas estaban probibidas, pero la nueva redacción de la norma pactada por la derecha dejaba abierta la intepretación, pese a que el Consell defendía que seguían sin ser legales.

Así, un año después, con los cambios normativos admitidos a trámite por el Constitucional y con el Ejecutivo autonómico negando la validez de las pseudoterapias de conversión, prohibidas por otra parte en la ley estatal, los valencianistas exigen que se vuelva a plasmar en la ley autonómica y utilizarán tanto la amenaza de una posible derogación por parte del tribunal de garantías como la expresión contraria (así lo han verbalizado) del Consell a estas pseudoterapias para arrancar un 'Sí' al PP. O, como mínimo, ponerlo ante el espejo de la contradicción.

Ante ese mismo cristal quieren los valencianistas que se mire también Vox, pero con otras medidas. Así, ante una foramción "que se llena la boca diciendo que defiende el ahorro en política", en palabras del síndic de Compromís, Joan Baldoví, la coalición ha reclamado, por una parte, reducir en un 25 % los altos cargos de la Generalitat del actual Consell fijando por ley un límite de máximo 120 frente a los 135 que actualmente componen el Gobierno valenciano.

Pero hay más. Los valencianistas también han registrado varias enmiendas para reformar la ley de expresidentes y así “acabar con sus privilegios y ahorrar recursos a la ciudadanía”. “Queremos eliminar los asesores vitalicios, el coche oficial y el piso de lujo de Carlos Mazón y todos los privilegios de los expresidentes que nos cuestan cerca de un millón de euros al año a todos los ciudadanos", ha afirmado Baldoví. No es la primera vez que lo intentan, pero ahora se votará artículo a artículo y podría haber alguno en concreto que consiga concitar el apoyo de Vox.

Redistribución en Educación

Casi a la vez que Baldoví bajaba al registro para presentar el centenar de enmiendas a la ley de Acompañamiento, su compañero de bancada, Gerard Fullana, se reunía con representantes de la plataforma per l’Ensenyament Públic a quienes les ha explicado las principales enmiendas de la coalición valencianista a los presupuestos de Educación de 2026 del gobierno de Pérez Llorca, que supondrían una redistribución de 350 millones de euros "para reforzar las reivindicaciones de la comunidad educativa para mejorar la educación pública valenciana".

Entre las principales enmiendas educativas de Compromís destaca un plan de mejora salarial para el profesorado de 140 millones de euros, que significaría una subida inmediata de 230 euros mensuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y el compromiso de negociar con las organizaciones sindicales una equiparación progresiva que permita alcanzar los 400 euros mensuales en los próximos presupuestos. También ha planteado recuperar la inversión en infraestructuras educativas, incrementando en 180 millones de euros las partidas destinadas a este ámbito.

Asimismo, Fullana también ha exigido que la consellera, Carmen Ortí, acuda a las Corts para dar explicaciones sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que manifiesta que el PP retiró 15 obras de Edificant de forma ilegal. “La consellera Ortí lleva sin hablar de su política educativa en las Corts desde el mes de mayo. Esta sentencia tumba su estrategia sobre la retirada de Edificant, por tanto, pedimos que se habilite el mes de julio para preguntarle si va a reimpulsar este programa”, ha señalado Fullana.

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