Nuevo choque entre Mompó y el histórico secretario general de la Diputación de Valencia

Otro conflicto de gestión en el seno de la Diputación de Valencia ha hecho aflorar, una vez más, el malestar dentro del equipo de gobierno (especialmente del PP) que preside Vicent Mompó con el secretario general de la institución, el veterano Vicente Boquera Matarredona. Es una guerra soterrada casi desde el principio de la legislatura, una situación anómala y ha terminado en bronca pública en más de una ocasión.

Boquera es el funcionario de mayor poder en la casa (más de 120.000 euros de salario base) y que va camino de los 20 años como encargado de velar por la legalidad de los actos de la institución. Su influencia, por tanto, ha ido más allá de siglas, liderazgos y ciclos políticos.

En esta ocasión, la base del conflicto viene de lejos, pero le ha estallado en las manos a Mompó y su gabinete. Se trata de un asunto serio, una batalla entre empresas que gestionan el ciclo del agua. Varias sentencias cuestionan que Egevasa, la empresa mixta entre la diputación (51 %) y la antigua Aguas de Valencia, gestione el grueso de depuradoras de la provincia en virtud de convenios de duración indefinida, según publicaba El Español este miércoles. Los fallos judiciales reclaman revisar ese marco jurídico y abrir la competencia. Hay millones en juego.

La cuestión es que pasa el tiempo y la Diputación de Valencia no ha tomado ninguna decisión ante sentencias que ya son firmes al menos desde 2024. Hasta el punto de que una de las empresas habría pedido medidas cautelares por la falta de ejecución que podrían traducirse en una multa contra el propio Mompó y también el secretario general, según fuentes de la institución.

El malestar en el gabinete es enorme. Básicamente porque entienden que es al secretario general a quien le corresponde arbitrar una solución a este entuerto jurídico, que nace de un acuerdo de 1999, cuando Aguas de Valencia se convirtió en socio de la diputación para la gestión del agua.

Ya el pasado 9 de febrero, Presidencia emitió una providencia para que la Secretaría General procediera, “a la mayor brevedad posible, a la emisión del informe–propuesta de resolución” para la revisión de oficio del procedimiento y cumplir íntegramente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de septiembre de 2022.

Parece que el asunto tiene difícil resolución jurídica porque pasados cinco meses Mompó (y tras dos años desde la firmeza de la sentencia) no ha tenido noticia de ese informe. En estos meses, se ha instado reiteradamente al secretario general de manera verbal. Hace unas semanas Mompó ya reclamó que el asunto tuviera una resolución antes del pleno de junio para su aprobación. Y este miércoles, una vez ha trascendido públicamente el asunto, se ha enviado una segunda providencia a Boquera para instarle a dar una solución al conflicto.

“Esta inactividad, mantenida pese a los sucesivos requerimientos, resulta inaceptable y puede comprometer gravemente a esta corporación”, lamentan las fuentes consultadas. Parece que se le va a dar cinco días al funcionario para emitir un informe propuesta o motivar qué impide ofrecer una solución jurídica.

Cuatro presidentes y un secretario

El agua está revuelta desde hace tiempo. No es el primer choque entre el equipo de gobierno y un funcionario que lleva en la punta de la pirámide funcionarial desde 2007, y que ha trabajado con Alfonso Rus, Jorge Rodríguez, Toni Gaspar y ahora con Vicent Mompó. Ha sobrevivido a todos ellos, en unas décadas en que también ha habido escándalos de gestión que han terminado en los tribunales. Por ejemplo, el caso Imelsa. El habilitado nacional ha sobrevivido también a los cambios que este equipo de gobierno ha realizado en los puestos funcionariales clave, como la cúpula de Personal y buena parte de las jefaturas de servicio.

Boquera ya supera la edad de jubilación y está en prórroga del servicio. Es una condición que se renueva cada año hasta los 70 y, paradójicamente, esta misma semana se ha vuelto a prorrogar su servicio hasta agotar la legislatura, un acuerdo al que había llegado con Mompó, pese a que son múltiples los conflictos que han mantenido. El decreto del presidente concediendo la prórroga hasta el 1 de septiembre de 2027 se firmó el pasado 6 de julio.

El propio Mompó y varios diputados han exhibido en público y en privado desacuerdos con un área que entienden que por momentos ha obstruido la acción política. Un primer choque se produjo al inicio de la legislatura, después de que la falta de un informe obligara a aplazar un pleno.

"¿Es legal, sí o no?"

El conflicto más evidente se produjo hace más de un año, cuando la número dos de Mompó, Reme Mazzolari, y el propio presidente provincial afearon en medio del pleno la falta de claridad de un informe que debía validar la legalidad o no de una modificación de la plantilla. "¿Es legal, sí o no?", repetía Mazzolari ante una oposición atónita por la interpelación al funcionario. El diputado responsable de Personal también criticó entonces la cantidad de temas pendientes de despachar.

Aquel pleno fue suspendido en lo que parecía el epílogo de Boquera como secretario general. Sin embargo, todo indica que continuará como el mítico Humphrey Appleby, aquel funcionario de la serie ‘Yes minister’ que era quien realmente gobernaba su departamento para frustración de los políticos.

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