La Sindicatura de Comptes señala falta de competencia e inspección en los contratos del Consell tras la dana

La Sindicatura de Comptes ha analizado los contratos de emergencia realizado por la Generalitat y su sector público tras la dana del 29 de octubre de 2024 y señala algunas incidencias. En total, entre finales de ese año y el ejercicio 2025 se adjudicaron 572 contratos no menores por un importe 670,3 millones, principalmente mediante el procedimiento de emergencia.

Del análisis del cumplimiento de la legalidad, el órgano de fiscalización externa observa que la tramitación de emergencia se ajusta a la norma y está razonada, aunque observa que, en los contratos de obra, y dada la situación tras la dana, "los precios se han estimado con mucha celeridad, priorizándose el inicio de las actuaciones".

Eso ha impedido cumplir con el artículo de la ley que requiere que los contratos "tengan siempre un precio cierto y que los órganos de contratación cuiden que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación". En la mayoría de los expedientes fiscalizados, el órgano de contratación no solicitó otras ofertas.

Por otro lado, la Sindicatura señala que todos los contratos se han formalizado por escrito y publicado en el perfil de contratante, lo que debe valorarse como una buena práctica de control y transparencia.

Contratos modificados

El órgano también advierte de que ninguno de los contratos fiscalizados incluye cláusulas de modificaciones. Sin embargo, ocho de ellos fueron modificados para ajustar las prestaciones inicialmente previstas a las necesarias. Tampoco se ha llevado a cabo la comprobación material de los contratos mediante la asistencia de la Intervención General de la Generalitat (IGGV) al acto de recepción. Y en 13 de los 33 contratos revisados no se han establecido penalidades por incumplimiento o incumplimiento defectuoso de las prestaciones.

Según la Sindicatura, la mayoría de contratos analizados no contienen la comunicación prevista en el artículo 215.2.b) de la ley de Contratos sobre la intención del contratista de celebrar subcontratos. En cinco de los 12 casos que han subcontratado, la justificación de la solvencia de las empresas subcontratadas y la situación de no estar incursas en prohibición de contratar se ha realizado mediante meras declaraciones responsables de las empresas subcontratadas, "sin que posteriormente se haya requerido para su comprobación la documentación que lo acredite".

Según detalla el organismo, el importe adjudicado se concentra mayoritariamente en prestaciones directamente vinculadas a la retirada y tratamiento de residuos, reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias y restauración de infraestructuras hidráulicas y ambientales, lo que pone de manifiesto una priorización de actuaciones esenciales para la seguridad pública, la movilidad y la recuperación funcional del territorio afectado. "Se constata un elevado grado de concentración del gasto en un número reducido de operadores económicos, principalmente grandes empresas del sector de la construcción y gestión ambiental", apunta.

Comprobación de los contratos in situ

Por último, en el apartado de recomendaciones, el Síndic reclama que los órganos de contratación, en la fase de preparación, soliciten varias ofertas a diferentes operadores y negocien los términos del contrato, cuando ello sea posible en el ámbito de la emergencia. También que la Intervención asista a la comprobación material de los contratos de emergencia, al menos cuando su importe sea significativo.

Al margen de esto, el organismo recomienda que en la reconstrucción de zonas catastróficas las nuevas infraestructuras se adapten a "las circunstancias técnicas y medioambientales actuales".

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