Vox eleva el órdago a Llorca para los Presupuestos: endurece el acceso de los migrantes a la renta de inclusión y pide bajar impuestos a los ricos

Nuevo examen para la alianza entre el Consell de Juanfran Pérez Llorca y Vox. Los voxistas han elevado el órdago al president de la Generalitat para poder aprobar los presupuestos de este año y han hecho de sus enmiendas a la ley de Acompañamiento una prueba de nivel para el Ejecutivo autonómico y el PPCV en las Corts. Sin un documento público del pacto de investidura que sirva de guía, los de Santiago Abascal han plasmado en sus 47 enmiendas gran parte de su ideario en el que hay, por una parte, un recorte claro de los derechos de las personas migrantes, especialmente en todo lo relacionado a la posibilidad de acceder a ayudas públicas y, por otra, una bajada de impuestos para las rentas más altas, las que tienen hasta dos millones de patrimonio o ganan más de 100.000 euros al año.

Entre los elementos más destacados de las 75 páginas presentadas en el registro del parlamento valenciano, las enmiendas a la oficialmente la ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y de organización de la Generalitat aterrizan uno de los eslóganes que la formación de ultraderecha ha hecho bandera y punto clave en las últimas negociaciones con el PP: la prioridad nacional. Esa expresión queda concretada en un endurecimiento del arraigo a partir de incrementar el tiempo mínimo de empadronamiento, la forma en la que los voxistas quieren convertir a la Comunitat Valenciana en la primera autonomía donde este polémico concepto aparezca reflejado en una ley.

Así, por ejemplo, los voxistas proponen incluir en los criterios de baremación para la adjudicación de vivienda pública la existencia de "arraigo real y prolongado acreditado mediante empadronamiento de al menos 15 años en cualquier municipio de España", y no en la Comunitat Valenciana, como hasta ahora. También modifica un apartado de la Función Social de la Vivienda en el que para la inscripción como demandante de vivienda en régimen de alquiler habrá de exigirse "un mínimo de 5 años de empadronamiento en España" y para la compra un mínimo de 10 años.

La misma idea se repite en la Renta Valenciana de Inclusión. Así, propone modificar la ley (que ya cambiaron hace cuatro meses PP y Vox) remarcando que el acceso a esta prestación "se inspirará en el principio de prioridad nacional que procure la asignacion prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en la Comunitat Valenciana". Así, pone como uno de los requisitos la "residencia habitual" y para este reclama un empadronamiento de "tres años de manera continuada" o "diez años dentro de los treintea inmediatamente anteriores, de manera continuada o interrumpida", un endurecimiento claro respecto a los quince meses o cinco años interrumpidos que se piden tras el último cambio.

Presión contra el niqab

Siguiendo con el contenido migratorio, a los que Vox dedica un amplio paquete de enmiendas, también pretenden regular el código de vestimenta en el ámbito público. Para ello cambia la normativa de Espectáculos para obligar a mantener el “rostro sustancialmente descubierto” durante el acceso y permanencia en espacios donde haya espectáculos o actividades recreativas. Eso impediría el acceso con burka o niqab, que son dos prendas que Vox ya ha pretendido limitar. Será un motivo de denegación de acceso o permanencia, por impedir la identificación o el reconocimiento facial.

Vox va más allá en esta cuestión al convertir en infracción grave no solo el acceso sino también la permisividad, tolerancia o negligencia de los titulares del recinto a la hora de prohibir la entrada o permitir la permanencia. A través de otras enmiendas, los de Abascal aspiran a aplicar la misma prohibición en el acceso al transporte público, a los centros de salud y hospitales; a los funcionarios y a los alumnos en centros educativos públicos.

Algo similar ocurre en el ámbito escolar donde también meten mano en la elaboración de menús. En concreto, con un veto implícito al menú halal, el que suele ofrecerse a personas musulmanas: "El centro educativo no podrá ofrecer menús donde el sacrificio de animales no haya seguido un procedimiento de aturdimiento previo que garantice la pérdida de conciencia y sensibilidad del animal hasta el momento de su muerte". Aunque sí que acepta que haya neveras y microondas para que se pueda consumir este menú especial "proporcionado por el entorno familiar", algo que podría chocar con otros aspectos de la legislación.

Bajada de impuestos

Y mientras para una parte hay dificultades en el acceso a las ayudas, para otros colectivos, el conformado por las rentas más altas, hay una bajada clara de impuestos. La más destacada es respecto al Impuesto de Patrimonio para el que Vox pide duplicar el mínimo exento del actual millón de euros a que este sea de dos millones. Es decir, que si hasta ahora este tributo lo pagan aquellas personas que tienen un millón de euros excluida la vivienda habitual y otros activos, ahora los voxistas reclaman que se pague a partir de tener dos millones. Este mínimo ya lo cambiaron PP y Vox hace un año, al pasar de 500.000 a un millón.

A ello se añade una enmienda a la reforma del IRPF que plantea el Consell ampliando la bajada de tipos y haciendo especialmente beneficiarios de ellas a las rentas de más de 100.000 euros, a las que en un principio no se les había modificado el procentaje de su tramo (aunque sí se beneficiaban de las bajadas de los anteriores peldaños debido al funcionamiento de este tributo). En concreto, los voxistas plantean bajar 0,15 y 0,25 en 2026 y 2027 a las rentas que perciben anualmente entre 100.000 y 150.000 euros, las de entre 150.000 y 200.000 euros y las de más de 200.000 euros.

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